Los afectados por la presunta estafa de Promocisa insisten en la existencia de los depósitos bancarios
Los afectados por la estafa presuntamente cometida por la inmobiliaria Promocisa en tres urbanizaciones de Villalba, Móstoles y Torrejón de Ardoz, desmintieron ayer categóricamente la información facilitada por los Bancos Central e Industrial del Sur, en el sentido de que en ninguna de esas entidades bancarias habían sido abiertas las cuentas especiales que, previstas en una ley del año 1968, habían de garantizar las cantidades a cuenta entregadas por los compradores de viviendas.
El consejo de afectados, constituido en representación de las casi 3.000 familias que habían entregado diversas cantidades de dinero para la compra de un piso, hizo pública ayer por la tarde una nota en la que, tras asegurar que no entra en el fondo de la cuestión de si existían dichas cuentas especiales o no (a pesar de que aseguran tener en su poder los números de las mismas), su no existencia «no exime a los bancos de las presuntas responsabilidades en las disposiciones de fondos, pues, en cualquier caso, conocían perfectamente por sus vinculaciones con los negocios del grupo Promocisa la procedencia y especiales características de las letras por ellos descontadas, así como los contratos de compra-venta cuyos pagos estaban garantizados por esas letras».Los propios afectados denuncian en su escrito, dirigido a los medios informativos, la actitud mostrada por el Banco Central, que ha comenzado a enviar a los compradores de pisos de Promocisa, que se han negado a pagar las letras descontadas por la inmobiliaria antes de la entrega de las viviendas, unas cartas individuales por las que se les conmina al pago, en el plazo de diez días, ya que, en caso contrario, anuncia poner el impago en conocimiento de la justicia. Los compradores, que se han negado al pago de las letras por ellos firmadas, están procediendo, en la actualidad, al ingreso de las cantidades adeudadas en unas cuentas especiales abiertas a nombre de la asociación que han formado para su defensa.
Según los mismos afectados, el Banco Central ha llegado a bloquear cuentas personales que algunos compradores de Promocisa habían abierto en dicha entidad.
Sin embargo, un representante del Banco Central volvió a negar ayer por la tarde, en forma en extremo contundente, la existencia de las cuentas especiales. «No han existido nunca», dijo. Y añadió: «Nuestro banco es una entidad totalmente seria». El mismo representante del banco aseguró que en el Central las únicas cuentas que existían eran unas de dinero en efectivo, que estaban afectadas en garantía de las letras que le habían sido descontadas a Promocisa.
Para el representante bancario, el nombramiento de un inspector especial, hecho por el Consejo de Ministros de la semana pasada, «es lo mejor que ha podido hacer la Administración. Así, con los medios que va a tener a su disposición, podrá llegar a conocerlo todo sobre Promocisa y qué es lo que realmente ha pasado».
Rumasa
En la nota distribuida ayer por la tarde, los afectados también entran a considerar la postura adoptada por el Banco Industrial del Sur y la compañía de seguros Minerva -ambas del grupo financiero de Rumasa-, en el sentido de negar la existencia de las cuentas especiales, el primero. y de declarar la nulidad de contrato con Promocisa, la segunda. El consejo de afectados asegura haber «tomado nota» de tal postura.Para los afectados, la postura de Minerva es «artificial». Para aseverarlo, aseguran éstos que «la citada compañía conocía perfectamente, por estar vinculada al Banco Industrial del Sur y al Banco del Norte -propiedad éste también del grupo Rumasa-, todas y cada una de las irregularidades cometidas por Promocisa, lo que no le impidió, al parecer, suscribir los contratos de seguro».
Los representantes de los afectados por la presunta estafa entraron ayer en contacto con el inspector especial nombrado por el Consejo de Ministros, al que han informado de la actitud a mantener por aquéllos en la actual situación.
De todas maneras, las acciones que los afectados puedan emprender a corto plazo no pasan por la presentación de la anunciada querella criminal. Tal acción judicial queda demorada a que el inspector gubernamental haya concluido su trabajo, «en la confianza de que la actuación de la Administración pueda todavía poner de acuerdo a distintos sectores implicados y, en especial, a los bancos, que siguen intentando eludir sus evidentes implicaciones y responsabilidades ».
Una última denuncia que los compradores de pisos realizan, en su escrito de ayer, hace referencia a la actitud de algunos arquitectos, convertidos en acreedores de la promotora, que han paralizado una de las escasas obras que todavía estaba en marcha, el bloque 59 del parque de La Coruña. El consejo de los afectados asegura que «en defensa de los intereses de los compradores, ejercitará las acciones legales que le competen contra todos aquellos que, irresponsablemente, bloquean las vías de solución».
