La CEE salva la crisis más grave de su historia

En una reunión auténticamente maratoniana, que duró desde las tres de la tarde del pasado jueves hasta las diez de la mañana de ayer, viernes (es decir, dieciocho horas), los ministros de Asuntos Exteriores de los nueve países miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE) encontraron una fórmula de compromiso que satisface las demandas británicas de disminuir drásticamente su aportación al presupuesto comunitario, sin dar la sensación de que se someten simple y lisamente a las exigencias de la dama de hierro, la primera ministra Margaret Thatcher.El compromiso debe mucho al ministro italiano, Emilio Colombo, quien a lo largo de toda la noche realizó una labor agotadora de contactos bilaterales. A las seis y pico de la mañana, Colombo autorizó a sus colegas a tomarse un breve descanso: una rápida ducha en las respectivas residencias o embajadas, un café bien negro, la última llamada telefónica a sus jefes de Gobierno y nuevamente al edificio del Consejo de Ministros, en el bulevar Charlemagne. Todos estaban de acuerdo, si bien el documento deberá ser ratificado en un plazo máximo de 48 horas por cada uno de los Gobiernos.

París ya se ha apresurado a anunciar que lo respetará «sí es asumido íntegramente por los otros ocho países».

El acuerdo de la CEE satisface las demandas británicas

Lord Carrington aseguró a sus colegas que la señora Thatcher firmaría sin dudar, y el ministro de la República Federal de Alemania (RFA), Hans Dietrich Genscher, saludó el acuerdo como «una fecha decisiva para Europa».

Los ministros de Agricultura, que habían esperado hasta casi las dos de la madrugada la luz verde británica para firmar su paquete de acuerdos, respiraron tranquilos. Solucionado el problema inglés, el incremento del 5% en los precios agrícolas, los reglamentos para el almacenamiento de vino y la regulación del mercado de carne ovina (la famosa guerra del cordero entre franceses y británicos) podrán entrar en vigor inmediatamente.

Los jefes de la diplomacia europea han estado a la altura de su responsabilidad: fracasada la cumbre de jefes de Estado de Luxemburgo y el Consejo de Ministros de Finanzas, se habían constituido en la última y única instancia posible para encontrar una solución a la que muchos han considerado como la crisis más grave de la historia de las comunidades europeas.

Durante casi seis meses, el Mercado Común Europeo se ha encontrado paralizado, sin presupuesto y sin poder adoptar ninguna decisión económica importante ante la decidida posición de Gran Bretaña de vetar absolutamente todo mientras no se solucionara satisfactoriamente su contencioso presupuestario. La crisis llegó a su cima cuando en Luxemburgo, hace escasamente un mes, los ocho aprobaron el incremento del 5% en los precios agrarios y la dama de hierro interpuso una vez más su veto, a sabiendas de la crítica situación en la que colocaba al presidente francés, Valéry Giscard d'Estaing. Las campañas agrícolas comienzan en toda Europa en junio, y los agricultores expresaron inmediatamente su ira. Giscard reaccionó amenazando con poner en marcha medidas nacionales: la Europa verde, piedra angular de la CEE, corría un grave riesgo de ruptura.

El alcance de la crisis interna de la Comunidad Económica Europea, cada día más profunda.

La completa fórmula aprobada ayer en Bruselas supone una solución para 1980 y 1981, es decir, dos años en lugar de tres, como pedía Londres. Pero lo que es más importante: antes de fin de junio de 1981, la Comisión Europea deberá entregar al Consejo de Ministros una propuesta de modificaciones estructurales tanto de los mecanismos financieros de la CEE como de políticas concretas, aunque se advierte ya que «no pondrá en cuestión los principios básicos de la política agrícola».

En el caso de que la propuesta de la comisión no prospere, en 1982 se buscará una solución «inspirada» en el acuerdo de Bruselas. Por otra parte, y para satisfacer a Francia, los nueve se comprometen a asegurar que las decisiones comunitarias serán puestas en práctica con diligencia, «especialmente en lo que afecte a la fijación de los precios agrícolas, que serán aprobados con tiempo suficiente cara a la campaña siguiente».

En síntesis, la fórmula que ha permitido resolver el problema británico es la siguiente: Gran Bretaña debería pagar en 1980 1.784 millones de unidades de cuenta (cada una equivale aproximadamente a 95 pesetas), cantidad de la que se le deducirán 1.175 millones. Es decir, este año el Reino Unido entregará a la CEE sólo 609 millones de UCE (Unidad de Cuenta Europea).

En 1981, a Gran Bretaña le correspondía pagar, según las estimaciones de la Comisión Europea, 2.140 millones de UCE, de los que, proporcionalmente con el acuerdo para el año anterior, sólo pagará 730 millones.

Si la contribución efectiva del Reino Unido en estos dos años sobrepasa las cantidades previstas por la comisión (1.784 y 2.140 millones de UCE, respectivamente), la diferencia se repartirá del siguiente modo: en 1980, el 25% a cargo de Londres (que pedía inicialmente el 18%) y el 75%, a cargo de los otros ocho países comunitarios (Grecia, pese a que ingresa en 1981, queda exenta). En 1981, el procedimiento comprende escalones más detallados: hasta 850 millones de UCE serán pagados al 50% por Londres y los ocho, y por encima de esa cantidad, al 25% y 75%, respectivamente.

En definitiva, no se acepta la teoría inicial británica, según la cual la CEE debía fijar una cantidad exacta a pagar y no «una restitución». La diferencia de principio es importante, porque debido a la peculiar estructura económica británica y a la crisis que atraviesa, el Reino Unido sobrepasa normalmente en la realidad todos los cálculos iniciales, y no es lo mismo fijar la cantidad que debe pagar que la que se descontará de lo que pague.

A cambio se fija una restitución muy alta -Gran Bretaña pagará aproximadamente sólo el 32% de lo que le correspondería y un mecanismo especial para el probable caso de que la contribución efectiva británica sobrepase los cálculos actuales.