Supuesta malversación de mil miliones en indemnizaciones a evacuados del Sahara
La Cornisión de Peticiones del Senado ha abierto una investigación sobre una supuesta malversación de más de mil miilones de pesetas en el pago de indemnizaciones a «presuntos comerciantes e industriales» españoles evacuados del Sahara. En la denuncia que ha dado lugar a esta decisión se señala que una cifra muy superior a la cantidad antes citada ha sido malversada «descaradamente» en la distribución de las indemnizaciories citadas.La denuncia está firmada por Manuel Ayala, un particular que tuvo negocios en el Sahara, quien señala que en la mayoría de los más de quinientos expedientes cerrados, en virtud de los acuerdos adoptados por la Comisión para la Transferencia de los Intereses Españoles en el Sahara, no se cumplen las condiciones promulgadas para tener derecho a ser indemnizados: títulos de propiedad, efectiva cesión de los bienes al Estado español, justificantes de Hacienda como contribuyentes, haber sido evacuados interrumpiendo sus actividades comerciales y pruebas del abandono de sus bienes.
La agencia Efe, que facilita esta noticia, señala que los hechos denunciados ahora en el Senado fueron notificados previamente al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en las fechas del 1 de abril y 18 de junio del año pasado, sin que hubiera respuesta.
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Presuntas indemnizaciones ilegales
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En el informe al Senado figura una relación nominal de las indemnizaciones abonadas a presuntos comerciantes e industriales evacuados del Sahara, según relación publicada en la prensa de Canarias por la «comisión para la transferencia de los intereses españoles en el Sahara». Entre estos casos están -siempre en versión del denunciante- los siguientes:
- Cubiertas y Tejados, SA. Un año después de la evacuación, esta compañía vendió sus propiedades. Fue indemnizada con la cantidad de 97.186.779 pesetas por unas propiedades que ya no erar, suyas,
- Transahara, SA. Sus propiedades en El Aaiún fueron vendidas después de la evacuación, aunque eran propiedad del Gobierno. Percibió una indemnización de 29.301.398 pesetas.
- Transportes Auxiliares del Sahara, SA. Ejercía su actividad como consignatario de buques en Villacisneros. En 1968 fue embargado por la Administración del Sahara todo su patrimonio, por deudas con el mismo. A la Junta de Obras del Puerto le debía 800.000 pesetas, que, por insolvente, dejó impagadas. Hacía años que estaba ausente de los territorios y, por tanto, no fue evacuada. Recibió 19.376.781 pesetas.
- Sebastián González Santana. Estuvo instalado en Villa Cisneros, y posteriormente se trasladó a El Aaiún, donde abrió una carnicería. Cuando la evacuación, llevó a la Península tres coches Mercedes y un Toyota, alegando traslado de residencia. Esta persona no ha abandonado aún El Aaiún y sigue explotando su negocio con los marroquíes en la actualidad. Percibió una indemnización de 25.876.000 pesetas.
- Domingo Salas Anaya. No fue evacuado. Permanece en El Aaiún con el mismo negocio. Algunas de sus propiedades inmuebles las vendió a un comerciante nativo. Fue indemnizado con 23.808.957 pesetas.
- Armando Alvarez, SA. Vendió sus almacenes de El Aaiún al Gobierno marroquí, pese a lo cual el Gobierno español le indemnizó con la cantidad de 20.134.978 pesetas.
- Juan Betancort Borges. Fabricaba bloques de cemento en El Aaiún, y no estaba dado de alta en Hacienda. Cuando la evacuación, se trajo sus máquinas a Las Palmas de Gran Canaria, en barco fletado por el Gobierno. Posteriormente las vendió a un nativo y las máquinas volvieron a El Aaiún. Se le indemnizó con 15.270.067 pesetas.
Junto a estos casos figuran los de Pascual Fernández Ríos: 7.967.158 pesetas, Manuel Sebastián García Rosado: 12.820.578 pesetas, José Sánchez Ayora (Incoesa): 5.899.761 pesetas, Cruz Martín Rodríguez, 9.110.285 pesetas, Francisco Pérez García: 1.500.000 pesetas, Armando Medina Vega (Alcorde): 19.000.000 de pesetas, Salvador Vicario Méndez: 5.901.646 pesetas y Transportes Atley, SA: 20.412.500 pesetas.
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