La transferencia de organismos

Resulta indiscutible que, en correspondencia al cambio político operado en el Estado, la Administración ha de adecuarse a la nueva situación, debiendo pasar de una organización centralizada a otra capaz de actuar eficazmente en nacionalidades y regiones autonómicas.Es justificable que la situación de «tránsito» origine cierta confusión y conflictividad en las relaciones entre Administración y funcionariado. Ello obligará, sin duda, a prever y adoptar medidas y actitudes tanto a la Administración como a los sindicatos de funcionarios.

No voy a tratar aquí los problemas que la transferencia de organismos pueda implicar a los funcionarios. Pretendo manifestar cierta preocupación, compartida, ante la posibilidad de que en determinadas circunstancias llegue a producirse, de modo precipitado, cierto grado de desviación, cuando no de mutilación, en los fines que instituciones transferidas tuvieron hasta ahora encomendados, y para cuya misión accedieron los funcionarios a la Administración.

No se trata de disputar a los entes autonómicos o preautonómicos ni un ápice de las atribuciones que los estatutos les confieran, tampoco de dudar de la responsabilidad de quienes asuman la difícil tarea de gobernar regiones o nacionalidades. Se trata, eso sí, de apuntar el riesgo de que, sin posibilidad de reflexiones profundas o con visiones deformadas de las funciones que desarrollan las instituciones transferidas, los nuevos responsables llegasen a «reorientarlas », modificando precipitadamente y de modo sustancial algunos de sus fines y su «filosofía».

A titulo de ejemplo me referiré a alguna hipótesis capaz de preocuparme como funcionario del Servicio de Extensión Agraria, organismo cuya eficacia no voy a valorar, pero indudablemente integrado en el medio rural y con unos cometidos que le harán especialmente apto para la nueva situación democrática, al permitirle conectar con organizaciones de agricultores a la hora de plantear y evaluar su trabajo.

En este caso concreto, el riesgo consistiría en que si, por ejemplo, el organismo pasase a ser regido bajo su perspectiva «desarrollista» para la sociedad rural, se llegase a asimilar la extensión agraria con el simple asesoramiento de las empresas que demanden su asistencia. Modificando así su «filosofía» se prescindiría de funciones con interés social tan evidente como la promoción de mejoras que deben ser entendidas y aceptadas por una población mayoritariamente desinformada y justificadarnente escéptica.

Igualmente, por ejemplo, dejándose llevar por esa tendencia pudiera pasar a una vía muerta todo el trabajo que se realiza o debiera realizarse en el campo del asesoramiento socioeconómico, o disminuir la atención a tareas relativas a la capacitación del agricultor, concebido no únicamente como productor.

Es probable que el riesgo apuntado no exista con carácter general. Quizá a nadie se le vaya a ocurrir disminuir el grado de atención a tareas tales como la capacitación profesional de los jóvenes agricultores, su posterior formación permanente in situ o al asesoramiento socioeconómico en un país que se aproxima a la CEE, en donde, al tiempo que se establece una «directiva» tendente a la modernización de las explotaciones (159/72), se comprendió la necesidad de articularla con otras dirigidas al retiro anticipado de agricultores (160/72) y al asesoramiento socioeconómico de la población rural(161/72).

No ignoro por ello el riesgo de haber insistido sobre peligros remotos, pero he querido mostrar la preocupación ante esa posible desviación de funciones institucionalmente encomendadas a algunos organismos transferidos, desviaciones que pudieran producirse de modo inperceptible y/o soterrado, por simple potenciación de algunas lineal de trabajo con desaparición de otras y, lo que sería más grave, sin suficiente debate con los legítimos representantes de los administrados.