Calvo Sotelo acusa a la CEE de retrasar las negociaciones

Viene de primera páginaLorenzo Natali resaltó el desequilibrio estructural de la industria española y manifestó una vez más que la Administración española debe poner en vigor el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el momento mismo de la adhesión al Mercado Común. En el capítulo de la libre circulación de los trabajadores españoles, insistió en que la CEE padece ya un elevado índice de paro, que afecta muy especialmente a los jóvenes. «España está muy interesada en terminar la "visión de conjunto" antes de las vacaciones de verano. La comisión», matizó, «lo desea».

Calvo Sotelo se quejó de que el ritmo inicial de la negociación, que se ajustó a lo previsto, se haya quebrado y de que la Comunidad retrase la toma de posición en cuestiones tan importantes como la agricultura, los problemas sociales, la pesca o los presupuestos. Negó que los problemas internos de la CEE fueran excusa suficiente: «También en España hemos tenido problemas internos, y ciertamente no menores, pero no han impedido que se mantuviera el empuje político y la eficacia administrativa necesarios para llevar adelante la negociación». Pidió a los parlamentarios que en la medida de sus fuerzas se constituyan en «animadores» de la actividad comunitaria: «Se trata simplemente de pedir que la negociación progrese a un ritmo razonable».

El ministro español arremetió contra la teoría indirectamente expuesta por Natali de que existen cuestiones internas previas que la CEE debe resolver. «Las posibles modificaciones del acerbo comunitario», explicó, «deben avanzar paralelamente con la negociación española. La prudencia debe reflejarse en un período de transición amplio, en cláusulas de salvaguardia suficientes, en resumen, en cautelas dentro del tratado y de las actas de adhesión». En un reproche directo a la comisión y a la CEE, Calvo Sotelo afirmó tajantemente que « alargar los plazos normales de la negociación como reacción instintiva ante una circunstancia adversa sólo puede traer nuevos problemas».

Calvo Sotelo señaló que la opinión pública española no comprende estos retrasos ni la aparente primacía de intereses económicos sobre razones políticas. Si la razón de la adhesión fuera exclusivamente económica, añadió, pueden tener la certeza de que la posición del Gobierno español sería la de esperar.

Leopoldo Calvo Sotelo afirmó, finalmente, que un período transitorio de diez años para el capítulo agrícola era inaceptable, y que la economía española exigía un cierto plazo para adaptarse al IVA.

Simplificadamente, el estado actual de las conversaciones hispano-comunitarias, ya que aún no puede hablarse propiamente de negociación, es el siguiente, según los distintos sectores:

Unión Aduanera e Industrial. España ha presentado cinco documentos, y la CEE tres. La divergencia fundamental es la duración del período transitorio para el total desarme arancelario español. Naturalmente, la Administración española solicita un período amplio y la Comunidad pretende que, con excepciones concretas, rija a partir de la adhesión.

Fiscalidad. La CEE se muestra, por ahora, inflexible: la Administración española debe poner en vigor el impuesto sobre el valor añadido desde el momento mismo de la adhesión. En todo caso, el período transitorio sería mínimo. El Gobierno de Madrid, presionado por los industriales y preocupado con el momentáneo incremento del índice del coste de la vida que provocará el IVA, solicita un largo período de adaptación.

CECA y transportes. Reviste interés la ayuda que la CEE pueda prestar Para la imprescindible reestructuración del sector siderúrgico español.

Relaciones exteriores. Multitud de problemas. España deberá aceptar todo el activo comunitario, respetando los acuerdos ya firmados con los países de la ACP (Africa), ASEAN (sureste asiático), Magreb, Mediterráneo, etcétera. No podrá conceder mejor trato a un país hispanoamericano. Queda también el problema de Israel, con el que la CEE firmó en 1975 un acuerdo comercial importante. Según un informe jurídico oficioso que corre por la Comunidad, no resulta imprescindible el reconocimiento por Madrid del Estado de Israel. El principal problema reside en el protocolo de 1977 entre el Mercado Común y el Estado judío.

Euratom. La CEE no ha aprobado aún el informe de la comisión, en el que se plantea la necesidad de que España ratifique el tratado de no proliferación de armas nucleares y se someta a un control del empleo de material e información nuclear.

Movimiento de capitales. Una vez más, la Administración española pide un período transitorio amplio antes de permitir la libre entrada y salida de capital en España, mientras que la CEE se opone.

Política social, agricultura. Dos sectores fundamentales para España. Los informes de la comisión -en los que se estima necesario un largo período transitorio antes de que los trabajadores y los productos agrícolas españoles puedan circular libremente por Europa- están detenidos por el Consejo de Ministros Europeo. España no ha entregado aún su posición sobre el tema agrícola y la pesca, pero sí sobre el capítulo social, solicitando, sobre todo, garantías para los trabajadores que ya viven en los países comunitarios.