Policías en acción

LAS REVELACIONES hechas por la Prensa (y de manera excepcionalmente amplia por Diario 16) sobre las investigaciones realizadas por la policía en torno a parlamentarios y a jueces y fiscales comprometidos desde hace tiempos con el sistema democrático, vienen a sumarse a las denuncias sobre las actividades de los servicios secretos en este país, alguna de cuyas numerosas ramificaciones preparó y falsificó informes sobre periodistas influyentes, tratando de demostrar que trabajaban para el espionaje soviético. En ambos casos se ha podido detectar la actividad de sectores policiales y la responsabilidad del Ministerio del Interior en el tema y ambos casos ponen de nuevo sobre el tapete la necesidad de una reforma real y profunda de las fuerzas de seguridad e investigación del Estado.La argumentación, siempre peregrina y no pocas veces insidiosa, de que investigar sobre los policías que mienten, los que difaman, los que torturan o los que, en definitiva, sirven a un ominoso aparato de intoxicación y no a los intereses ciudadanos es poner en entredicho o injuriar a los cuerpos policiales debe desaparecer de una vez de las bocas de nuestros gobernantes. Nada hay más descorazonador para un cuerpo, nada más insultante que ver cómo el limpio y honesto trabajo de los más es ensuciado por la manipulación y hasta las actitudes delictivas de los menos. Pero más grave resulta contemplar la protección sistemática que desde el poder político se lleva a cabo de los más desacreditados jefes policiales y la persecución sospechosa que desde, ese mismo poder se ha emprendido contra sectores y personas de esa institución claramente comprometidas con los valores democráticos.

Todos estos hechos son más preocupantes aún cuando estamos contemplando una vasta operación policial y antiterrorista que, por las noticias que se publican estos días, está dando satisfactorios resultados. En efecto, la gran cantidad de detenciones y localizaciones de comandos de ETA que se están haciendo hace sospechar que la eficacia policial en este terreno ha subido de tono en los tiempos más recientes y es de felicitarse por ello. Pero faltaríamos a la verdad si callásemos la preocupación que suscita en muchos ciudadanos de a pie la posibilidad de que esta campaña policial se extienda a sectores y zonas en los que sus derechos constitucionales sean conculcados de manera sistemática. La intervención del ministro del Interior en el Congreso la semana pasada, lejos de disipar estas dudas, las ha aumentado, y de manera muy específica en lo que se refiere a la tipificación que hizo de la «apología del terrorismo». Las recientes consideraciones sobre el hecho de que la solución al terrorismo es exclusiva o fundamentalmente policial envuelven una lamentable y muy preocupante concepción de la vida social y de las relaciones humanas, pero sobre todo una incomprensible desinformación sobre lo que está sucediendo en el País Vasco o sobre los orígenes del propio terrorismo, tanto si lo ejercita la extrema izquierda como la extrema derecha.

Numerosas veces hemos escrito sobre la necesidad, indispensable para un Estado democrático, de perseguir las actividades delictivas desde supuestos que garanticen las libertades y derechos que la Constitución establece y la preocupación por el hecho de que las legislaciones especiales -incluidas aquellas tendentes a erradicar el terrorismo- vulneren los principios sobre los que dicha Constitución se asienta. Hacerlo en nombre de la eficacia es, además de indigno, insuficiente -la dictadura se distinguió por su incapacidad en este terreno-. Y no deben olvidar los gobernantes que el terrorismo de Estado es tan deleznable o más que cualquier otro.