El Ayuntamiento de Madrid recurrirá contra el decreto que regula la venta ambulante

La Comisión Permanente del Ayuntamiento de Madrid aprobó ayer, por diez votos a favor y siete en contra -estos últimos, de UCD-, la proposición de impugnar el real decreto de 23 de mayo, por el que el Ministerio de Comercio regula la venta ambulante, y acordó la plena vigencia de la ordenanza municipal, que ayer publicaba el Boletín Oficial de la Provincia, por el que se regula dicha venta en la capital.La proposición de impugnar el decreto ministerial fue el único de los 88 puntos del orden del día que mereció la atención de los concejales de la comisión.

José María Alvarez del Manzano, portavoz centrista, pidió la palabra para solicitar la anulación del recurso. Argumentó que las posibilidades del mismo son precarias y dudaba de su éxito, por lo que consideraba más apropiado adaptarse al decreto y mejorar la ordenanza. Le contestó el delegado de Abastos, Luis Rufilanchas, que manifestó que, según el informe del servicio contencioso municipal, la vía de la impugnación está abierta y existe argumento suficiente para llevarla a cabo.

Añadió Rufilanchas que, desde luego, habrá que hacer una ordenanza mejor, lo que no significa que sea de acuerdo con lo que quiere UCD y el Gobierno. La ordenanza, que tendrá plena vigencia, dijo, está hecha como norma válida de competencia municipal y el Gobierno le ha salido al paso porque no le gusta, con abuso de poder en el campo municipal. Señaló a continuación que el Ministerio de Comercio se acoge a un decreto de la Jefatura del Estado de 1966, que está derogado por la Constitución, por lo que preguntaba si no era un deber luchar por su anulación.

El portavoz centrista manifestó en su réplica que hay decretos sin derogar y «usted», dijo dirigiéndose al alcalde, «se acoge a ellos». Indicó que hace un mes el delegado de Abastos afirmó, en la misma sala, que la ordenanza ya estaba en vigor y «hoy mismo se publica en el Boletín Oficial de la Provincia, que mostró a los presentes. Antes o después, terminó, habrá que adaptar la ordenanza y vale más hacerlo ahora y no agotar tiempo y fuerzas. Rufilanchas se refirió después al criterio frívolo del Gobierno, que ha esperado catorce años para poner en práctica el decreto, y finalizó diciendo que el ayuntamiento ha hecho bien una ordenanza y la Administración ha salido a enmendarle la plana.

José Barrionuevo, tercer teniente de alcalde, señaló, desde el grupo socialista, que la intención del equipo de gobierno municipal era huir tanto del extremismo de los comerciantes como de los vendedores ambulantes y el ayuntamiento ha optado por una posición reguladora. Dijo más tarde que la seguridad jurídica de la norma la están socavando el Gobierno y UCD, que mantiene una postura honesta, aunque incongruente, pues en las sesiones de elaboración dio su conformidad y al final declaró su voto negativo.

Intervino a continuación Ramón Tamames, primer teniente de alcalde, que apoyó a la Delegación de Abastos y manifestó que el Gobierno pretendía una dilación con el decreto y éste era una interferencia para anular la poca autonomía que tienen actualmente los ayuntamientos. Acabó señalando que la resolución del recurso tardará cuatro o cinco años, pero la ordenanza se aplicará y sólo el decreto produce inseguridad jurídica. Alvarez del Manzano le replicó que la inseguridad jurídica vendrá si se aplica la ordenanza, ya que hay que respetar el decreto, pues estamos en un Estado de derecho, y el decreto es norma de rango superior a la ordenanza municipal. Si se aplica la ordenanza será una medida política, dijo, y no jurídica, y terminó advirtiendo que la ordenanza no se podrá aplicar si no se adapta al decreto ministerial.

Regulación de los canales alternativos

La Delegación de Abastos y Mercados ha dictado una resolución provisional para la utilización de los canales de comercialización llamados alternatlvos hasta la promulgación de la normativa definitiva. Por ella se exigirán certificados de productor o detallista, según los casos, la factura de venta en origen y la hoja de ruta. Los vigilantes municipales aplicarán rigurosamente tanto su cumplimiento, como la disposición que intenta erradicar la venta ambulante de embutidos.