La Junta Militar boliviana permanecerá en el poder hasta "eliminar el cáncer marxista"

El general Luis García Meza, presidente de la Junta Militar que gobierna en Bolivia, ha declarado que permanecerá «veinte años en el poder, hasta que Bolivia sea reconstruida». En una entrevista concedida al diario progubernamental chileno La Tercera de la Hora, García Meza descarta la hipótesis de que su Gobierno sirve de transición hacia una situación democrática. «Este Gobierno es un Gobierno de reconstrucción nacional, que no se ha marcado ningún plazo», afirmó. «En este sentido», añadió, «soy como el general Pinochet. Permaneceré veinte años en el poder. Las nuevas generaciones heredarán un país curado del cáncer marxista».

Como se sabe, el general Augusto Pinochet, jefe del Estado chileno, accedió al poder después del golpe de Estado militar que encabezó contra Salvador Allende, en 1973, y puede permanecer en la presidencia hasta el año 1992.Interrogado sobre si era amigo de Pinochet, el presidente boliviano afirmó que «todos los militares son amigos, porque tienen la misma formación». «En este sentido», agregó, «quiero que el general Pinochet sepa que profeso una gran admiración hacia su persona y que me gustaría hablar de vez en cuando con él ».

La Organización de Estados Americanos (OEA) decidió en Washington aplazar hasta última hora de ayer la votación sobre el proyecto de resolución presentado por cuatro países del Pacto Andino, en el que se «deplora» el golpe de Estado en Bolivia.

Los debates de ayer mostraron que el proyecto elaborado por Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela cuenta, como mínimo, con el apoyo de catorce de los veinticinco miembros de la OEA.

Durante la reunión, el representante boliviano leyó una declaración del Gobierno de La Paz, en la que desmentía las informaciones que hablan de decenas de muertos y de centenares de heridos producidos como consecuencia del golpe. También señaló que las autoridades bolivianas entregarán «pronto» a los organismos internacionales listas completas de víctimas de los «incidentes callejeros provocados por la guerrilla urbana» y que los de tenidos políticos serán juzgados «con todas las garantías legales».

Este es el primer paso dado por la Junta Militar, para tratar de romper el cerco internacional a que se ve sometida. Ayer, la Junta inició una ofensiva diplomática encaminada a lograr la comprensión de la comunidad internacional y conseguir el reconocimiento para el régimen militar de García Meza. Como se sabe, hasta ahora ningún país ha reconocido explícitamente al nuevo régimen boliviano, aunque el Gobierno uruguayo está estudiando la petición de reconocimiento formulada por García Meza.

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, general retirado Cerruto Calderón, se mostró el jueves en La Paz favorable a la normalización de las relaciones «tradicionalmente amistosas» con los países con las que Bolivia mantiene vínculos diplomáticos.

El rotativo El Diario, portavoz oficioso del nuevo régimen, se pronunció también el jueves en favor de la retirada de Bolivia del Pacto Andino. Según el periódico, los países del grupo andino «no pueden establecer juicios sobre acontecimientos políticos de los que ignoran los motivos».

Mientras la población boliviana vive momentos muy duros en razón de las dificultades de avituallamiento y de la falta de servicios, los centros, mineros considerados como «rebeldes» por su resistencia al golpe militar vuelven paulatinamente al trabajo. La reanudación de las actividades laborales es fruto de acuerdos entre jefes militares y representantes del sector de la minería.

Los centros Quechisla y Catavi, que habían mantenido la resistencia hasta el miércoles, decidieron ayer volver al trabajo, aunque no se han especificado las condiciones en que se realizó la vuelta a la normalidad laboral.

Al parecer, el único centro minero que se habría opuesto a volver al trabajo sería el del distrito Siglo XX, aunque fuentes militares manifestaron que se mantienen conversaciones con representantes del sector para lograr un acuerdo que impida un derramamiento de sangre mayor del que se ha producido.

Todo apunta a que los centros mineros cayeron en manos de las tropas del Ejército, que desplegó grandes fuerzas para extinguir los últimos focos de resistencia al régimen instaurado la pasada semana.

Como se sabe, durante ocho días los mineros mantuvieron a raya a las tropas, empleando para ello la dinamita usada en las minas. En los últimos días, las emisoras mineras solicitaban alimentos para los combatientes, mientras daban cuenta de que las municiones de los viejos fusiles del Mauser se estaban agotando.

Entre tanto, dos responsables de la Central Obrera Boliviana (COB) pidieron el miércoles asilo político en Perú, según se supo ayer en Lima. Los dos huidos, Víctor Giraldo y Juan Cardoso, consiguieron pasar a Perú cruzando el lago Titicaca, fronterizo entre ambos países, a bordo de una pequeña embarcación.