Tensiones socioeconómicas en las comunidades autónomas

El desarrollo y la clausura de las Primeras Jornadas de Estudios Socioeconómicos de las Comunidades Autónomas han puesto de manifiesto -como no podía ser de otra manera- las tensiones que, abierta o soterradamente, caracterizan la dinámica actual de la sociedad española. Los diferentes modelos sociales propugnados, las estrategias para su consecución y las luchas por el control de los centros de decisión, han tenido sus reflejos en estos encuentros cuya finalidad última era, no sólo enriquecer con aportaciones científicas la articulación del proceso autonómico, sino alentar positivamente la inquietud ante la magnitud de la tarea, la bisoñez general para afrontarla y el juego de intereses que tras ella se ocultan. En estos aspectos se puede afirmar que las jornadas han tenido mayor éxito del esperado, como ha puesto de relieve el interés en minimizarlas de aquellos grupos y personas que, ni han podido protagonizarlas, ni tienen posibilidad de capitalizarlas.Así, entre las declaraciones, personales o institucionales, se revela la preocupación ante las consecuencias que el cambio democrático pueda tener en órganos o instituciones hasta ahora regidos por la cómoda inercia autocrática. No sorprende, por poner algún ejemplo, el temor que se trasluce en las cajas de ahorro andaluzas por la colegiación real, no simplemente formal, de las decisiones; también ha causado un cierto desencanto en algunos sectores de participantes la falta de alusión a un proyecto de universidad de Andalucía, frente a la dispersión de universidades andaluzas y su aparente, al menos, desconexión.

En otro orden de cosas cabe sintetizar en tres los principales objetivos de este congreso abierto. Primeramente, la toma de conciencia con la realidad socioeconómica de cada comunidad y, por tanto, con los desequilibrios de toda índole, que, sin duda, constituyen el nudo gordiano en el proyecto de racionalización y construcción del Estado de las autonomías.

Un segundo objetivo sería el de hacer ver la ineludible necesidad de coordinar las políticas económicas y sociales de los entes autónomos o preautónomos con una política económica-social del Estado, que tenga en cuenta las interdependencias funcionales y los costes que se están pagando como consecuencia de una dinámica de crecimiento asimétrico.

En tercer y último lugar, se pensó que estos encuentros deberían ser punto de arranque y germen para la institucionalización de un órgano de consulta de las comunidades, un a modo de foro de debate científico intercomunitario, ante los problemas puntuales -generalmente conflictivos-, que se presentan en el cotidiano hacer una España de autonomías.

El debate de los mismos, dentro del marco técnico, debe preceder e iluminar la toma de decisiones políticas al respecto. En otras palabras, la norma de acción en cuanto a estrategias de consolidación autonómica debe apoyarse en criterios científicos relegando las geniales improvisaciones a situaciones salomónicas.

De no ser así peligra, desde nuestro punto de vista, el principio constitucional de solidaridad.

Tal vez el problema más arduo y espinoso para la consolidación de la democracia en España sea el autonómica: O existe una firme y explícita voluntad política de encuadrarlo en la equidad y la racionalidad, o se está expuesto al albur de exacerbar nacionalismos y cantonalismos -legítimos o espúreos, que en ello no entramos-, que, radicalizando sus posiciones, alienten una espiral de violencia de dificil contención democrática.

El tratamiento hasta ahora aplicado en el proceso autonómico no parece responder a las esperanzas puestas en la Constitución. En el caso concreto de Andalucía, las circunstancias objetivas de paro son caldo de cultivo adecuado a la proliferación de posturas extremistas, tanto más cuanto que -saliéndose de los cenáculos intelectuales- va calando en amplios estratos de la población la conciencia de agravio comparativo y la consecuente sensación de frustración.