El Estado emite 15.000 millones de pesetas en deuda pública y aumenta la desgravación

El Gobierno ha conseguido la cuadratura del circulo con la emisión de deuda pública de 15.000 millones de pesetas, amortizable en tres y cuatro años, que publicó ayer el BOE. La Dirección General del Tesoro aumenta la deducción por cuota (del 15%, en 1979, al 22%, en 1980), con lo que disminuye sus ingresos -contra la finalidad de la propia emisión y las necesidades de financiar el déficit público- y, por otra parte, no ha conseguido lo que parecía el propósito fundamental del aumento de la deducción, que consistía en reducir a cambio los tipos de interés.

La realidad ha venido a quitar la razón a los ministros -e incluso al vicepresidente económico- que pensaron mejorar las condiciones de la emisión con el sacrificio del Estado porque el objetivo prioritario cuando se discutió la ley general de Presupuestos era tratar de disminuir a toda costa los tipos de interés. El efecto de la emisión actual va claramente en contra de ese objetivo del Gobierno, ya que al aumentar la deducción y mantener el mismo tipo que el año pasado, pero con un año menos de plazo, lo que se consigue de hecho es que aumente el precio del dinero en todo el sistema financiero, dificultando aún más la descongelación de la inversión y la creación de puestos de trabajo. «Hemos hecho un pan con unas tortas», ha comentado a EL PAIS un funcionario de Hacienda.El plazo de suscripción para esta emisión de 15.000 millones, ampliables a 20.000, que los expertos recomiendan, por sus buenas condiciones, para el público, comenzará el próximo día 15 de abril y terminará el 7 de mayo. La deuda devengará un interés anual del 12,5%. Se formalizará en títulos al portador de 10.000 pesetas cada uno, que llevarán la fecha del 7 de mayo de 1980, desde la que comenzará el devengo de intereses, y el pago de los mismos se realizará por semestres vencidos.

La deuda que se emite por esta orden tendrá asimismo todas las garantías, inmunidades y privilegios de las deudas del Estado.

Los Presupuestos Generales del Estado prevén emisiones de deuda pública por valor de 100.000 millones de pesetas, para financiar una parte del déficit público que para 1980 se estimó en 290.000 millones de pesetas, aunque expertos consultados muestran una sensible preocupación por el casi seguro aumento de ese déficit debido a la escasa recaudación en lo que va de año, especialmente en impuestos directos. El impuesto sobre la renta va por debajo de lo previsto en recaudación, aunque el grueso de los ingresos quedan por venir en mayo y junio.

La deuda no sale asegurada por las instituciones financieras, aunque éstas cobran comisión por su colocación entre el público o las sociedades de inversión o las compañías de seguros, etcétera. Al no estar, por primera vez, asegurada, el Tesoro tuvo que mejorar las condiciones. El Ministerio de Hacienda fijará el importe de las comisiones para las entidades, que colaboren en la colocación de la deuda. Los bancos, cajas de ahorro y demás intermediarios financieros deberán ingresar en el Banco de España un 5% como mínimo del importe de la suscripción que deseen realizar el día 7 de mayo, y el resto, en los plazos que se establezcan.

Para la izquierda, la emisión resulta injusta, porque permite deducir más al que más ingresos tiene de forma progresiva, siguiendo la escala de tipos del impuesto sobre la renta. El PSOE ya defendió una enmienda a la ley de Presupuestos, oponiéndose al aumento de la deducción en cuota de renta. La Minoría Catalana también defendió sin éxito una enmienda en el mismo sentido. Por otra parte, técnicos del Partido Socialista han comentado a EL PAIS que hacer más atractiva de la toma de deuda entre el público, sin bajar los tipos de interés y acortando plazos, significa contribuir peligrosamente a elevar los tipos de interés de todo el sistema. El Estado se erige así en el principal promotor de esta elevación, aunque hay que reconocer que la elevación generalizada de tipos en todo el mundo no favorece la tendencia a la baja. Por otra parte, expertos del Ministerio de Hacienda consideran que si la deuda no sale con condiciones tan ventajosas como las actuales y, sin aseguramiento, no sería posible su colocación. Lo que no hemos podido confirmar es si han mejorado las condiciones, a cambio de una menor comisión a la banca y cajas, aunque se considera poco probable. La comisión pactada entre el Tesoro y la banca parece haber sido del 3 % en línea con las anteriores, aunque en ocasiones el tomador final, especialmente si es grande, por intermedio de la banca, puede ver aumentada su comisión hasta el 6%, según los rumores, sin confirmar, recogidos en fuentes bursátiles.

Todo ello se deriva, al parecer, de la falta de experiencia del Tesoro en la colocación, emisión y gestión de la deuda pública en condiciones de mercado, después de muchos años de colocación obligatoria e intervencionismo. Sólo así se explican los expertos bursátiles que deuda emitida en su momento, 1978 y 1979, por ejemplo, en condiciones de mercado, cotice ahora en niveles excesivamente bajos, inferiores a la par. Algunos piensan que no seria difícil una intervención adecuada para mantener las cotizaciones en niveles más realistas y que convencieran mejor a los ahorradores de la efectiva liquidez de estos títulos en el mercado secundario.