RTVE pasará a depender de Presidencia del Gobierno

Viene de primera página

El capital social de las tres sociedades «pertenecerá en su totalidad al ente público RTVE, estará representado por acciones nominativas y no podrá enajenarse, gravarse, pignorarse o cederse en cualquier forma onerosa o gratuita», según dispone el artículo segundo del real decreto. El ente público RTVE desembolsará el 25% del capital social inicial de las sociedades y se autoriza expresamente al Ministerio de Hacienda para que practique las modificaciones pertinentes en el presupuesto de RTVE del presente año.

Las dos principales disposiciones del real decreto desarrollan los artículos diecisiete y dieciocho y la disposición adicional séptima del Estatuto. Como consecuencia de la constitución de las tres sociedades, a tenor del artículo diecinueve del Estatuto, el Gobierno podrá crear sociedades filiales de «comercialización, cable y medios análogos»; cada sociedad tendrá un consejo asesor integrado por veinte miembros: cinco, designados por los trabajadores; cinco, por el Instituto de España; cinco, designados por el Gobierno, y cinco, por las entidades autónomas o preautonómicas; asimismo gozarán de estatutos y presupuestos independientes y las tres sociedades tendrán como órgano ejecutivo máximo a tres «directores del medio» en calidad de « administradores únicos».

El problema del consejo de administración

Consecuencias que, para poder llevarse a cabo, exigen previamente la elección del Consejo de Administración de RTVE -cuya notificación previa es vinculante en todos estos extremos-, por mayoría de dos tercios en las dos Cámaras, y cuya formación resultó infructuosa en el Congreso de los Diputados al no producirse acuerdo o romperse las negociaciones entre Unión de Centro Democrático (UCD) y Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en los distintos intentos que se iniciaron el pasado mes de febrero.

Sólo el consejo de administración es competente para adscribir al actual personal de RTVE, el de las antiguas cadenas Red de Emisoras del Movimiento (REM), Cadena Azul de Radiodifusión (CAR), Cadena de Emisoras Sindicales (CES) y Noticiarlos y Documentales Cinematográficos (NO-DO), a cada una de las tres sociedades.

Este requisito, unido a las consecuencias de la entrada en vigor del real decreto, hace presumir que el consejo de administración tendrá que ser elegido antes de final de año. De ahí que la citada disposición salga al paso de este impedimento jurídico y justifique su normativa en los siguientes términos: «Pendiente la elección del Consejo de Administración de RTVE por las Cortes Generales, se hace necesario, para evitar problemas de funcionamiento que pudieran contribuir al deterioro de la situación en RTVE, continuar el desarrollo progresivo del Estatuto Jurídico de la Radio y la Televisión». El propósito de estas previsiones es «garantizar el cumplimiento de los principios contenidos en el Estatuto y conseguir un rendimiento más adecuado de los recursos humanos, técnicos, económicos y financieros de RTVE y de sus sociedades, especialmente en el área de la producción de programas». Hasta la fecha, y en la práctica, solamente entró en vigor el artículo veintiséis del Estatuto, que se refiere a la Comisión de Control Parlamentario Directo, que preside Antonio de Senillosa, diputado de Coalición Democrática (CD).

"Carrerismo"

Antonio de Senillosa, presidente de la Comisión de Control, expresó, a preguntas de EL PAIS, su opinión respecto a las disposiciones del real decreto: «Es muy sorprendente que no se haya consultado a la comisión de Control, máxime si se tiene en cuenta que ésta tiene encomendadas y asumidas las funciones y competencias del consejo de administración hasta que éste se constituya. La verdad es que estas medidas sorprendentes y nada ortodoxas suelen tomarse en épocas de dispersión veraniega. Lo consecuente hubiera sido resolver antes la elección del consejo y el nombramiento del nuevo director general».

Respecto a la adscripción de RTVE a Presidencia del Gobierno, dijo el señor Senillosa, «yo que soy un defensor de la libertad de expresión tengo que manifestar que esta medida supone una restricción más al ejercicio de esa libertad. Eso es lo que quería el almirante Carrero Blanco, que seguro estará riendo de alegría desde su tumba. Y en estos tiempos de carrerismo, la comisión parlamentaria de Control tendrá que controlar ahora a RTVE y a Presidencia del Gobierno ».

Organos sin directores

Pedro Bofill, diputado socialista, comentó así esta disposición: «El estatuto faculta efectivamente la creación de sociedades estatales, pero también señala que los directores de estos medios, que serán sus administradores, tienen que ser nombrados previa comunicación al consejo de administración. Puesto que no existe consejo de administración, debido a las dificultades creadas por el Gobierno, el real decreto no supone un cambio esencial, muy al contrario, creará mayor confusión, porque estas sociedades van a carecer de directores. Esperemos que el Gobierno sepa cumplir al menos en este aspecto lo que dispone la ley y que no actúe, como ha hecho hasta ahora, al margen de la misma».

«Nos gustaría que el Gobierno pudiese demostrar su voluntad de cambio respecto a estos poderosos medios de comunicación y que, en vez de reales decretos que regulen aspectos formales, se cumplan los objetivos ideológicos y los principios que regula el preámbulo del estatuto. Sólo su aplicación sentará las bases de un funcionamiento democrático de la radio y de la televisión tal como prevé el texto constitucional».

«También es legal que el Gobierno adscriba administrativamente a RTVE», añade Bofill, «pero no deja de ser sospechoso que esta adscripción se haya hecho a Presidencia del Gobierno. Esta medida cierra la operación de control de los medios de información del Estado por parte del Gobierno para su manipulación. política. El señor Suárez podrá así mantener un mayor control sobre RTVE, de la que es un experto, y utilizarla en beneficio de sus intereses».

En plenas vacaciones

Manuel Serrano, programador de Televisión Española y secretario de la agrupación del Partido Comunista de España (PCE) de Radio, Televisión y No-Do, manifestó, a EL PAIS que le asalta una doble, duda respecto a la creación de las sociedades estatales: «O bien es un indicio manifiesto de la voluntad, del Gobierno de UCD de poner en marcha el estatuto, marginando al consejo de administración de forma que una vez constituido se encuentre ante la situación de hecho de que han sido tomadas decisiones que por ley le estaban encomendadas y, por tanto, encontrarse con que la configuración definitiva de lo que ha de ser la RTVE se le ha hurtado. Si ello es así, queda patente la nula voluntad de cambio por parte del Gobierno en lo que respecta a RTVE y la ausencia absoluta de deseos democratizadores del medio. O bien, por el contrario", añade el señor Serrano, «es una medida sin relevancia alguna en cuanto a la organización práctica, y su único valor político es eliminar la adscripción teórica al Ministerio de Cultura, para establecer un control todavía más directo por parte de Adolfo Suárez. Entretanto no se forme el consejo de administración, ni pueden aprobarse los planes de actuación de las sociedades ni configurar sus plantillas, ni adscribir el personal, ni nombrar sus directivos, ni confeccionar sus presupuestos».

«Cabe preguntarse, en cualquier caso, la razón de una medida de estas características en plenas vacaciones políticas, que contrasta con la renuncia del Gobierno a aplicar el estatuto en aspectos, estos sí de obligado cumplimiento, como la objetividad, veracidad e imparcialidad informativa, la separación entre informaciones y opiniones, el respeto al pluralismo, el derecho de acceso y rectificación, etcétera».

Cumplimiento del estatuto

Luis Apostua, diputado de Unión de Centro Democrático (UCD), manifestó: «Las disposiciones del real decreto son, simplemente, cumplimiento del estatuto porque cualquiera que sea la futura composición del consejo de administración, la ley preveía la constitución de las tres sociedades y la adscripción del ente público. Respecto a Televisión Española se pueden adoptar medidas políticas y medidas administrativas que es necesario desligar. La adscripción a Presidencia del Gobierno me parece correcta. En definitiva, el real decreto es muy positivo de cara ala plena vigencia del estatuto, cuyo desarrollo se encuentra bastante retrasado».