El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona puede ser denunciado por la vía judicial

Los titulares de obligaciones del consorcio de la Zona Franca, reunidos ayer en asamblea general, acordaron fijar un plazo de tres meses para que dicho organismo cumpla con sus responsabilidades financieras. De no ser así, recurrirán a la vía judicial. Los reunidos eran titulares de 5.300 millones en obligaciones emitidas por el consorcio. Por otro lado, las averiguaciones en el orden judicial penal han puesto de relieve un dato nasta ahora ignorado: la gran amistad que unía al procesado Antonio de la Rosa Vázquez y al hasta hace unos díasdlirector general de la Seguridad del Estado, Luis Alberto Salazar Simpson.Los obligacionistas de las tres últimas emisiones del consorcio son la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares (por un total de 2.575 millones), la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona (por 2.000 millones), la Caja de Ahorros Layetana (por 75 millones), y el resto está en manos de unos pocos particulares.

En el pasivo del consorcio hay que agregar unos 3.500 millones en concepto de crédito por parte de entidades bancarias, mil millones de deudas a diversas empresas constructoras, deudas diversas a proveedores y finalmente, una primera emisión de obligaciones, efectuada en 1967, por un importe de seiscientos millones, cuyos titulares no se reunieron ayer.

Con los obligacionistas reunidos ayer el consorcio es ya moroso. No les pagó, en las fechas de vencimiento, unos mil millones de pesetas en concepto de intereses (unos setecientos millones) y de amortizaciones (unos trescientos millones).

De iniciarse un proceso ejecutivo -las obligaciones fueron con garantía hipotecaria-, las complicaciones serían enormes. Por otro lado, su mero anuncio ya puede incitar desde ahora a que los bancos inicien la ejecución de sus respectivos créditos vencidos. Mientras, el consorcio, pese a hallarnos en el mes de julio, aún no ha podido aprobar el presupuesto correspondiente al presente año, por la simple razón de que presenta un déficit de 5.000 millones de pesetas, que ninguno de los dos organismos consorciados (el Ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Barcelona) desean asumir.

Los obligacionistas reunidos ayer acordaron también nombrar dos nuevos comisarios y solicitar que uno de ellos pase a estar presente en el comité ejecutivo del consorcio. Fueron designados Abel del Ruste, primer director general adjunto de la Caixa, lo cual da idea de la importancia del tema, y Angel Arbusa, directivo de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Barcelona.

En el orden jurídico-penal destacan las declaraciones efectuadas ayer ante el juzgado competente por Eduardo Casares González, antiguo chófer del procesado Antonio de la Rosa Vázquez. que se encuentra huido.