Supuesto desfalco de 83 millones de pesetas en la sociedad Televisión Catalana
Alrededor de 83 millones de pesetas han desaparecido de la empresa Televisión Catalana, SA, al mismo tiempo que de los doscientos millones de pesetas correspondientes a las acciones vendidas sólo las equivalentes a 34 millones se encuentran registradas legalmente. Ante estos hechos, los accionistas han pedido la destitución del consejo de administración presidido por Joaquín Serrau, el cual, en febrero de 1967, fue condenado a ocho años de cárcel por estafa. Estas denuncias aparecen justo en el mismo momento en que la polémica sobre la televisión privada está en pleno auge en Cataluña.
Al mismo tiempo, en la última junta general ordinaria celebrada de la empresa Televisión Catalana, SA, se denunciaban todas estas irregularidades, exigiendo los accionistas una junta general extraordinaria en donde se elija un nuevo consejo de administración. En esta misma reunión, los interventores denunciaron el hecho de que no habían podido hacer una revisión de las cuentas debido a las dificultades que la administración de la empresa les había presentado. Antoni Pous, ex director del departamento de promoción, hizo referencia a unos 63 millones de pesetas «que no sabía exactamente dónde habían ido a parar, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una empresa que no funciona plenamente y a la inversión de veinte millones de pesetas que se habían invertido en la compra de unos terrenos que «nadie sabe dónde están y si realmente existen», manifestaba a este diario Antoni Pous.
Antecedentes de Serrau
Al parecer, según las mismas fuentes, hace aproximadamente seis meses se compró el hotel Florida de Tibidabo, hecho del que no se dio cuenta al consejo de administración. Por el momento, en este local se instaló una pequeña emisora, que costó unos tres millones de pesetas y que, hasta el momento, sólo se ha hecho funcionar una vez. Asimismo, siete trabajadores del departamento de promoción fueron despedidos por defender en diversas ocasiones al accionista frente a la actuación del consejo de administración.El presidente del consejo, Joaquín Serrau Royes, de 56 años, fundó hace ya unos años dos empresas de compra-venta de electrodomésticos, Eurogar y Bazar La Plana, junto a Antonio Navarro García, Miguel Rodríguez Mínguez y María Elena Sala Castellanos -hija del cónsul general honorario de Grecia en España-, hasta que, a finales de 1979, también fueron acusados de estafa.
Dichas empresas fingían y aparentaban una situación de gran solvencia que sorprendió a la entidad Electrodomésticos Reunidos, SA. La mencionada entidad le suministró material de marzo a julio de 1965, por un importe de 1.770.000 pesetas, que no llegaron a cobrar. Por las mismas razones, también se vio afectada la empresa Comercial Electricidad, por un valor de 198.646 pesetas. El material comprado a estas empresas era vendido a bajo precio por Eurogar y Bazar La Plana.
Junto a los procesados antes citados se encontraba también Francisco Plans Arumí que, ya en 1959, fue condenado por delitos de estafa y por falsificación de documentos privados.
Condena cumplida
Anteriormente, Joaquín Serrau Royes había sido condenado por el Juzgado número 13 de Barcelona a seis años de cárcel, por estafa, esta vez relacionada con la compra-venta de arroz. Según pudo averiguar este diario, tras las estafas realizadas, Joaquín Serra y María Elena Sala huyeron al extranjero con los fondos obtenidos en estas operaciones.En 1967, Joaquín Serrau ingresaba en la cárcel Modelo para cumplir la condena y conoció en la prisión a José María Pareja, que cumplía condena, acusado de «peloteo de letras». Al salir de la cárcel comenzaron las gestiones para la creación de una sociedad llamada Televisión Catalana, SA, cuya finalidad era montar una cadena privada de televisión en color por medio de unos 10.000 accionistas, que ya han suscrito unos doscientos millones de pesetas. Pero, del total de estos doscientos millones, sólo las acciones correspondientes a 34 millones se encuentran legalmente registradas.
Ante el escándalo producido, una serie de accionistas, entre los que se encuentra el diputado al Parlamento catalán de Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) Jesús Pruja, han iniciado una investigación sobre dicha empresa, así como de sus dirigentes. ERC apoyó desde un principio la idea de una cadena privada de televisión, aunque, según manifestaron algunos dirigentes de este partido, «jamás nos hubiésemos imaginado el vernos mezclados en una cosa así».
En estos momentos, un grupo de accionistas encabezado por Antoni Pous ha pedido por vía notarial el acta de la junta de accionistas. Una vez conseguida ésta, impugnarán dicha junta general y tramitarán por vía judicial la convocatoria de una junta general extraordinaria.
