El proceso autonómico vuelve a enfrentar a UCD y PSOE

El proceso autonómico asturiano corre el riesgo de entrar en una fase de consecuencias imprevisibles como consecuencia de la pugna entre UCD y la izquierda, por la publicación en el Boletín Oficial del Estado del real decreto que exige el envío del proyecto de Estatuto de autonomía al Gobierno, el cual se encargaría de elevarlo a las Cortes.

La convocatoria de la asamblea redactora, que se reunirá mañana en Oviedo para emitir el voto a la totalidad en su segundo punto, hace referencia a la toma de decisión sobre la tramitación del Estatuto. La responsabilidad del orden del día de dicha convocatoria corresponde al presidente del Consejo Regional, el socialista Rafael Fernández.La izquierda, mayoritaria en la asamblea decidirá previsiblemente, a la vista de sus comunicados, rechazar el procedimiento contenido en el decreto y enviar el Estatuto directamente a la Mesa del Congreso, medida que provocaría un conflicto que podría acabar en el Tribunal Constitucional.

UCD cuestiona la convocatoria

Ante esta eventualidad, UCD cuestiona, por una parte, la convocatoria hecha por Rafael Fernández, que ignora el decreto, aunque coincide con él al fijar la reunión para las diez de la mañana del sábado, y exige, por otra, decidir previamente la tramitación que se va dar al Estatuto, puesto que, en caso de no ser respetada la legalidad del decreto, los miembros del partido centrista abandonarían la asamblea.El PSOE ha decidido ignorar el decreto en todos sus términos, incluso en cuanto al envío de la notificación relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos por la iniciativa autonómica, trámite que la asamblea había cumplido ya con el Gobierno.

Ante la grave situación planteada, que podría provocar la retirada de UCD de la asamblea redactora, algunos medios barajan la posibilidad de optar por una salida ecléctica, consistente en remitir el proyecto de Estatuto a la Mesa del Congreso y al Gobierno. En este supuesto, el PSOE mantendría su intención de presentar una proposición no de ley ante el Congreso para solicitar derogación del decreto y de impugnarlo en la vía contencioso administrativa.