El transporte y la inspección del Estado

La sociedad demanda una inspección eficaz en el controvertido sector del transporte, necesidad ésta sentida tanto por las empresas como por los usuarios. Sin embargo, esta demanda social no es atendida de forma adecuada por la Administración pública; por ello, la Asociación de Funcionarios del Cuerpo de Inspectores del Transporte se cree en la obligación de poner en conocimiento de la opinión pública una serie de datos y circunstancias incomprensibles sobre la situación en la que se encuentra en la actualidad dicha inspección estatal.Entre los objetivos de la nueva política de transportes en nuestro país, cuyas orientaciones están contenidas en el denominado Libro Blanco, figura la potenciación del ejercicio de las potestades públicas inspectoras a fin de imponer el cumplimiento de las leyes, evitar las distorsiones del mercado y salvaguardar la seguridad del transporte. Por otro lado, dicha política ha de tener en cuenta el propósito expresado por nuestro país de integración en la Comunidad Económica Europea, que se traducirá en su momento en un aumento de los tráficos con los países comunitarios, lo que obligará forzosamente a mejorar la calidad, competitividad y seguridad de todos los servicios y prestaciones del transporte a un nivel análogo al existente en los países miembros de dicha comunidad. Respecto a estos puntos debe tenerse en cuenta que la Inspección abarca cometidos con repercusiones que afectan hondamente a la sociedad (recuérdense los tristes sucesos de Santa Cristina de la Polvorosa, Salamanca, Los Alfaques, etcétera, con pérdidas de numerosas vidas humanas), y a la seguridad y economía nacional (Asturias, pérdidas de diez mil millones de pesetas; Vizcaya, doce mil millones, etcétera).

Necesidad de la inspección y penuria de medios

Se hace imprescindible potenciar la inspección en el sector, particularmente en el transporte de mercancías peligrosas, en los servicios regulares de viajeros y en los escolares, dotándola de los medios jurídicos, personales y materiales necesarios para llevar a cabo con eficacia su cometido, y de los cuales carece en la actualidad casi en absoluto. Así, es paradójico que los funcionarios del Cuerpo de Inspección del Transporte, únicos especialistas en Derecho y Economía del Transporte en la Administración, encargados de la dirección de dicha Inspección, se encuentren en la actualidad en una injustificable situación de marginación y, lo que es peor, ignorados.Este Cuerpo Superior de la Administración, creado a finales del siglo pasado, prestó sus servicios en la Intervención del Estado en las compañías de ferrocarriles, con unas categorías administrativas similares e incluso superiores a la de otros cuerpos del Estado especialistas en la inspección de otros campos. En 1965, al establecer los coeficientes multiplicadores verdaderas categorías administrativas, y sin duda alguna por oscuras razones injustifcables de predominio de los cuerpos de titulación técnica sobre los demás cuerpos superiores no técnicos (letrados, economistas, etcétera), se les asignó en el entonces Ministerio de Obras Públicas una categoría inferior a la de aquéllos. En 1980 este cuerpo se encuentra en una situación de evidente discriminación retributiva respecto a otros cuerpos del mismo nivel de titulación y con funciones de similar trascendencia para la vida nacional. De un estudio comparado de las retribuciones de dichos cuerpos se deduce que el inspector del Transporte percibe poco más del 30% de un inspector tributario y de un 50% de un inspector de Trabajo, a pesar de que les corresponde idéntico sueldo base o índice de proporcionalidad, debiéndose la diferencia a la entrada en juego de las remuneraciones complementarias, y así, en el concepto denominado incentivo de cuerpo (que premia la productividad de los funcionarios pertenecientes a un cuerpo determinado), tiene asignada una retribución mensual de 3.925 pesetas, correspondiendo, en cambio, a otros cuerpos inspectores 50.000 y hasta 150.000 pesetas.

Además, y en contraste con los demás cuerpos de nivel superior, el 56% de la plantilla está sin complemento de destino por especial responsabilidad, a pesar de que en la práctica son los responsables del transporte aproximadamente en el 80% de las provincias, ya que los cargos de subdelegados provinciales y otros puestos cualificados, después de casi tres años de vida del departamento, no han sido designados.

Incomprensiblemente, por otro lado, ha sido ignorada su posible intervención en el estudio de temas tan importantes para el sector como, por ejemplo, entre otros muchos, la elaboración del Libro Blanco del Transporte, elaboración de la normativa reguladora del sector, el Transporte y las Autonomías, y en fin hasta incluso en la programación de formación de cuadros de expertos en normativa sobre transportes de la CEE.

¿Es así como se piensa potenciar la Inspección del Transporte?

Devolución del incentivo de cuerpo

Ante este estado de cosas, los funcionarios del Cuerpo de Inspectores del Transporte, entre otras medidas, han optado por exponer la situación a la opinión pública y, por supuesto, han devuelto al Tesoro Público el incentivo mensual de 225 pesetas que, con carácter transitorio, les fue asignado en el pasado enero en virtud de la vigente normativa presupuestaria. Las razones que motivaron dicha devolución fueron las siguientes:- Primero, por la evidente contradicción existente entre la intención de la Administración de potenciar la actividad inspectora del Transporte y la indignante situación de los funcionarios encargados de dirigir dicha Inspección.

- Segundo, porque, como consecuencia de su marginación, el Inspector del Transporte se en cuentra en una situación delicadísima respecto a su prestigio, dignidad y orgullo de profesional que han sido menoscabados sin merecerlo.

- Por último, porque hemos querido recordar con esta actitud a los departamentos ministeriales competentes que la mendicidad está fuera de la ley en nuestro país.

Conclusión

Sabemos que a veces la Administración pública, sin desearlo, conduce a situaciones tan absurdas e injustas como éstas. Pero estas situaciones no deben ser perennes y, una vez denunciadas y demostradas, la Administración tiene la obligación de corregirlas. El Cuerpo de Inspección del Transporte tiené fe en las instituciones democráticas y, está convencido de que se estudiarán los medios precisos a fin de que, repetimos, se dote a dicha Inspección de los medios jurídicos, personales y materiales necesarios para que puedan llevar a cabo con eficacia su cometido y que el aumento a niveles adecuados en la calidad, competitivídad y seguridad del transporte se haga realidad en breve plazo. Esperamos que, de este modo, casos como los de Santa Cristina de la Polvorosa, Salamanca, Los Alfaques, infinidad de accidentes ferroviarios, etcétera, no se vuelvan a repetir. El tiempo nos lo dirá.