Centristas y socialistas buscan un acuerdo para sacar al Estatuto gallego de la vía muerta

Hoy se cumple un año de la presentación del proyecto de Estatuto de Autonomía de Galicia y el 44º aniversario de la ratificación en referéndum del texto que concedía instituciones de autogobierno a este territorio, días antes de la caída de la Segunda República. Las fuerzas políticas gallegas, a poco más de tres meses de la convocatoria del referéndum para la aprobación del nuevo Estatuto, se encuentran empeñadas en la búsqueda de un compromiso que permita afrontar con un mínimo de entusiasmo político esta consulta popular, que hoy por hoy sólo apoya Unión de Centro Democrático. El ambiente que se pulsa en Galicia no puede ser peor: el Estatuto es un gran desconocido entre la población, y el abstencionismo tradicional de esta tierra puede alcanzar cotas inéditas si las fuerzas mayolitarias llegan a las urnas en octubre defendiendo unos el sí (UCD) y otros el no (PSOE y todos los demás). En esta situación, muchos gallegos encontrarán una razón más para quedarse en casa. Coincidiendo con el aniversario, el Rey recibió al presidente de la Junta, José Quiroga.

Las promesas formuladas por el presidente del Gobierno e el de bate político celebrado en el Congreso , el pasado mes de mayo, en el sentido de equiparar a todos los niveles la autonomía de Galicia a la de vascos y catalanes, y el compromiso de convocar el referéndum del Estatuto en el plazo máximo de seis meses, han reanimado un Estatuto que permanecia hibernado desde el 22 de noviembre del pasado año, fecha en que fue aprobado por la Comisión Constitucional del Congreso sólo con los votos de UCD.Una cena celebrada el miércoles, con dos horas de sobremesa, en la que los centristas Manuel Iglesias Corral y Miguel Sanmartín, presidente y secretario general de la UCD gallega, respectivamente, dialogaron sobre la posibilidad de llegar a una postura concordada con el secretario general del PSOE gallego, José Luis Rodríguez Pardo, y el diputado socialista Antonio Rodríguez, ha devuelto a primer plano la autonomía gallega.

UCD intenta por todos tos medios evitar en Galicia, donde domina la Asamblea de Parlamentarios y todas las instituciones de poder, con excepción de los ayuntamientos de Vigo, La Coruña y El Ferrol, un desgaste similar al experimentado en Andalucía por su rechazo al referéndum del 28 de febrero. Tras largas discusiones internas, en las que los comités provinciales de Orense y Pontevedra -a cuyo frente se encuentran Pío Cabanillas y Jesús Sancho Rof, respectivamente- se mostraron reacios a la negociación, fueron asumidos los criterios de José Luis Meilán, presidente de la UCD coruñesa, y Antonio Rosón, que desempeña el mismo cargo en Lugo, quienes han defendido públicamente la necesidad de trabajar en común con todas las fuerzas políticas gallegas. Los dirigentes centristas reconocen en privado que un Estatuto que solamente obtuviese los votos afirmativos de un 20% del censo -merced a la campaña en contra de la izquierda y al abstencionismo, que en esta ocasión puede superar todos los récords establecidos por Galicia en las últimas consultas electorales-, nacería casi muerto.

Las diferencias de criterios entre los barones de la UCD gallega que ocupan las presidencias de los comités provinciales -Cabanillas, Meilán, Sancho Rof y Rosón- sobre la conducción del proceso autonómico determinaron un compromiso que alzó a la presidencia del comité regional a Manuel Iglesias Corral y situó a Miguel Sanmartín en la secretaría general. Solución que ahora cuenta con el respaldo de todos.

Iglesias y Sanmartín han sido nombrados negociadores, y su gestión está siendo seguida con expectación por toda la familia centrista. Entre los criterios que manejan podría figurar un escrito elaborado por el primero de ellos -un hombre que participó en la elaboración del Estatuto gallego de la República y con una larga trayectoria como jurista-, en el que se analizan exhaustivamente todas las posibilidades del Estatuto y en el que se valoran positivamente las facultades que encierra la concesión como competencia exclusiva de las normas procesales y procedimientos administrativos que se deriven del derecho específico gallego.

En busca del PSOE

Los resultados de esta negociación, iniciada después de una reunión celebrada el pasado día 21 en Santiago, en la que los dirigentes centristas de las cuatro provincias consideraron imprescindible conseguir el respaldo del PSOE para el Estatuto, parecen hoy imprevisibles por la fuerte polémica desatada entre los socialistas por la forma en que se han iniciado los contactos con UCD. La incógnita puede quedar despejada este mis-mo fin de semana en la reunión que celebrará el consejo nacional del PSOE gallego y en la que podría plantearse una moción de censura contra el secretario general del partido, Rodríguez Pardo, promovida por militantes afines al sector crítico.

Sin duda, la caída del moderado Rodríguez Pardo frustraría notablemente las esperanzas centristas de llegar a un acuerdo, concebidas tras la reunión del miércoles. Rodríguez, Pardo sostiene que han cambiado sustancialmente las circunstancias que hace unos meses acompañaban al Estatuto gallego. Estima que la ley sobre Modalidades de Referéndum es una espada de Damocles que amenaza las iniciativas autonómicas, y valora como un hecho positivo el compromiso público del Gobierno en el sentido de reconocer las limitaciones del Estatuto y asumir la intención de desarrollar con Galicia una política de transferencias igual a la que se realice con Cataluña y Euskadi. Igualmente, aprecia las declaraciones efectuadas por dirigentes de UCD, que han advertido que carece de sentido aplicar la polémica transitoria tercera del Estatuto.

El secretario general del PSOE gallego opina que, dada la gran mayoría de que dispone UCD en la Asamblea de Parlamentarios de Galicia, no existe ninguna garantía de que un hipotético Estatuto por la vía del 143 fuera mejor que el actual. En base a estas razones, juzga inaplazable dar una salida a la situación presente.

Frente a estas tesis, el presidente de los socialistas gallegos, Francisco González Amadiós, un hombre vinculado al sector crítico del partido, sostiene que hasta ahora no han variado las circunstancias del Estatuto, si bien admite que el PSOE está dispuesto a modificar su voto negativo si se alteran las coordenadas en que se encuentra enmarcado el texto autonómico.

Sin embargo, las diferencias entre los dos máximos dirigentes socialistas sobte el Estatuto son escasas. Giran únicamente en torno a la forma en que se han emprendido las negociaciones. González Amadiós no ha ocultado su enojo ante su desconocimiento y el de otros miembros de la ejecutiva de que se iba a celebrar el miércoles la primera reunión.

Reivindicaciones asumibles

En efecto, ambos coinciden en que, ante la imposibilidad- de reformar un Estatuto que no ha sido aprobado todavía por el pueblo y por el Pleno del Congreso, habría que llegar a un acuerdo público entre el mayor número de fuerzas políticas para modificar el texto una vez celebradas las primeras elecciones al Parlamento gallego. Acuerdo que debería realizarse sobre los siguientes puntos:

- Supresión de la disposición transitoria tercera, que prevé la intervención de las Cortes para delimitar las competencias sobre materias concurrentes que corresponderán al Estado o a la comunidad autónoma.

- Igual nivel de competencias exclusivas que las contenidas en los estatutos de Guernica y Sau.

- Supresión de las diputaciones, o bien garantizar su total subordinación al gobierno autónomo.

- Reconocer el carácter de competencias exclusivas a las competencias económicas contenidas en el artículo 30 del Estatuto (planificación económica, agricultura y ganadería, industria y control de las cajas de ahorro), en vez de únicamente facultar a la comunidad para desarrollar la legislación del Estado en estas materias.

- Fijar criterios de proporcionalidad para la distribución provincial de los diputados. Consideran los socialistas que el Estatuto prima hoy excesivamente a las provincias menos pobladas (Lugo y Orense) al asignarles quince diputados a cada una, frente a los veintidós prescritos para La Coruña y los diecinueve establecidos para Pontevedra.

- Rebajar la exigencia de conseguir un mínimo de votos correspondientes al 3% del censo para poder obtener representación en el Parlamento gallego. Los socialistas proponen el 1,5 %.

Dirigentes de la UCD gallega afirman que estas reivindicaciones son perfectamente asumibles, al tiempo que declaran que poseen total autonomía de la dirección madrileña del partido para negociar en esta línea. Al parecer, Pérez-Llorca declaró recientemente que tenía que pagar la deuda contraída con Galicia, y no se descarta que el compromiso de equiparación formulado por Suárez suponga la aceptación de los posibles acuerdos que establezcan los centristas gallegos con otras fuerzas políticas. Así cabe interpretar al presidente de la UCD gallega, quien ha manifestado a este periódico que «ya está diáfano el compromiso».

Los otros partidos

Además de las conversaciones iniciadas con los socialistas, UCD tiene previsto mantener contactos con Coalición Democrática y el Partido Galleguista especialmente, si bien declara que está abierta a todos los partidos interesados por la autonomía de Galicia. El entendimiento con Fraga, que recientemente expuso a Iglesias Corral su deseo de dialogar, parece más factible que con los dirigentes del Partido Galleguista. Unas recientes declaraciones del secretario general de este partido, Luis Sobrado, causaron gran malestar entre las filas centristas. Algunos diputados comentaron que el radicalismo de Sobrado no concordaba con la ideología moderada de su partido. En síntesis, el dirigente nacionalista señaló que UCD y PSOE no defienden los intereses de Galicia y tratan de asegurarse el bipartidismo. Igualmente manifestó que no hay posibilidades de negociación.

Pese a todo, las condiciones que ponen los galleguistas para respaldar el texto autonómico coinciden sustancialmente con los puntos que reivindican los socialistas, según se desprende de declaraciones realizadas a EL PAIS por Sobrado y por el presidente del partido, Avelino Pousa. Ponen especial énfasis, sin embargo, en que las negociaciones deben ser abiertas a todas las fuerzas políticas y que los posibles acuerdos deberían ser suscritos en documento público por las direcciones centrales; de los partidos.

Las restantes fuerzas políticas con implantación en Galicia interesadas en el proceso autonómico se encuentran, hoy por hoy, lejos de alterar su no al Estatuto. Tanto el Partido Comunista de Galicia como el Partido Socialista Gallego y el Partido Obrero Gallego, estos últimos integrantes de la coalición, Unidade Galega, junto con el Partido Galleguista, juzgan inviable cualquier. entendimiento con UCD, especialmente después de que no hubiesen prosperado las tentativas de modificar la ley de Referendos. Consideran que es preferible esperar cinco años para conseguir una autonomía digna y estiman que si prosperase el no ello les permitiría incrementar su incidencia, hasta el punto de invertir la actual correlación de fuerzas políticas en Galicia, netamente favorable al partido del Gobierno.