El seguro de desempleo se cobrará en proporción al tiempo cotizado a la Seguridad Social

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer con 153 votos a favor, 140 en contra y cuatro abstenciones el artículo diecinueve de la proposición de ley Básica de Empleo, calificado con unanimidad como artículo central y neurálgico de todo el proyecto. En él se establece la percepción del seguro de desempleo, de forma proporcional al período del trabajo en el que el asalariado haya cotizado a la Seguridad Social.

Esta proporcionalidad, que modifica profundamente el sistema lineal vigente en la actualidad -dieciocho meses de percepción del seguro, en cualquier circunstancia- fue caballo de batalla durante una buena parte de la sesión de la tarde. La tabla de prestación queda establecida del siguiente modo: más de seis meses de trabajo cotizado dan derecho a prestaciones de desempleo por tiempo máximo de tres meses; más de doce meses, seis meses; más de dieciocho meses, nueve meses; más de veinticuatro meses, doce meses; más de treinta meses, quince meses y más de 36 meses, dieciocho meses.El artículo añade que «la percepción se ampliará a veinticuatro meses en los casos en que pueda su concesión cubrir el período preciso para tener derecho a cualquier tipo de jubilación».

Joaquín Almunia, en nombre, del Grupo Socialista, argumentó que este artículo permitía calificar de regresiva a la totalidad de la ley, y mantenía la redacción con que llegaba al Pleno. UCD quiere ahorrarse muchos miles de millones, de pesetas a costa de los trabajadores en paro, pero el, problema fundamental no es el reducir o aumentar algunas cantidades, sino que estamos, dijo Almunia, ante una confección de cómo distribuir los recursos y está claro que UCD ha decidido no dar prioridad al problema más grave que tenemos planteado como es el de los trabajadores en paro.

Nosotros, añadió, proponemos doce meses de percepción del seguro tras seis de empleo y ampliar el seguro por otros doce, si no se ha encontrado trabajo.

Marcelino Camacho comenzó afirmando que era vergonzoso el que una ley de esta importancia mantuviese vacíos los escaños del partido del Gobierno, y atacó duramente la reducción de los tiempos de prestación por el sistema proporcional. Propuso una solución idéntica a la del Grupo Socialista y resaltó lo que, a su juicio, es un daño irreparable, sobre todo para sectores como el de hostelería y el de la construcción, donde abunda la contratación temporal de trabajadores.

José Luis Moreno, en nombre de UCD, se opuso a las enmiendas y afirmó que la filosofía de este artículo se encuentra en los textos que aprobó el partido centrista en su congreso en 1978, y que se olvida el que el artículo 25 crea un subsidio de paro, regulado y obligatorio, que vendrá a aumentar el número de trabajadores desempleados que reciban ayudas obligatorias. Se refirió más tarde a la corruptela de quienes con seis meses de trabajo deciden cobrar el desempleo durante dieciocho y, al escuchar pateos en los bancos de la izquierda, afirmó que tan grave como lo anterior le parecía la actitud de las empresas que colaboran en esas corruptelas.

Habló luego de la parte final de la enmienda socialista, que llegaba a considerar excepcionalmente que la prestación de desempleo pudiera prorrogarse por tiempo indefinido, y aseguró que su grupo se negaba a tal pretensión porque ello supondría disparar los presupuestos de forma alarmante. La Constitución, dijo, exige la igualdad, pero antes la justicia y, con esta distribución proporcional del seguro de desempleo, en UCD tratamos de cumplir el espíritu de mandato de la Constitución.

Tras las réplicas de Almunia, Camacho y Moreno, y una vez efectuada la votación, y que explicaran su voto Javier Urralburu, por los socialistas vascos, y Valentín Antón, por los socialistas catalanes, el ministro de Trabajo, Salvador Sánchez Terán, subió a la tribunal y aseguró que, frente a otras que habían manejado, las cifras reales de paro se estiman en 1.200.000, desempleados, con un fraude entre el 15% y el 20%. Insistió en que debe tenerse en cuenta el juego de la prestación del seguro de desempleo y el del subsidio, que establece más adelante el artículo 25 del texto legal, y anunció que el ministerio ampliará los programas de empleo juvenil.

La izquierda continuó ayer en el Pleno del Congreso su oposición al proyecto de ley básica de empleo. Ante los ataques de que fue objeto durante la primera parte del debate (los comunistas la calificaron de antiobrera y negativa; los socialistas, de regresiva y reaccionaria), el ministro de Trabajo, Salvador Sánchez Terán, asumió, en nombre del Gobierno, la responsabilidad de la ley y destacó que era preferible dedicar 200.000 millones de pesetas a la inversión y a la creación de empleo que a las atenciones a los parados que solicita la izquierda.

El socialista José Vida replicó al ministro que lo que está en juego no son 200.000 millones de pesetas, sino dos millones de parados, cuya situación sólo la podrá solucionar el Gobierno con una adecuada política.

La intervención de Sánchez Terán se produjo tras la aprobación del artículo 16 de la ley. Los socialistas pidieron que fuera suprimido, ya que limitaba el campo de aplicación de las prestaciones por desempleo, dejando fuera del ámbito de la ley a millones de trabajadores. Los comunistas pidieron que las prestaciones se extendieran a todos los trabajadores por cuenta ajena incluidos en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social. Los andalucistas insistieron en que fueran aplicables a los trabajadores del campo.

El grupo centrista propuso una enmienda transacional, según la cual «los trabajadores por cuenta ajena, de carácter fijo, incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social, tendrán derecho a las prestaciones de desempleo que reglamentariamente se establezcan». Esta enmienda fue aprobada por 178 votos favorables, ninguno en contra y 111 abstenciones. La izquierda mostró su desacuerdo con que los trabajadores eventuales no puedan recibir las prestaciones de desempleo.

El ministro de Trabajo destacó la importancia del acceso de los trabajadores agrícolas a las prestaciones de desempleo, «medida tremendamente delicada», según dijo. Añadió que la atención de las peticiones de la izquierda significaría un aumento de cinco puntos en las cuentas de la Seguridad Social, lo cual sería «un palo al empresariado y aumentaría el paro ».

Empleo femenino

Entre los programas de fomento del empleo para grupos específicos de trabajadores, el proyecto de ley incluye al colectivo de mujeres «con responsabilidades familiares». El socialista Ciriaco de Vicente solicitó que esta expresión fuera complementada con la de «mujeres sin empleo, que lleven menos de dos años viudas, divorciadas, separadas de hecho, con sentencia o solteras con un hijo al menos a su cargo». Cuantificó el colectivo objeto de esta marginación especial en 382.000 mujeres.

Por su parte, el comunista Cipriano García pidió que los programas citados fomentaran el empleo de las «casadas, divorciadas o viudas y otros colectivos de mujeres con especiales dificultades de colocación». Ambas enmiendas fueron rechazadas.

En cambio, los comunistas lograron dos modificaciones en el mismo artículo. La atención especial al fomento del empleo de los trabajadores mayores de cincuenta años de edad se redujo a 45 años. Los comunistas habían pedido que se redujera a cuarenta años. Asimismo, la enmienda defendida por el líder de Comisiones Obreras, Marcelino Camacho, solicitando que el Instituto Nacional de Empleo controle y vigile las ayudas para el fomento del empleo, fue también aprobada.

En nombre de Coalición Democrática, Antonio de Senillosa defendió que se suprimiera el carácter indefinido de los contratos a trabajadores en desempleo, con base en los cuales el Gobierno facilitará ayudas o subvenciones a las empresas que realizaran estos contratos. Fue aceptada la enmienda, con la oposición de la izquierda.

No prosperó, en cambio, por sólo cuatro votos de diferencia ( 141 contra 145 y cuatro abstenciones), la propuesta que defendió el socialista Ciriaco de Vicente en favor de ampliar el fomento del empleo de los minusválidos, que, según dijo, suman en total 1. 100.000 españoles.