El Ministerio de Agricultura inicia expediente de expropiación contra 87 fincas infrautilizadas

El Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario ha iniciado expedientes de expropiación sobre 87 fincas presuntamente mejorables (casi todas de Andalucía y Extremadura), en cumplimiento de lo establecido en la ley de Fincas Manifiestamente Mejorables de 16 de noviembre de 1979. Se trata de un primer informe -al que ha tenido acceso EL PAIS- elaborado con las investigaciones realizadas por el Instituto hasta el pasado 9 dejunio. La superficie total de las fincas sobre las que se ha abierto expediente asciende a 14.619 hectáreas.

El número de Fincas visitadas por los técnicos del IRYDA hasta la mencionada fecha es de 398, que ocupan una superficie total de 81.726 hectáreas, de las cuales 34.355 son de regadío y las 47.371 restantes son de secano. Según estos estudios, Badajoz -76 expedientes abiertos- se muestra como la provincia de mayor índice de infrautilización agrícola y ganadera.Las especificaciones de este primer informe de la Administración detallan que la finca de mayor superficie sobre la que se ha abierto expediente de expropiación es la de doña María del Carmen Pinillos y Toro, en los términos de Villanueva del Río, Minas y Cantillana (provincia de Sevilla), con 2.250 hectáreas. Le sigue la finca La Haba, en Tarifa (Cádiz), de 1.330 hectáreas, propiedad de los marqueses de Larios. Las 14.619 hectáreas sobre las que se ha iniciado expediente equivalen prácticamente a la superficie del término municipal de Sevilla o son ligeramente superiores a las de Manzanares el Real, en la provincia de Madrid (12.500 hectáreas), o poco menos que el de Aranjuez ( 18.000).

Fuera de zonas regables, el IRYDA ha visitado ya veinticinco fincas mayores de quinientas hectáreas de secano o cincuenta de regadío; doce de ellas con una superficie total de 23.039 hectáreas, cuentan con informes previos positivos.

En zonas regables se han visitado 238 fincas mayores de cincuenta hectáreas de regadío y otras 135 menores de esa superficie. De ellas, 108 (2.407 hectáreas) cuentan igualmente con un informe positivo.

Los criterios objetivos que utiliza el IRYDA para determinar si una finca rústica es manifiestamente mejorable aparecieron publicados en el BOE el pasado 11 de abril, y desarrollan la ley de 16 de noviembre.

Consisten estos criterios en que los índices de ocupación de mano de obra fija de la finca no llegue al 80% del normal aplicable, que el índice de utilización de la tierra no alcance el 80% del nivel normal y que el índice de producción no alcance, análogamente, el 70% de una producción tipo. Estas condiciones las evalúa el IRYDA mediante índices reflejados, respectivamente, por el número de obreros fijos ocupados por hectárea, porcentaje de la superficie cultivable que esté realmente cultivada o, en su caso, número de cabezas de ganado mantenidas por hectárea de pastos, y la cantidad en pesetas de la producción bruta obtenida por hectárea cultivada o -también en su caso- por cabeza de ganado.

La ley es de aplicación a todas aquellas fincas de regadío mayores de cincuenta hectáreas o de secano mayores de quinientas que no cumplan las mencionadas condiciones de explotación, y en todas aquellas que de modo manifiesto no se aprovechen los recursos disponibles.

Cuando el IRYDA comprueba que una finca es manifiestamente mejorable en base a estos criterios, requiere a los propietarios para que realicen en el plazo de dos meses un plan de explotación y mejora. Si no lo presentan, o la Administración lo rechaza por considerarlo insuficiente, será ésta quien deba realizarlo en plazo similar. Si no hubiera avenencia entre las partes, el Ministerio de Agricultura abrirá el definitivo expediente de expropiación, tras otro período de quince días para el estudio de fórmulas de compromiso. Así, pues, los propietarios de las 87 fincas sobre las que se ha iniciado ahora expediente tienen dos meses para presentar sus respectivos planes de viabilidad.

La ley de Fincas Manifiestamente Mejorables fue la primera que contó con la luz verde de las Cortes de todas las que integran el programa legislativo de cambio presentado por el ministro de Agricultura en el Congreso de junio de 1978.