El Gobierno aprueba subvenciones para puestos de trabajo en zonas deprimidas

El Consejo de Ministros, que se inició pasadas las 10.30 horas de ayer y concluyó sobre las 13.00 horas, aprobó, entre otras, una serie de medidas de fomento del empleo consistentes, fundamentalmente, en subvencionar con 300.000 pesetas a las empresas por cada puesto de trabajo que creen en determinadas zonas -las de mayor índice de paro-; también se acordó la creación de la abogacía del Estado en el Tribunal Constitucional; nuevas medidas para promover programas de viviendas de protección oficial y la regulación de cuotas de pantalla y distribución cinematográfica para proteger el cine español.En cuanto al primer apartado, la información oficial facilitada señala que se concederán a las empresas 300.000 pesetas por cada puesto de trabajo creado y la formación profesional gratuita y prioritaria a cargo del Instituto Nacional de empleo (INEM), parz los trabajadores contratados, cuando la empresa lo solicite.

La información añade que se ha fijado la atención en comarcas donde en estos momentos, incide intensamente el paro, como son Badajoz, Cáceres, Jerez de la Frontera, Granada, cuenca del Nalón, Béjar, Sevilla e islas Canarias. En las islas se concederá, además, la bonificación de la cuota empresarial de la seguridad social por trabajador contratado. Ello se justifica porque «la insularidad supone una dificultad adicional para la creación de puestos de trabajo».

En cuanto a la abogacía del Estado en el Tribunal Constitucional, un decreto regula su creación y los aspectos orgánicos y funcionales, así como los distintos niveles de competencia. El decreto regula el procedimiento al que habrá de ajustarse la actuación de la abogacía del Estado en los recursos e inconstitucionalidad, y el modo en que se promoverán los recursos de amparo en nombre de la Administración pública.

El Gobierno podrá recabar informe de la abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, a efectos de optar entre la formalización directa del conflicto o el previo requerimiento regulado en la ley orgánica del Tribunal. Se regula también la intervención de la abogacía del Estado en los conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas.

El fomento de construcción de viviendas de protección oficial se articula autorizando al Instituto Nacional de Urbanización la convocatoria de concursos para la adjudicación de parcelas de suelo público, con destino a la construcción de este tipo de viviendas.

También se aprobaron inversiones extranjeras en España por valor total aproximado de 12.000 millones de pesetas. Destacan 7. 100 de Unilever España, SA, y 4.290 de General Motors, en su filial española.

Un decreto regula la cuota de pantalla y distribución cinematográfica. Oficialmente no se ha in formado de las medidas concretas y se afirma que tratan de «proteger al cine español de calidad y de amparar los legítimos intereses de la industria cinematográfica española, asi como el cumplimiento de los compromisos internacionales en la materia (Véase página 24).

Nombramientos

El Consejo de Ministros nombró ayer directora general de Coordinación de la Administración Central del Estado a Rosa María Posada, hasta ahora integrada en el gabinete del presidente del Gobierno. También se nombró subsecretario de Trabajo a José Miguel Prados Terriente, y secretario general técnico del mismo ministerio, a Emilio Pujalte. Subsecretario de Administración Territorial, Joaquín Ortega, y director de la Universidad de La Laguna, a Gumersindo Trujillo.Rosa Posada, directora general de Coordinación de la Administración Central. Nació en 1944. Graduada superior en lengua y literatura francesa. Abogada. Desde 1978 trabajó en la secretaría de relaciones exteriores de UCD. Candidata al Senado en 1979.

José Miguel Prados, subsecretario de Trabajo. Inspector de Trabajo y técnico de la Administración civil. Delegado de Trabajo en Cádiz, Guipúzcoa y Valencia. Desde agosto de 1977 era director general de Trabajo.

Emilio Pujalte, secretario general técnico de Transportes. Abogado del Estado. En mayo de 1979 fue nombrado director general de la Jurisdicción del Trabajo.

Joaquín Ortega, subsecretario de Administración Territorial. Diplomático, ha desempeñado misiones en La Paz, Argentina y Caracas. Director de difusión informativa de la Oficina de Información Diplomática.