Conflicto entre el Congreso y el Senado en torno a la ley de financiación de comunidades autónomas

Los senadores de UCD han puesto en un grave aprieto a su partido y están a punto de provocar un serio conflicto entre ambas Cámaras y entre los partidos mayoritarios, e incluso propiciar un mayor radicalismo en las formaciones nacionalistas. El conflicto se ha producido en el proyecto de ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, una de las leyes más importantes que han pasado por las Cortes, por cuanto configura en buena medida el futuro autonómico del Estado y completa las doce leyes de la Reforma Tributaria (a falta únicamente de otra ley sobre comunidades locales).

El proyecto de ley, en buena medida obra de Francisco Fernández Ordóñez, comenzó a elaborarse en la época que este diputado desempeñaba la cartera de Hacienda, con la idea de que fuera aprobado antes que los propios estatutos autonómicos de Euskadi y Cataluña. La convocatoria de elecciones legislativas dio al traste con este orden de prioridades, y por ello se procuró redactar un texto que no entrara en contradicción con los mencionados estatutos (de hecho, algunos artículos del proyecto han sido tomados casi literalmente de los mismos).Dada la trascendencia de la ley, se buscó y se consiguió, tras largas negociaciones, el consenso en el Congreso. Socialistas y comunistas, con el argumento de que era una «ley útil, que no irritaba en la periferia», apoyaron decididamente el texto, en tanto que las minorías nacionalistas lo rechazaron en el Pleno, pero sin excesivo radicalismo.

El proyecto de ley, un texto corto, de 32 artículos, que pretendía contener exclusivamente lo imprescindible y no restar potestad a las comunidades autónomas, recibió en el Senado por parte de UCD, y a pesar del consenso del Congreso, un total de 59 enmiendas. La ponencia, integrada por tres representantes de UCD y dos del PSOE, aceptó 32, e incluso introdujo alguna modificación que no respondía a enmiendas presentadas.

Las enmiendas, en su mayoría, no son meramente técnicas, sino claramente restrictivas, según han coincidido en señalar a EL PAIS fuentes centristas y socialistas. El malestar se extiende incluso a Minoría Catalana, que ha entrado en contacto con UCD para pedir explicaciones sobre este tema. En estos momentos, y dada la situación crítica, una delegación centrista, presidida por Rafael Calvo Ortega, y otra socialista, encabezada por Alfonso Guerra, están estudiando a fondo el problema provocado por los senadores de UCD.

La Comisión Constitucional de Senado, que debió entrar a dictaminar el proyecto y las enmiendas el pasado día 11, ha aplazado para próximos días su reunión, pese a que los dos meses de que dispone el Senado para enmendar los trabajos del Congreso concluyen el día 25. Esto hace pensar a algún diputado centrista que la mejor solución, dada la situación, sería que el Senado dejara pasar el plazo, con lo que el proyecto de ley volvería al Congreso tal y como salió de él.

Restricción de posibilidades autonómicas constitucionales

Las enmiendas del Senado más regresivas, en síntesis, se refieren a los artículos 4, 11, 13, 16, 17, 19 y 21, así como algunas disposiciones finales y transitorias del proyecto.

Así, en el artículo 4 (recursos de las comunidades autónomas), el senador Bolea introduce un nuevo apartado, que es limitativo respecto de los impuestos y recargos. En el artículo 11, que contempla en el proyecto los impuestos que pueden ser cedidos a las comunidades autónomas (sobre patrimonio neto, transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, venta de minoristas y consumos específicos en esta fase, así como tasas y exacciones sobre juego) y, los que no pueden ser cedidos (renta global de las personas físicas, beneficio de sociedades, producción o ventas, tráfico exterior y los recaudados por los monopolios fiscales), el Senado ha extendido la prohibición de cesión a las distintas manifestaciones de renta de las personas físicas».

En el artículo 13, relativo a la participación de las comunidades autónomas en los impuestos estatales (criterios de negociación entre comunidad autónoma y Estado), y que ha sido uno de los que ha sido modificado unilateralmente -sin que existiera enmienda- por la ponencia del Senado, se introduce una referencia a la imposición indirecta. Este artículo, como el 11 y el 17, en el proyecto de ley estaban redactados en función de los estatutos de autonomía vigentes.

En el artículo 14 del proyecto, que corresponde al 15 de la ponencia del Senado, el diputado de UCD Royo-Villanova no sólo ha restringido la autonomía pormenorizando al máximo los servicios mínimos que garantizará el Estado, sino que ha introducido un «fondo de equipamientos y de servicios públicos».

Tanto ucedistas como socialistas han coincidido en señalar coino ejemplo de lo que califican de «desastre redaccional y de contenido» la enmienda número 50 del senador Royo-Villanova, que, referida a un solo artículo, supera en extensión (siete páginas) a todo el proyecto de ley. Se refiere la enmienda al artículo 16, relativo al Fondo de Compensación Interterritorial, que en el texto delsenador Royo-Villanova -según los socialistas- evita que las comunidades autónomas tengan recursos para realizar obras. «Se trata, exclusivamente, de descentralizar, con unos criterios de orientación especial, las inversiones del ministerio. En definitiva, que las obras las realice el Estado y las inaugure el presidente de la comunidad autónoma», comentó a EL PAIS un parlamentario socialista.

En el artículo siguiente, relativo a competencias de las comunidades autónomas, y que en la relación del proyecto de ley se había redactado de acuerdo con el contenido de los estatutos autonómicos, una enmienda del senador Tisalre plantea posibles problemas de rango de cara al futuro.

En el artículo 21, que se refiere a los presupuestos de las comunidades autónomas, una enmienda de Tisaire supedita la legislación de los Parlamentos autónomos a la ley General Presupuestaria en esta materia. Por otra parte, las enmiendas introducidas a este artículo y el siguiente pormenorizan al máximo cómo deben elaborar sus presupuestos las comunidades autónomas, lo que les priva de iniciativas en esta materia, por un lado, y por otro, corresponde más a una ley financiera que a este proyecto de ley.

Centristas y socialistas están preocupados también por otras dos enmiendas relacionadas con dos comunidades autónomas concretas.