Los empresarios de Vigo se niegan a pagar el impuesto de radicación

El Ayuntamiento de Vigo se podría ver envuelto en una de sus más importantes crisis si la confederación provincial de empresarios consigue su objetivo de congelar el pago del impuesto de radicación de sus asociados en el municipio.

La confederación de empresarios, adscrita a la CEOE y presidida por el ex alcalde de Vigo Antonio Ramilo, ha recomendado a sus asociados que recurran contra el impuesto de radicación y que agoten las vías del Tribunal Provincial Económico-Administrativo, Audiencia Territorial y Tribunal Supremo, de tal modo que más de trescientos millones de pesetas queden congelados durante unos dos años mientras se resuelven los sucesivos recursos.Los empresarios están dispuestos a utilizar la vía de los recursos, con el aparente propósito de presionar al ayuntamiento, que necesita con urgencia el dinero, y que se, verá privado de él, al menos, en un par de años. Si se tiene en cuenta que la actual corporación, presidida por el socialista Manuel Soto, tiene un mandato de tres años más, la capacidad coercitiva de la medida empresarial parece enorme.

Con un déficit heredado de unos mil millones de pesetas, el Ayuntamiento de Vigo tiene un presupuesto para 1980 de 2.460 millones, de los que, deducidos los gastos obligatorios, quedarían entre sesenta y ochenta millones de pesetas disponibles. Con esta cantidad, el Ayuntamiento dispondría de una capacidad de crédito cercana a los mil millones de pesetas, que le permitirían hacer frente a un sinnúmero de iniciativas, congeladas por dificultades financieras. Proyectos como el plan de regulación del tráfico, nuevo matadero industrial, mercado central de frutos, red arterial o el desarrollo del plan general de ordenación urbana se verían bloqueados si los trescientos millones de pesetas del impuesto de radicación llegan a quedar congelados durante dos años. Ni siquiera los gastos obligatorios podrían ser atendidos y habría dificultades inmediatas para hacer frente a la nómina de los funcionarios, que ascienden a 1.500 millones de pesetas anuales, entre salarios y cuotas de la mutualidad.

El alcalde ha entendido el reto como una declaración de guerra, aunque duda de que la confederación de empresarios lleve adelante sus amenazas. Manuel Soto ha manifestado que si hay guerra será con todas sus consecuencias.

Todo el problema se inició con la aprobación por la corporación municipal de aplicar el máximo permitido por la ley en el impuesto municipal de radicación. Los empresarios protestaron reiteradamente, esgrimiendo datos comparativos con otras ciudades de España y, al menos en apariencia, se han decidido a presionar contra las necesidades del Ayuntamiento para conseguir una reducción en el impuesto.

En el Ayuntamiento de Vigo reina un cierto nerviosismo, al tiempo que el alcalde mantiene la posición de no modificar el acuerdo plenario y exigir el pago del impuesto de radicación en los términos que la ley le permite. El argumento último para ellos es la imposibilidad de hacer frente a las exigencias de gobierno de la ciudad si el dinero de los empresarios no es ingresado en las arcas municipales en la cuantía acordada.

En una entrevista del presidente de la confederación provincial de empresarios con el delegado provincial de Hacienda de Pontevedra, aqueI expresó su preocupación por lo que calificó como desmedido aumento de los impuestos muuicipales.