Desconocimiento generalizado del texto autonómico

«No tengo muy claro lo que es la autonomía, pero prefiero que gobiernen los de aquí». Esta opinión de Francisco Blanco, un campesino del municipio orensano de Rairiz de Veiga, resume el parecer de gran parte de los 2.895.469 personas que habitan Galicia, ante el proceso autonómico. El desconocimiento del Estatuto, constatado entre diversos sectores sociales, no es obstáculo para que exista cierta expectación ante la posibilidad de llegar al autogobierno.

Otro agricultor del mismo municipio orensano, tras afirmar que no quería saber nada de política, comentó: «Prefiero a los de aquí, aunque sean deshonestos». Los agricultores, que representan el 44% de la población activa de región, porcentaje que la FAO (Organización para la Alimentación y la Agricultura) equipara a países subdesarrollados, como Corea del Norte y Siria, desconocen en general la gestión de la Junta, pero confían en que sus problemas puedan disminuir por la proximidad de los órganos de poder.La misma esperanza parecen compartir los pescadores, pese a ignorar el contenido del Estatuto aprobado hace siete meses, y aunque ponen en entredicho la gestión de la Junta en su sector. «Sería más fácil llevar la política pesquera desde aquí, porque conocemos mejor la situación», declaró a EL PAIS Senén Touza, presidente de la asociación de armadores de Marín, «aunque no está clara la incidencia de la autonomía en la pesca, recientemente tuvimos una conversación con el ministro de Transportes un grupo de armadores y no especificó nada». Para el señor Touza, el futuro Gobierno autónomo debería resolver los problemas de las licencias a la Administración central y preocuparse ante las dificultades que surjan. «El actual consejero (Baldomero Fernández Calviño) está volcado casi exclusivamente en la pesca artesanal y no se preocupó de resolver el reciente conflicto que atravesamos con el reparto de licencias y la subida del gasóleo».

Los empresarios piensan que la autonomía puede ser el instrumento que permitirá a Galicia salir del subdesarrollo, y estiman que el apartado de Economía y Hacienda del Estatuto resulta una vía idónea. «Todo depende de quién y cómo lo desarrolle», puntualizó el presidente de la Confederación de Empresarios de La Coruña, Juan Pablo Rodríguez Martiñán. «La autonomía», agregó, «tiene que servir para administrar con claridad y transparencia los fondos de compensación interterritorial, que tendrán que venir a Galicia, como compensación de lo que nos debe el poder centralista, y estudiar la atención que merece cada sector. Los empresarios creemos que estamos preparados para contribuir al proceso autonómico en la parcela que nos corresponde, y esperamos que se nos invite y consulte».

Otro destacado empresario, Antonio Ramilo, presidente de los empresarios pontevedreses, se ha mostrado preocupado ante la posibilidad de que la autonomía conlleve un incremento de las cargas fiscales. «Si se está más cerca, la Administración debe resultar más barata. Sería difícil de soportar una duplicidad administrativa y sustituir el centralismo madrileño por otro». Ramilo no ha ocultado su disconformidad con la gestión de la Junta: «No se ha aproximado al administrado. Ha hecho una política puramente formal, sin acercarse a los problemas ni realizar auténtico estudio en profundidad de las necesidades de Galicia».

A su vez, Jaime Sánchez Rey propietario de una pequeña industria en Lugo, pone énfasis en la importancia de la solidaridad interregional: «Necesitamos ayudas de todo tipo, pero en la actual situación, ¿quién va a hacerlo?».

Los sindicatos opinan que la autonomía puede resultar positiva en la medida en que los trabajadores consigan estar representados en las instituciones autonómicas. Así lo expresaron a EL PAIS Manuel Amor Deus, secretario general de las Comisiones Obreras gallegas, y Bernardo Fernández, secretario general de Comisiones Labregas, sindicato nacionalista con especial incidencia entre los campesinos de la provincia de Lugo, si bien ratificaron su rechazo al Estatuto.