La crisis internacional permite a la CIA recuperar sus antiguos poderes

El despacho S-407 del ala del Capitolio, destinado al Senado, cuenta en su interior con un número más que suficiente de aparatos de protección electrónicos, además de tener guardias armados en el exterior. Todo ello para proteger sus secretos.El miércoles día 9 de enero, durante el descanso navideño de Congreso se convocó a un pequeño grupo de senadores a una reunión en el despacho S-407, el más «seguro» de todo el Congreso, con altos funcionarios de la Agencia Central de Inteligencia. Asunto a tratar: presentación por parte de la CIA de los planes de operaciones paramilitares secretos en Afganistán.

Entre los senadores estaban Birch Bayh, de Indiana, presidente del Comité Especial de Inteligencia; Barry Goldwater, de Arizona, vicepresidente, y Joseph R. Biden hijo, de Delaware, más el director de operaciones del comité, William G. Miller, y el líder del grupo parlamentario de la minoría, Earl D. Eisenhower. En representación de la CIA se hallaban el subdirector de Inteligencia, Frank C. Carlucci, acompañado de John McMahon, subdirector de Operaciones, máximo responsable de las operaciones clandestinas.

Carlucci presentó en la reunión un nuevo programa secreto de ayuda a las guerrillas musulmanas antisoviéticas de Afganistán. Como ya sabían los senadores desde noviembre del año anterior, la CIA estaba ayudando a los rebeldes en secreto, una ayuda limitada, consistente en hospitales de campaña y equipos de comunicaciones. Pero tras la invasión soviética del día 27 de diciembre, el Gobierno Carter decidió aumentar el pro grama de ayuda en forma significativa. La CIA tenía la intención de ,abastecer a los rebeldes afganos de rifles de asalto AK-47, de fabricación soviética, procedentes de depósitos norteamericanos, de baterías antitanques transportables y de misiles tierra-aire SAM-7, además de rampas de lanzamiento. (Los Sam serían entregados en previsión de una ofensiva de primavera anticipada desde el momento en que el tiempo permitiera un mayor uso de aviones y helicópteros por parte de los soviéticos, ofensiva que ya ha comenzado.)

Los senadores escucharon y no pusieron ninguna objeción importante. Al día siguiente, Carlucci informó a la Casa Blanca de los resultados de la reunión, y el presidente Carter firmó una orden presidencial que ponla en marcha todo el programa.

Una cuestión de rutina

A pesar de todo el secreto y de la jugada internacional de altos vuelos que el programa suponía, el proceso desde la reunión en el despacho S-407 hasta la firma de la orden presidencial fue una cuestión de rutina. No era más qué un ejemplo, entre muchos, del control de las operaciones de inteligencia norteamericanas, tal como se había desarrollado en los últimos cinco años: un equilibrio entre las necesidades de seguridad nacional de la CIA y los deseos del Congreso de intervenir en las decisiones de política exterior y salvaguardar los derechos individuales.de los ciudadanos norteamericanos. Según fuentes de ambos lados, la agencia ha informado a los comités del Congreso en cuestión, de todos sus planes, y los comités, con muy pocas excepciones. al parecer, se han mostrado de acuerdo.

Sin embargo, esa relación está actualmente sufriendo un cambio considerable. La CIA y otras agencias de inteligencia persiguen, de manera abierta y con bastante éxito, una mayor independencia de cara al Congreso, así como la supresión de una serie de limitaciones. La «liberación» de la CIA está en marcha.

He aquí algunos ejemplos:

- El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes ha aprobado un proyecto de ley que quitaría a los comités de inteligencia del Congreso el derecho a controlar. las operaciones secretas de la CIA. Es bastante probable que el Congreso apruebe tal proyecto este año.

- Otro proyecto, anteriormente apoyado por la Administración Carter, que hubiera definido, por primera vez, los poderes de las agencias de inteligencia, tiene po cas posibilidades de salir adelante en el Congreso.

- Un proyecto de ley para enmendar la ley de Libertad de Información, con la finalidad de proteger los secretos de la agencia, es casi seguro que sea aprobado por el Senado. Por otra parte, una decisión del Tribunal Supremo te ha concedido una mayor protección.

- Se ha suspendido la prohibición interna de la propia CIA de utilizar periodistas, clérigos y académicos norteamericanos en operaciones secretas.

Estos ejemplos señalan un cambio sorprendente en la actitud de la Casa Blanca y de gran parte del Congreso con respecto a los servicios de inteligencia. Reflejan asimismo un cambio de puntos de vista sobre el mundo y el lugar que ocupa Estados Unidos. Desde Afganistán a Irán, pasando por Namibia y las Antillas, el público norteamericano y muchos de sus dirigentes consideran que los intereses de Estados Unidos están en peligro. De la misma manera, gran parte de los norteamericanos consideran que la CIA es la clave de la seguridad de Estados Unidos en el futuro.

Hace poco, un veterano legislador comentó en el comedor del Senado: «Incluso los antiguos liberales se están volviendo precavidos. Muchos siguen creyendo de manera decidida que los comités del Congreso deben estar plenamente informados de las operaciones secretas importantes, pero sus opiniones están siendo cada vez más contestadas».

Hace cinco años. eran los liberales los que ponían en tela de juicio las antiguas ideas. Tras la guerra de Vietnam, el Congreso examinó detenidamente las actuaciones demasiado libres de la CIA. El pimer resultado concreto fue la enmienda Hughes-Ryan a la ley de Autorización y Ayuda Exterior de 1974. Tal enmienda especificaba que no podrían emplearse fondos en ninguna operación de espionaje secreta, a menos que se informara de «manera oportuna» al comité del Congreso. La salida a la luz de los informes sobre las actuaciones secretas o ¡legales de la CIA contra los disidentes políticos norteamericanos (cuyo nombre en clave cra «operación caos») llevó a la apresurada creación de un comité especial que debía estudiar las medidas del Gobierno respecto a las actividades de espionaje; el senador Franck Church, de Idaho, fue elegido presidente.

El comité fue descubriendo detalladamente los planes de la CIA para asesinar al presidente cubano, Fidel Castro, y al congoleño Patricio Lumumba, as! como del papel crucial que desempeñó la agencia en la creación del clima adecuado para que el presidente de Chile, Salvador Allende Gossens, un marxista elegido democráticamente, pudiera ser derribado en 1973 por los militares chilenos. El comité descubrió también que la agencia había estado llevando a cabo experimentos de control de la personalidad, suministrando LSD y otras drogas a individuos sin su conocimiento, pasando dinero de manera encubierta a partidos políticos extranjeros, con el objetivo de influir en el resultado de las elecciones, y reclutando periodistas, clérigos y académicos norteamericanos para desarrollar trabajos secretos de espionaje.

El Congreso exigió la limitación de la capacidad efectiva de la CIA para realizar política exteriory que se pusiera fin a su injerencia en las libertades individuales de los ciudadanos estadounidenses. Se concedieron responsabilidades de control a ocho comités, cuatro en cada Cámara. La agencia perdió un considerable apoyo político y popular, y sus dificultades se vieron aumentadas por una serie de fracasos en Africa, el sureste asiático y Oriente Próximo.

Prohibidos los asesinatos

El presidente Carter parecía estar de acuerdo con la línea dura. En enro de 1978 dio una orden del Ejecutivo, prohibiendo todo tipo de operación ilegal contra ciudadanos norteamericanos y los asesinatos de dirigentes políticos extranjeros. Ordenó asimismo a sus ayudantes que colaborasen con el nuevo Comité Especial de Inteligencia en la elaboración de leyes que, por primera vez, señalaran claramente los poderes y las limitaciones de los servicios de inteligencia. (Esta medida apareció este año en lo que podría ser la futura ley de Inteligencia Nacional de 1980, conocida popularmente por «las Cartas»).

Dentro de la misma orden del Ejecutivo, el presidente pedía la reorganización de los servicios de inteligencia en aras de una mayor eficacia. Carter concedió al director de Inteligencia Central un control, inexistente hasta entonces, sobre los presupuestos de las diversas agencias. El almirante Stansfield Turner, elegido por el presidente para el cargo de director de Inteligencia Central, respondió a las críticas de la CIA con una reducción de personal masiva, contribuyendo con ello a minar la moral de la agencia.

Entre él mundillo relacionado con las operaciones de espionaje se considera que no ha habido cambio alguno en cuanto a la eficacia de la labor de la agencia que explique la reciente popularidad de la CIA en Washington. En la central de la agencia en Langley, la moral sigue estando baja. El almirante Turner se ha visto obligado a con tratar de nuevo a algunas de las personas que él mismo despidió. (La falta de personal de operaciones clandestinas con experiencia en El Salvador, al borde de la guerra civil, obligó a contratar de nuevo a un agente despedido anterior mente, sobre la base de sus propias condiciones.) En opinión de muchos funcionarios del Gobierno, la calidad del análisis de los datos re cogidos por los servicios de inteligencia continúa siendo mata, a pesar de los cambios habidos en las altas esferas; de igual manera, se considera que el conocimiento de la agencia de la situación interna en puntos clave, tales como Arabia Saudí, Vietnam y Afganistán, es todavía insuficiente.

El punto central

El punto central del actual debate sobre la CIA es hasta qué punto, en qué medidas y, muy importante, cuándo debe informarse a los comités de control del Congreso sobre las operaciones secretas de importancia, que pueden ir desde el apoyo militar a los rebeldes afganos hasta operaciones en las revueltas Antillas. La enmienda Hughes-Ryan es la única ley existente que obliga a la CIA a informar de sus operaciones clandestinas. La forma concreta en que está redactada la ley concedió a la agencia cierto margen de interpretación en lo referente a la cuestión del «cuándo»; da lugar a sinceras diferencias de opinión en cuanto al significado de la frase «de manera oportuna». Sin embargo, resulta inequívoca la obligación de informar acerca de cualquier operación secreta.

Parece que hay consenso entre los congresistas que forman parte de los principales comités de inteligencia en cuanto que la CIA les ha informado con precisión de las operaciones clandestinas, y que «de manera oportuna» ha significado generalmente antes de los acontecimientos. De lo que no tienen forma de asegurarse es, por supuesto, de lo completo del informe.

Un ejemplo en el que la agencia decidió no informar al Congreso de sus actividades clandestinas se dio en el caso de los diplomáticos norteamericanos que huyeron a la Embajada de Canadá en Teherán, antes del asalto de los estudiantes iraníes a la Embajada de Estados Unidos. (La agencia falsificó los pasaportes y los visados de salida que permitieron a los diplomáticos salir de Irán como ciudadanos canadienses.) Sin embargo, Washington no consideró este incidente como una violación de la enmienda Hughes-Ryan.

Normalmente, los comités de control escuchan los informes de la CIA y dan su aprobación, pero ha habido ocasiones en las que un comité del Senado o de la Cámara de Representantes. ha puesto a votación la aprobación o el desacuerdo con la acción propuesta. En tales casos se comunica por carta el desacuerdo al presidente. Parece ser que de esta manera se han impedido algunas operaciones clandestinas. El presidente del comité, Bayh, afirma tan sólo: «La Casa Blanca nos escucha».

El 12 de marzo, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes votó a favor de un proyecto de ley que sustituiría a la enmienda Hughes-Ryan. Una parte del proyecto limitaría las informaciones a los miembros de los comités especiales de inteligencia. (Los enemigos de la anterior ley afirman desde hace tiempo que obligaba a informar a más de doscientos miembros de los ocho comités del Congreso relacionados con el control de los servicios de inteligencia. En la práctica, como ha demostrado un estudio reciente, no eran ni cincuenta los congresistas a los que se informaba, y los comités se han reducido a siete.)

Por encima del Congreso

El aspecto más significativo del nuevo proyecto de ley permitiría al presidente pasar por encima del control del Congreso. Tal medida se permitiría en circunstancias «extraordinarias», cuando se viese afectado el interés nacional, o para proteger la seguridad de los miembros y métodos de la agencia.

El resultado sería que el control del Congreso quedaría a juicio del presidente. Es éste el principal objetivo perseguido por la Administración, ya que el argumento de la CIA y de la Casa Blanca es que la obligación actual de discutir las operaciones clandestinas con los miembros del Congreso impide a la agencia llevar a cabo importantes empresas. Efectivamente: el almirante Turner dijo en una reunión del Congreso, en febrero pasado, que había decidido cancelar ciertas operaciones clandestinas, que juzgaba altamente delicadas, para evitar tener que informar sobre ellas de acuerdo con lo especificado en la enmienda Hughes-Ryan.

El temor a las filtraciones del Congreso a la prensa está presente en todos los puntos del debate sobre el control del Congreso. Muchos congresistas consideran mortificante el que se les acuse rutinariamente de ser incapaces de guardar un secreto de defensa nacional. El almirante Turner admitió, en un acalorado debate público con Birch Bayh, que no conocía ningún caso de filtraciones de fuentes del ,Congreso. Los periodistas que cubren los temas de seguridad nacional están de acuerdo en que los comités del Congreso guarden bien sus secretos y en que es más probable que las filtraciones se den en el Ejecutivo. Declarando sobre ese punto ante el Congreso, el 19 de marzo, el vicealmirante Bobby R. Inman, director de la supersecreta agencia de seguridad nacional, dijo, sin rodeos: «Mis experiencias con estos dos comités han sido más positivas que las que tuve con el Ejecutivo».

La aprobación, por parte del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, del proyecto de ley que sustituirá a la enmienda Hughes-Ryan representa una victoria preliminar importante pata la CIA y sus defensores en el debate sobre el control, y no sólo porque posibilita el cambio de la ley primitiva. El nuevo proyecto es un primer paso en lo que el representante demócrata de Wisconsin, Les Aspin, llama un ataque «escalonado» a la ley de Inteligencia Nacional, las futuras cartas de las agencias de inteligencia. (El segundo paso, al que nos referiremos más adelante, es la presentación de un proyecto de ley separado, que protegería los secretos de la CIA del conocimiento público.)

Dos años de preparación y 87 columnas mecanografiadas en las actas del Congreso, las cartas tienen como objetivo clarificar las funciones y las responsabilidades, así como las limitaciones constitucionales de las agencias de inteligencia norteamericanas. Las cartas especifican también las limitaciones a sus actividades dentro de Estados Unidos de la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Inteligencia del Ejército. También se incluye el Buró Federal de Investigación (FBI), que tiene a su cargo el servicio de contrainteligencia nacional.

El presidente Carter fue, desde el principio, un fuerte defensor de la ley, y en su discurso ante el Congreso, del 23 de enero, habló de estar a favor de «una rápida aprobación de la nueva carta. Pero, a continuación, añadió: «Garantizaremos que no se dé ningún abuso, aunque tenemos que reforzar los controles sobre información de inteligencia delicada, y necesitamos eliminar las limitaciones injustificadas a la capacidad de Estados Unidos para obtener informaciones secretas.

El Congreso aplaudió y el almirante Turner sonrió satisfecho; las cámaras de televisión recogieron debidamente la imagen. Menos de un mes después, seguido de un grupo de silenciosos ayudantes, entró en una sala de sesiones del nuevo edificio de despachos del Senado para dar su punto de vista sobre el tema.

Ocho puntos

El director de inteligencia central enumeró ocho puntos de las Cartas que resultaban indeseables a los ojos de la Administración. Pero los que realmente le resultaban a él molestos eran los puntos que especificaban que los comités de inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes debían ser «plena y regularmente informados de todas las actividades de espionaje..., incluyendo los planes preliminares de todas las actividades, de inteligencia importantes ».

Las Cartas van mucho más allá de la enmienda Hughes-Ryan en cuanto a la exigencia de que el Congreso sea informado de las operaciones secretas. También mencionan la cuestión del momento oportuno para el control del Congreso. La palabra clave es «planeadas». La ley de Inteligencia Nacional exigiría informar a los comités por adelantado.

El almirante Turner informó al Senado de que las operaciones secretas son responsabilidad del ejecutivo, y de que «no es adecuado compartir tal responsabilidad con el Congreso». Dijo que las operaciones a largo plazo deberían compartirse con el Congreso a su comienzo, pero que obligar por ley a una previa notificación «significaría una excesiva intromisión del Congreso en el ejercicio por parte del presidente de los poderes que te confiere la Constitución».

Unas cuantas figuras influyentes del Senado, entre ellos Robert Byrd, de Virginia Occidental, jefe del grupo parlamentario mayoritario en el Senado, apoyan la provisión de: previa notificación. Argumentan que en cuestiones de espionaje, así como en otros aspectos de política exterior, el ejecutivo debe comunicar sus planes al Congreso si se quieren evitar catástrofes del tipo de la bahía Cochinos. El representante Aspin dice que los que planearon la invasión de Cuba en 1961 deben haber estado convencidos de lo acertado de sus acciones, pero que les faltaba la opinión crítica de otros grupos que podía haber influido en el resultado. Añade que en una situación mundial incierta y en tensión esto podría volver a suceder.

Daniel Patrick Moynihan, miembro del Comité Especial de Inteligencia del Senado y defensor de una CIA fuerte, se muestra también favorable a la notificación previa y tiene una opinión poco favorable de la oposición del presidente. En una sesión sobre las Cartas, Celebrada recientemente, expresó sus preocupaciones sobre «aquellos bonitos ideales» de compartir los secretos de inteligencia con el Congreso que la Administración Carter había traído consigo a la Casa Blanca hace tres años. Ha expresado también ciertos comentarlos sarcásticos sobre el papel del vicepresidente Mondale como enemigo decidido de las Cartas. Mondale, en su calidad de antiguo miembro del primitivo Comité de Inteligencia del Senado que investigó las actuaciones ilegales de la CIA, era un ardiente defensor del control del Congreso, al igual que su ayudante principal en aquella época, David Aaron, actualmente segundo consejero de Seguridad Nacional del presidente Carter.

El tradicional enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo

De una manera curiosa, en los últimos años la batalla ha pasado de una preocupación esencial por los derechos individuales a la tradicional lucha por el poder entre el Congreso y el Ejecutivo. Este cambio refleja, en parte, los importantes avances en la protección de los derechos individuales mediante leyes ya aprobadas o en elaboración.

Una ley aprobada el año pasado, por ejemplo, exige un mandamiento judicial de un tribunal especial formado por siete jueces federales antes de que la CIA o cualquier otra agencia de inteligencia pueda colocar aparatos de escucha electrónicos a ciudadanos norteamericanos sospechosos de relaciones con servicios de inteligencia extranjeros. En resumen, el presidente tiene que dar al tribunal unos razonamientos convincentes.

(Una notable excepción a tales limitaciones ha sido la insistencia del almirante Turner de que las Cartas se elaboren de forma que se le permita intervenir las conversaciones telefónicas de los funcionarios extranjeros, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, que tienen doble nacionalidad, la norteamericana y otra de un pais extranjero. Dos personajes en esta situación eran el antiguo ministro iraní de Asuntos Exteriores, Ibrahim Yazdi, uno de los primeros seguidores del ayatollah Jomeini, y la antigua primera ministra israelí Golda Meir. Se cree que la CIA les espió en cierta época, violando el derecho a su intimidad. El almirante Turner consideró este tema lo suficientemente importante como para incluirlo entre los artículos de las Cartas que consideró indeseable en su declaración ante el Senado.)

Otro punto relativo a los derechos civiles ha sido el derecho de la CIA a controlar la publicación de cualquier información sobre sus actividades. El senador Moynihan ha presentado un breve proyecto de ley que trata la cuestión en dos aspectos.

En primer lugar enmendaría la ley de Libertad de Información, tal como lo ha solicit ado la Casa Blanca, poniendo un límite al respecto a la ley por parte de la CIA. Según la ley actual, cualquier individuo u organización puede pedir información específica a cualquier agencia gubernamental; la única excepción son aquellos documentos que pueden poner en peligro la seguridad de la nación. Una de estas solicitudes, por ejemplo, fue la que hizo que saliera a la luz pública el proyecto MK-ultra: los experimentos realizados por la CIA sobre el control de la personalidad por medio de drogas en los años cincuenta y sesenta. En el proyecto de esta breve ley, la agencia estaría obligada tan sólo a dar la información personal que tuviera del individuo que lo pida, además de lo denominado «información cerrada», análisis a grandes rasgos de la situación de países extranjeros. La agencia no tendría que revelar sus procedimientos de trabajo o ninguno de sus proyectos secretos, cualquiera que sea su antiguedad.

Al parecer, la polémica pública sobre tal propuesta está aumentando. El mes pasado, 150 organizaciones e individuos se unieron para enviar una carta a los comités del Congreso, protestando contra los cambios que amenazan con «perjudicar importantes investigaciones históricas y periodísticas, así como con poner trabas al desarrollo del debate público». Es vital, continuaba la carta, que la ley de Libertad de Información «no sea sacrificada por una reacción apresurada, o no bien pensada, ante las actuales tensiones internacionales». Entre los firmantes de la carta estaba la Asociación Norteamericana de Historia, la Asociación Norteamericana de Editores y la Federación Norteamericana de Científicos.

En segundo lugar, el proyecto de ley de Moynihan establecería sanciones penales contra todos los funcionarios del Gobierno que revelasen los nombres de los oficiales y agentes de inteligencia norte.americanos. La CIA ha estado intentando conseguir una ley de este tipo desde que Philip Agee, antiguo oficial de la agencia, comenzó en 1974 a publicar listas de miembros de la agencia, operando secretamente desde el extranjero. A pesar de que el almirante Turner está también a favor de imponer sanciones penales a aquellas personas que, sin trabajar para el Gobierno, publiquen nombres de agentes de la CIA, el senador Moynihan ha retirado tal artículo de su proyecto, en base a que violaría la primera enmienda de la Constitución.

Un punto de continua polémica entre la agencia y el público norteamericano ha sido el empleo por la CIA de periodistas, clérigos y académicos norteamericanos para operaciones clandestinas en el extranjero. Según los oficiales de la agencia, generalmente no se les pide que descubran información secreta. Su valor reside en su capacidad para iniciar contacto con personas en el extranjero, a las que a la agencia les gustaría reclutar, en aquellos casos en que la misma agencia carece de contactos directos.

En respuesta a esto, en 1977 la agencia decretó una prohibición interna de tal práctica, y las cartas, en su actual redacción, también lo prohíben. Sin embargo, el director de la CIA se opone a que aparezca esto en las cartas, insistiendo en que quiere contar con cierto margen que le dé la posibilidad de emplear a estos aficionados en circunstancias especiales.

En Washington se opina que las cartas no serán aprobadas por el Congreso en 1980. El Senado tiene un calendario muy cargado, y los miembros del Congreso están metidos en un año electoral; además de que la opinión prevaleciente sobre el tema es a favor de un control menor sobre la CIA, y no de su aumento. En realidad, el desarrollo más probable es lo que el representante Aspin describió como un ataque «escalonado». Al parecer, el Congreso cuenta actualmente con los votos suficientes para enmendar o suspender la enmienda Hughes-Ryan, eliminando de ese modo parte o todas las obligaciones de presentar informes de la CIA. El breve proyecto de ley presentado por el senador Moynihan tiene una buena posibilidad de ser aprobado a finales de año. Como dijo el otro día un veterano senador, que pidió que no se diera su nombre, «la realidad es que la Administración nos ha engañado, por no decir traicionado, y parece que hemos retrocedido en lo que se refiere a cualquier control significativo por parte del Congreso de las operaciones secretas de la CIA».