La ordenanza de venta ambulante es antijurídica, según los empresarios

La oposición a la ordenanza sobre venta ambulante, fundamentalmente en lugares donde existe una gran abundancia de comercios y donde se mantiene una venta clandestina, así como la falta de garantías e higiene en los productos que éstos expenden, fue puesta de manifiesto nuevamente ayer, de forma conjunta, por los presidentes de la Confederación de Empresarios Independientes de Madrid (CEIM), y de las Cámaras de Comercio e Industria, Juan Antonio Segurado y Adrián Piera, respectivamente.Ambos declararon la ordenanza como antijurídica en un estado de derecho, que, como se sabe, se llevará hoy a la comisión permanente que intentará la impugnación del real decreto, y manifestaron la oposición que están manteniendo 37 agrupaciones -incluidas la CEIM y la CCI- frente a esta ordenanza, que cuenta únicamente con tres votos a favor dentro de la mencionada comisión.

Los dos presidentes calificaron la actitud del municipio como «medieval», y significaron el hecho de que gran cantidad de comercios tuvieran que hacer uso de los carteles de «se vende o se traspasa», que no solamente obedecen a la crisis económica, a la presión fiscal y al impuesto de radicación, sino también, y en gran medida, a la ordenanza municipal.

La represión es ineficaz

Por otra parte, señalaron como «ineficaces las medidas y arrestos gubernativos en materia de seguridad ciudadana», y anunciaron la propuesta que piensan realizar ministro del Interior y a la Confederación Española de Organizaciones empresariales (CEOE), para «revisar la ley de Enjuiciamiento Criminal, y solicitar una mayor liberalidad en la consecución de las licencias de armas para los propietarios de los comercios donde no existe una eficaz vigilancia policial ».En cuanto a la pretendida subida del 10% en las tarifas de los taxis, ambos la consideraron como «insuficiente» e hicieron hincapié en «la incoherencia del ayuntamiento, que pretende condeder 118 nuevas licencias cuando él mismo ha señalado que sería coriveniente suprimir 6.000 de ellas, puesto que nuestro índice de taxis es de 4,7 por mil habitantes, frente al 1,5 por mil europeo».

De otro lado, declararon su apertura al diálogo y a la evaluación de los diferentes intereses frente a la ley de Medio Ambiente y al plan especial de Eduardo Mangada, para lo que sugirieron estudiar el ritmo de los cambios, de tal forma que puedan ser asumidos en los niveles económicos. Por lo que se refiere al plan especial, indicaron que su interés «es mantener el comercio tradicional que lleva años en el casco histórico, pero sin impedirle al comerciante que evolucione en su iniciativa privada, puesto que el principal problema de la España real, en estos momentos, es básicamente económico».

Por último, la CEIM planteó una planificación solidaria en el tema de la autonomía de Madrid, para lo cual han realizado diferentes consultas con las provincias de Avila, Segovia, Salamanca, Santander, Logroño, Burgos, Zamora, León, Valladolid, Palencia y el propio Madrid.