Prensa y democracia

LA CASUALIDAD, o quizá no, ha querido que sólo dos días más tarde de la sentencia sobre la «operación Galaxia» haya visto la luz la que condena al director de este periódico a tres meses de cárcel por un editorial que, paradójicamente, se titulaba Prensa y democracia. El. editorial en cuestión -de abril de 1978- se publica hoy con el conjunto de la sentencia, y al buen juicio de los lectores ha que quedar qué clase de desacato o de ofensa a los tribunales se Cometía en él. La posición de respeto aja independencia de los jueces y el papel esencial del poder judicial en una democracia ha sido y seguirá siendo una de las máximas de este periódico. Pero es un hecho objetivo e histórico que, igual que hubo militares franquistas, policías franquistas y periodistas franquistas, que hoy siguen empeñados en dar una dura batalla contra la libertad, hay todavía jueces por los que no parece haber pasado la transición democrática.Los ciudadanos somos conscientes de que si las Cortes -el legislativo- fueron renovadas democráticamente, s,i el Gobierno -el ejecutivo- es emanación democrática de esas mismas Cortes, los cargos fundamentales de los tribunales -el judicial- siguen siendo los que eran. El acatamiento de la sentencia inapelable no merma un ápice nuestro desacuerdo intelectual con ella. Y no han de ser los funcionarios judiciales de la dictadura quienes exhiban ante la opinión mayor fuerza moral o mejor criterio que este periódico sobre los parámetros de la libertad.

La renovación de la justicia española no va a ser solicitada ahora por nosotros a raíz de esta sentencia, porque la venimos pidiendo desde que EL PAIS nació. La sensibilidad del actual fiscal general del Estado, que adornó los escaños de antes como procurador y los de ahora acompañando a Suárez en el número dos de las listas de UCD, es proverbial respecto a los llamados delitos de opinión. No lo ha sido a la hora de la defensa de las libertades a lo largo de su prolongada carrera política. La gran cantidad de sumarios y procesos incoados contra periodistas a petición del Gobierno o del propio Ministerio fiscal contrasta con la indefensión jurídica que los particulares encuentran tantas veces ante los excesos o las calumnias de la Prensa. No parece tampoco grande la sensibilidad del ministerio público respecto a la corrupción y malversación de fondos televisiva, o las torturas en la cárcel de Herrera de la Mancha, o la actividad de las bandas fascistas. De la efectividad y actividad de la justicia tenemos en esta casa larga experiencia. Más de sesenta veces ha declarado en las secretarías de los juzgados el director de este periódico en los últimos cuatro años, cinco ha sido procesado. Pero apenas unos meses después de que se publicara el editorial que hoy le condena a la cárcel, una bomba hizo explosión en esta casa y acabó con la vida de un hombre, mientras hirió seriamente a otro. Año y medio más tarde de aquel doloroso suceso el director de EL PAIS, tantas veces solicitado por la autoridad judicial, no lo ha sido todavía por este caso. Curioso ritmo de actividad este.

En cuanto a la sentencia misma, sólo nos cabe decir que sorprende cómo la Sala del Supremo ha cambiado la tipificación del delito -la Audiencia lo consideró una simple falta- y ha desoído la propia sentencia de la Audiencia que no consideraba existiera animus injuriandi en el editorial. Ahora resulta bastante claro que unos tipos penales abiertos siempre crean inseguridad y han sido ahora enfocados como siempre lo son desde las ideologías particulares de unos jueces concretos. Sólo cabe añadir que la mayoría de ellos fueron designados para el alto Tribunal por el régimen franquista. Este es el problema político -uno de los más graves- que debe ser contemplado como lección del hecho. Obviamente lo que no puede ser delito en un país libre es sin duda muchas veces horrísono crimen ante los jueces de los regímenes totalitarios.

La transición sin rupturas tenía sus precios. Los precios los estamos pagando hoy. El primer ministro es el antiguo secretario general del Movimiento. El jefe de la Policía lo fue de la brigada política franquista. El fiscal general, el señor Fanjul Sedeño. La Justicia es una institución y un aparato administrativo, pero también un término moral e intelectual. Moral e intelectualmente la sentencia nos parece rechazable. El hecho de que la condena que comentamos suceda en un momento de recesión de la libertad de expresión en nuestro país, no debe pasar inadvertido. Hace sólo dos días, el Instituto Internacional de Prensa, en una reunión a la que acudieron más de cuatrocientos periodistas del mundo occidental, llamaba la atención al Gobierno sobre la intervención de los tribunales militares contra periodistas en España, y condenaba el gran número de juicios ordinarios que tendían a dificultar las libertades de expresión. No es dramatizar decir ahora que la democracia, antes o después, se verá herida de muerte si las instituciones de este país no son renovadas en sus hombres y en sus conceptos por servidores de la libertad. Y antes. o después también los sectores democráticos del partido del Gobierno tendrán que elegir por construir aquí un régimen de libertades o de cinismos, y por garantizar al ciudadano los derechos que teóricamente la Constitución le Otorga.

Por lo demás, vamos a seguir reclamando la máxima independencia y otorgando el máximo respeto a nuestros jueces. Pero el poder judicial dejaría de respetarse a sí mismo si considerara que sus actos y sentencias no pueden ser comentados y sí sólo aplaudidos. Este periódico no cree haber ofendido a los tribunales y se siente hoy, en cambio, agredido por las instituciones de una democracia que considera haber contribuido como tantos otros españoles a construir. Pero no es en definitiva la condena de nuestro director lo que más nos preocupa. Sino el precedente que representa para decenas de periodistas y el desgraciado síntoma de que el desencanto popular por el actual régimen no proviene tanto de las dificultades económicas o de la amenaza del terrorismo, como del escaso valor moral de sus dirigentes por defender los principios democráticos.

El Tribunal Supremo, pensamos, acaba de rendir un mal servicio a la normalización política de este país y a la defensa de la democracia. Pero, en cualquier caso, ya sabemos que España es un lugar donde un intento de golpe de Estado apenas supone mayor pena de cárcel que dos líneas en un editorial. Nada nuevo. La historia de nuestro país está plagada de consideraciones semejantes. Sería, sin embargo lamentable que un día no lejano pudiera llegar a escribirse lo que don Ramón Pérez de Ayala dijera ya en 1917 con referencia a dos sonados juicios: «...púsose de claro en la conciencia española que la Administración de Justicia, ese órgano cordial, regulador de la vida de los pueblos,. no regía bien. La justicia era ancilla de la politica». A lo mejor el cadáver de don Ramón es también hoy acusado de desacato.