La transferencia de funcionarios, causa principal de la falta de entendimiento con los negociadores vascos

La diferencia de criterios entre el Gobierno vasco y la Administración central en torno a la transferencia de funcionarios que debe acompañar a toda cesión de competencias es la causa principal de que no haya ido al Consejo de Ministros celebrado ayer un primer paquete de transferencias que podía haber afectado a Cultura, Industria, Comercio y Turismo, Obras Públicas y Transportes.

Si bien es cierto que al término de la última reunión de la Comisión Mixta, que finalizó a medianoche del martes, persistían puntos de desacuerdo que afectaban a algunos de los capítulos a transferir, tanto una como otra parte negociadora tenían la esperanza de poder superar estas diferencias antes del Consejo de Ministros, de modo que éste pudiera aprobar un primer paquete de transferencias.Sin embargo, en la reunión del martes, la representación vasca planteó frontalmente el tema de los funcionarios como una cuestión de ruptura que les obligaba a no aceptar ninguna transferencia en tanto no se resolviera. Esta actitud de la parte vasca contrastaba con compromisos adquiridos en otras reuniones de la Comisión Mixta, en el sentido de que se aceptaría la transferencia de competencias sobre las que había acuerdo, aun en el caso de que no fuera posible dejar ultimado, por razones técnicas, el anejo relativo a medios humanos y materiales que acompañan a cada competencia, y que es de muy complicada elaboración, porque en él se han de mencionar desde bienes tales como una máquina de escribir o archivadores hasta la lista nominal de funcionarios, con mención expresa de una serie de datos de índole profesional, personal o familiar.

Al parecer, esta actitud de los negociadores vascos estaba motivada por una información que les había llegado, en el sentido de que el Consejo de Ministros de la semana pasada había adoptado un acuerdo por el que se limitaban al máximo las transferencias de funcionarios. Tras las aclaraciones pertinentes por parte de la representación de la Administración central, que puntualizó lo que, a su entender, era una mala interpretación de lo tratado en el Consejo de Ministros, se pasó a la discusión de los temas a transferir que ya habían sido estudiados por las ponencias respectivas.

Discrepancia de fondo

Pero la cuestión de los funcionarios siguió pesando sobre la reunión y, por ello, se llegó a un final que la representación vasca en la Comisión Mixta calificó de decepcionante. Al margen de los malentendidos generados por esta información más o menos tergiversada sobre lo tratado en el Consejo de Ministros, existe una discrepancia de fondo sobre la interpretación del Estatuto de Guernica en lo relativo a la transferencia de funcionarios.Para el Gobierno vasco, de lo estipulado en el apartado 4º del artículo 10 del Estatuto de Guernica se deriva que, junto a las competencias, la comunidad autónoma debe recibir a los funcionarios que las han de desempeñar, y que pasarían a depender en todos los órdenes de las instituciones vascas, hasta el punto de que se crearía un cuerpo de funcionarios del País Vasco independiente de los cuerpos nacionales.

Por el contrario, el Gobierno de Madrid entiende que esta interpretación contraviene lo dispuesto en la Constitución (artículo 149.1.18º), en el sentido de que el Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios. El Gobierno estima que no es posible la creación de cuerpos funcionariales del País Vasco en tanto las Cortes españolas no elaboren las bases del régimen estatutario de los funcionarios, de acuerdo con la salvaguardia que en este sentido se hace en el Estatuto de Autonomía del País Vasco (artículo 10.4).

Entre tanto, los funcionarios de los cuerpos nacionales pasarían a depender orgánica y económicamente de la comunidad autónoma, en este caso la vasca, en una especie de comisión de servicios, pero sin negarle nunca la posibilidad de participar en los concursos de traslados y oposiciones de ámbito español. Cualquier disposición en sentido contrario provocaría el rechazo del funcionariado, y ya hay indicios de que algunos cuerpos podrían presentar recurso de inconstitucionalidad contra disposiciones que limitaran sus derechos a la «libre circulación» dentro de España.

Sobre este contrapunto de máximo desacuerdo, al que cabe añadir lo relativo a las transferencias en materia de educación, donde la negociación está muy estancada, los trabajos en la Comisión Mixta se encuentran en la siguiente situación, según una fuente de la Administración central.

Existe acuerdo total sobre transferencias en materia de cultura, ya que pasan a la comunidad autónoma vasca las competencias sobre juventud, deporte, patrimonio artístico y bibliotecas. En industria existe acuerdo total para transferir todas las competencias de las delegaciones provinciales, salvo lo relativo a minería y energía eléctrica, que la Constitución reserva al Estado; pero mientras el Gobierno vasco reclama la desaparición de las delegaciones ministeriales en las provincias, la Administración central defiende su permanencia, aunque limitadas de acuerdo con su pérdida de competencias. También está pendiente de solución el anejo sobre funcionarios, y existen diferencias sobre las subvenciones.

A falta de los anejos sobre funcionarios, hay acuerdo total sobre las competencias de comercio y turismo. Son buenos los resultados obtenidos en agricultura, salvo algunas cuestiones sobre competencias del Icona (Instituto para la Conservación de la Naturaleza).

En obras públicas, los temas cardinales de la negociación son las competencias relativas a carreteras y obras hidráulicas, sobre las que no hay acuerdos plasmables en un decreto; pero ambas partes han elaborado un documento en el que se parte de las dificultades iniciales para reconocer que ha habido progresos y que se puede confiar en un pronto acuerdo.

La negociación sobre transportes, que ha sido especialmente difícil por la actitud del representante vasco, permite que se puedan transferir ya todas las competencias relativas a la inspección del transporte terrestre, incluida la capacidad sancionadora, que actualmente la ejerce el Ministerio del Interior. Sin embargo, la negociación sufrió una nueva complicación el martes pasado, al negarse el consejero vasco a aceptar transferencia alguna en tanto no se resolvieran temas que todavía no habían sido debatidos suficientemente en la ponencia.

Perdida la oportunidad del Consejo de Ministros de ayer, es probable que ya no se produzca hasta septiembre la aprobación de un paquete de transferencias sobre las materias en las que ya hay acuerdo.

Descontento vasco

El Gobierno vasco difundió ayer tarde un comunicado en el que expresa su «honda preocupación» por la marcha de la negociación. «Salvo acercamientos parciales en algunas materias (comercio, turismo, cultura y agricultura), las discrepancias son profundas en temas fundamentales: funcionariado de la comunidad autónoma vasca, educación, industria, trabajo y seguridad social, hasta el punto de evidenciarse concepciones del desarrollo estatutario tan diversas que impiden un avance significativo de las negociaciones», afirma.La negativa a la posibilidad de organización de una función pública vasca, la no transferencia de la totalidad de las delegaciones de educación e industria y de materias de empleo, y las dificultades de desarrollar una política autónoma de sanidad, son los puntos básicos de la denuncia del partido del Gobierno vasco, según informa Tonia Etxarri desde Bilbao.

El Gobierno vasco denuncia una indefinición de Madrid sobre lo que ha de ser la política global de traspasos, y considera, por tanto, que existen serias dificultades para que pueda producirse un paquete aceptable de transferencias en fechas inmediatas, ya que en modo alguno consideraría oportuno concluir acuerdos que condicionarían el alcance final de la interpretación estatutaria o redujera las transferencias actuales a un paquete corto e impropio de la actual fase autonómica». A su vez pidió que «se abandonen posturas cerradas y arbitrarias de algunos de sus ponentes a la hora de interpretar el Estatuto, de forma que no se produzca un colapso inevitable en el proceso de desarrollo estatutario, con todas las consecuencias negativas que de ello se derivarían».