La aportación española al presupuesto de la CEE, nuevo punto de discrepancia

Un nuevo punto de discrepancia en las negociaciones para la integración de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) se perfiló en la última sesión de trabajo, a nivel de embajadores, celebrada el pasado viernes en Bruselas. Se trata de la aportación española al presupuesto comunitario durante el período transitorio, que según el Gobierno de Madrid debe regularse de forma que España no pague la totalidad de lo que le correspondería mientras no tenga acceso completo a los mecanismos previstos en los capítulos de política agraria, social y regional.

Actuando como si las recientes declaraciones del presidente francés no se hubieran producido, la delegación española presentó un documento sobre recursos propios, «de gran alcance negociador», según fuentes del Ministerio de Relaciones con la CEE., en el que se señala que España considera justo el principio de la progresividad en cuanto a la contribución al presupuesto.«Nuestra posición», explicó el subsecretario del ministerio, Matías Rodríguez Inciarte, «no tiene nada que ver con el problema presupuestario planteado por Gran Bretaña. Nosotros aceptamos el régimen de recursos propios como instrumento de contribución financiera al presupuesto general de las Comunidades. No ponemos en cuestión el principio. Simplemente decimos que es necesario prever algunos mecanismos que aseguren a España, durante el período transitorio, un nivel adecuado de su propia contribución con objeto de evitar desequilibrios y asimetrías.

Durante el período transitorio España, por ejemplo, tendrá acceso limitado al Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), del que, en principio, y una vez superado el período transitorio, se beneficiará en gran parte. «No parece lógico», añadió el subsecretario para las Relaciones con la CEE, «que en ese período España pague a la Comunidad por todos y cada uno de los conceptos previstos y sin ningún tipo de modalidad especial».

En concreto, y además del problema de la fecha de entrada en vigor del impuesto sobre el valor añadido (IVA), el documento español propone que durante el período transitorio nuestro país cotice en concepto de comercio con países terceros de acuerdo con la tarifa real que recibe la aduana española y no de acuerdo con la tarifa europea (TEC), siempre que la tarifa española seainferior a la comunitaria. La posición de la CEE es justamente la contraria: si la tarifa española es superior, se pagará a la Comunidad de acuerdo a ella, y si es inferior, de acuerdo con la TEC.

Rodríguez Inciarte señaló que, según los estudios realizados por su ministerio, terminado el período transitorio el balance de las relaciones hispano-comunitarias será ligeramente positivo para España. La cifra que se calcula es doscientos millones de unidades de cuenta europeas (unos 1.900 millones de pesetas). Si no se establecieran modalidades para el período transitorio, la balanza en esos años sería deficitaria para nuestro país.

La delegación española entregó también un documento complementario del de Relaciones Exteriores, que dio el pasado 18 de diciembre. Ignorando también las manifestaciones de Giscard, según las cuales España planteará los mismos problemas que Gran Bretaña en sus relaciones con la Commonwealth, el Ministerio español de Relaciones con la CEE insiste en que la Comunidad Europea tiene que tener en cuenta «los vínculos que unen a España con Latinoamérica, que se reflejan en corrientes comerciales tradicionales que España desea mantener e incluso, en la medida de lo posible, incrementar después de la adhesión.