El Estado financiará el derecho a elegir colegio

Ayer continuó el debate sobre el proyecto de ley que regula el Estatuto de Centros Escolares en la Comisión de Educación del Senado, que dedicó casi tres horas al artículo 5º, en el que se reconoce el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que deseen para sus hijos y el deber del Estado de financiar el ejercicio de ese derecho.

La polémica entre los senadores centristas y los de los grupos Socialista y Mixto giró fundamentalmente en torno a si hay o no una posibilidad real de elegir entre diversos modelos educativos. En opinión de los senadores enmendantes, esta posibilidad sólo está al alcance de muy pocas zonas de población, y sentar las bases de una política de financiación indiscriminada carece de sentido cuando no se garantiza que van a ser cubiertas las necesidades prioritarias.El Grupo Socialista, representado en esta ocasión por los senadores Beviá, Delgado, Montero, Miranzo y Vallejo, se esforzó inútilmente en tratar de convencer al partido del Gobierno sobre la conveniencia de poner límites a ese principio de financiación.

Tampoco prosperó una enmienda, de similar intención que la de los socialistas, presentada por el senador Ramiro Cercós, del Grupo Mixto, quien defendió ardorosamente la idea de que el Estado debe atender a dignificar la enseñanza de sus propios centros antes de «soltar un solo duro para la enseñanza privada».

Tal vez el ardor y el elevado tono de voz del señor Cercós estaban provocados por las insistentes advertencias del presidente de la comisión, el centrista Manuel Brosetta, que con sus constantes apelaciones al reglamento y apresuradas interpretaciones sobre si los argumentos de un determinado orador se van a ajustar o no al tema en debate provocan la irritación de algunos senadores de la oposición. En nombre del Grupo Socialista, José Vicente Beviá, pidió que constase en acta la protesta por la forma en que el señor Brosetta está conduciendo los debates.

En representación del grupo centrista intervinieron los senadores Fernández Galiano, Pilar Salarrullana y el propio ministro de Educación, José Manuel Otero, para defender la tesis de que tanto esta ley como la de Financiación de la Enseñanza obligatoria se proponen hacer realidad esa posibilidad de elección, que hoy no existe plenamente.

Tras una larga intervención del ministro, que reiteró su conocido argumento de que el movimiento cooperativo va a ser la gran solución para que accedan a la libertad de enseñanza quienes hoy no pueden, se suscitó la conveniencia de entablar un diálogo con el ministro, que la Mesa, en la que es mayoría el grupo centrista, no aceptó.

Además del artículo 5º, la comisión dictaminó los ocho siguientes, que, por su carácter técnico, requirieron menos discusión.