Fernando Arias-Salgado propuso que no compareciesen altos cargos de Televisión ante el Parlamento

Fernando Arias-Salgado, director general de RTVE, propuso al Gobierno que los altos cargos de aquel organismo no compareciesen ante la comisión parlamentaria que investiga supuestas irregularidades en RTVE en tanto no se reglamentase el procedimiento de la comisión. El señor Arias-Salgado, quien ya había expresado ante el Gobierno y el Congreso, en reiteradas ocasiones, su desacuerdo con la forma en que se cursaban las citaciones a los funcionarios de RTVE y las, posteriores filtraciones a la Prensa, propuso al Gobierno, a mediados del pasado mes -según pudo saber EL PAIS de fuentes parlamentarias y de la propia RTVE-, una resolución para qué el Ejecutivo no. autorizase la comparecencia.

El director general de RTVE pretendía, entre otras medidas, que los diputados comisionados formulasen las preguntas por escrito. La insospechada propuesta de Fernando Arias-Salgado no contó siquiera con el respaldo del ministro de la Presidencia, su hermano Rafael Arias-Salgado, probablemente porque, entre otras razones, violaría, según socialistas y comunistas, el artículo 76 de la Constitución, que obliga a los ciudadanos a comparecer a requerimiento de las Cámaras.El texto de la propuesta de Fernando Arias-Salgado es el siguiente: «Que se comunique oficialmente al presidente del Congreso, para su traslado al presidente de la comisión de investigación sobre RTVE, que, a la vista de la violación sistemática del reglamento que regula el procedimiento de la comisión de investigación en materia de secreto de sus sesiones, el Gobierno no autorizará la comparecencia de ningún funcionario público o empleado de la Administración pública sin que se le comunique con la antelación debida y por escrito las preguntas que se le quieran hacer. Las respuestas correspondientes serán entregadas en el plazo de siete días, por escrito, a través del presidente del Congreso, para su comunicación al presidente de la comisión de investigación ».

Esta propuesta de Fernando Arias-Salgado, que no llegó a ser avalada por el Gobierno, podría ser la explicación de la incomparecencia de cuatro altos cargos de RTVE el pasado día 11 ante la comisión de investigación. El señor Estella ratificó ante la comisión su primera versión de acuerdo con el acta taquigráfica de la sesión, cuyo respectivo fragmento dice textualmente: «Me he permitido llamar a la Dirección General de Radiotelevisión. He hablado con un miembro de la secretaría de Prado del Rey, quien me ha informado que la citación de las Cortes llegó ayer por la tarde, aproximada que se produce un escrito, que ignoro quien lo firma, en nombre de qué organismo de la Administración o del Gobierno se ha suscrito pero que, en definitiva, se manda a Relaciones con las Cortes, que es la vía-, parece, según nuestro propio reglamento, en el sentido de que no comparecerán las personas citadas en el primer punto del orden del día, todas las dependientes del Ministerio de Cultura y de la Dirección General de Radiotelevisión » La existencia de tal documento disuasorio por parte del Gobierno sería desmentida por el ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva, y por el secretario general para las Relaciones con las Cortes, Gabriel Cisneros, circunstancia que provocó la dimisión de Alberto Estella en la sesión del día 12. El secretario general para las Relaciones con las Cortes había informado al presidente de la comisión de que existía un documento que posteriormente fue difundido a los comisionados Este documento, cuya entrada se registró en el Congreso el día 11 de junio, va firmado por Rafael Arias-Salgado, ministro de la Presidencia; y dirigido al presidente de Congreso de los Diputados. Documento que alude a otros posibles escritos de autoridades del Ministerio de Cultura y que se encabeza así: «Por el señor ministro de Cultura y otras autoridades de dicho departamento se me ruega traslade a la consideración de vuestra excelencia el malestar producido entre los funcionarios requeridos a comparecer ante la comisión de investigación de RTVE ante las violaciones que de forma sistemática vienen produciéndose en relación con la obligación de secreto que reglamentariamente vincula a los asistentes a dichas sesiones». Este documento no recoge las otras pretensiones del director general de RTVE, que se refieren a la hipotética no autorización gubernamental de la comparecencia de funcionarios y empleados.

La controversia sobre la dualidad de documentos puede ser esclarecida, según estos datos:

Primero. Alberto Estella reconoció ante diputados de UCD y miembros del Gobierno que su conversación telefónica con Prado del Rey tenía como interlocutor al director general en persona, pero que éste no le autorizó hacer uso de esa fuente. Alberto Estella manifestó a EL PAIS anteayer: «Me remito al acta taquigráfica», y se refirió a su interlocutor como alguien inidentificado o inidentificable. Preguntado por el número de teléfono de Prado del Rey que marcó, respondió que la llamada se efectuó a través del gabinete, y precisó que en otras ocasiones sí había hablado con Fernando Arias-Salgado.

Segundo. El intento del director general de RTVE de obtener respaldo a sus pretensiones se vio frustrado ya en dos ocasiones. El pasado día 11 no comparecieron los altos cargos, pero sí tuvieron que hacerlo al día siguiente. El director general de RTVE, por otra parte, asistió anteayer a la reunión de la comisión interna de los centristas que estudiaba, entre otros puntos, la reunión de control que preside Antonio de Senillosa. Asistieron a la reunión, entre otros, los señores Jiménez Blanco y, en distintos momentos, Calvo Ortega. La no asistencia de los centristas a la comisión de control se corrigió más tarde con la retirada de la impugnación de la elección del señor Senillosa como presidente, circunstancia que motivó el rumor de que Fernando Arías-Salgado hubiese presentado la dimisión del cargo de director general de RTVE y que desmintió ayer a EL PAIS el secretario del señor Arias-Salgado, Joaquín Gómez de la Barreda, con las palabras «carece de todo fundamento». Por el contrario, el director general de RTVE no accedió a informar a EL PAIS, pese a reiteradas peticiones, sobre la naturaleza de la citada propuesta de la dirección general.

El hecho de que el anónimo interlocutor del señor Estella le autorizase en esta ocasión a excusar la asistencia de uno de los funcionarios puede probar que éstas habían llegado. El fragmento correspondiente del acta taquigráfica dice así: «Concretamente, el señor Navas no está en Madrid, sino en Barcelona y Sevilla, en comisión de servicio; estoy autorizado a decir esto, y los demás no comparecerán ( ... )».

La incomparecencia de los altos cargos -caso del que el Gobierno responderá hoy ante el Pleno, a preguntas de socialistas y comunistas- se explica, según distintas fuentes parlamentarias, bien porque el director general de RTVE no transmitió a tiempo las citaciones, bien porque prohibió la comparecencia o la convino con los interesados, o bien porque el señor Arias-Salgado entendía que su propuesta de incomparecencia contaría con el aval político del Gobierno.

Respecto a la incomparecencia de los altos cargos, los hechos están más claros de lo que en principio se dio a entender. El ministro de Cultura excusó la incomparecencia por causas atribuibles al escaso margen de tiempo en las citaciones. Los altos cargos ya habían sido citados para las sesiones de los pasados 15 y 23 de mayo, anuladas por el debate de la moción de censura. La nueva convocatoria de la sesión se hizo el 4 de junio. El escrito del Congreso solicitando la comparecencia se envió el 6 de junio y el 9 de junio se comunicó la citación al Ministerio de Cultura, que, a su vez, la envió el día 10 al director general de RTVE.