RTVE, en el laberinto parlamentario

LA INVEROSÍMIL parálisis del Congreso para designar a los miembros del consejo de administración de Radiotelevisión Española, defraudando las expectativas despertadas por la promulgación del estatuto del nuevo ente autónomos, ofreciendo. una demostración práctica de cómo quienes hacen las leyes pueden hacer también las trampas que impiden su aplicación, tal vez sea objeto de una curación milagrosa en el Pleno que se abre en la tarde de hoy. Pero la, circunstancia de que no sea del todo seguro, y en opinión de algunos círculos oficiosos ni siquiera probable, que la Junta de Portavoces incluya en el orden del día ese punto, indica asimismo la notable insensibilidad que los estados mayores de los grupo! parlamentarios muestran en sus relaciones con la opinión pública.Ni que decir tiene que una abrumadora parte de la responsabilidad de este vergonzoso obstruccionismo parlamentario incumbe a UCD, cuyo peso propio y relaciones de alianzas en el Congreso le permiten abrir y cerrar el grifo dei las actividades de la Cámara casi a su entero capricho. La estrategia de pasividad del Gobierno durante esta etapa de reorganización del monopolio estatal resulta, por lo demás, perfectamente coherente con su trayectoria anterior, guiada por la regla de oro inmutable de postergar lo más posible la profesionalización, democratización, limpieza y apertura pluralista de Televisión, y de conservar la mayor cantidad de poder en la nueva situación. La berroqueña impasibilidad que el Gobierno ha mostrado siempre ante las criticas que se, dirigen a ese portentoso escándalo que escenifica a diario Televisión Española es uno de los más claros síntomas de que los valores y los principios de la democracia como forma de vida y cimiento de la convivencia social todavía están lejos de animar el sistema político y legal que formalmente los reivindica. Que el presidente del Gobierno no haya tenido la sensibilidad suficiente para cesar al director general de Radiotelevisión, después de que una filtración periodística hiciera público el informe de los auditores de Hacienda acerca de Televisión, y que el señor Arias-Salgado no haya mostrado ni la más mínima iníención de dimitir de su cargo o, al menos, de dar las explicaciones debidas, es algo que pone de relieve un notable desprecio hacia la opinión pública.

La explicación oficiosa es que la puesta en funcionamiento del estatuto de Radiotelevisión, ya promulgado, hace innecesaria y excesivamente dramática una remoción de cargos que, de todas formas, tiene que producirse a cortísimo plazo. Sin embargo, van transcurriendo las semanas, la designación parlamentaria de los miembros del consejo de administración sigue siendo boicoteada por UCD y los padrinos del despilfarro y la manipulación siguen acampados en Prado del Rey, acogidos al criterio de que vale la pena resistir un día, una quincena, un mes o un trimestre, aunque sus espejos se ruboricen por las mañanas.

Evidentemente, el Gobierno nada tiene que perder, como no sean cosas tan invisibles como la dignidad o la credibilidad, con esa táctica de echar balones fuera en el Congreso y de negarse a negociar con el PSOE y otros grupos parlamentarios el quorum necesario para designar a los miembros del consejo de administración. El principio de «ande yo caliente, ríase la gente» se aplica no sólo a las burlas, sino también a las críticas, a las denuncias y a las exasperaciones de la opinión pública. En cualquier caso, hay que reconocer que, como procedimiento para desprestigiar a las instituciones democráticas y desmoralizar a la sociedad civil, el invento de aguardar contra viento y marea, de sostener la sinrazón y no enmendarla y de imponer la arbitrariedad con la fuerza es una vía inigualable.

En esa operación de castigo contra los valores democráticos, el Gobierno tiene, por lo demás, un involuntario y sorprendente apoyo en el PSOE, obstinado en pactar no sólo los miembros del consejo de administración, sino también el nombramiento del director general, pese a que sus oportunidades de forzar ese acuerdo, que hubieran sido considerables en el marco de una negociación global de las leyes orgánicas y de órganos como el Tribunal Constitucional, son cada día más débiles y no están apoyadas en argumentos jurídicos. El dilema del «todo o nada», de escoger entre una negociación que incluya al director general y una provisionalidad que signifique de hecho una prórroga indefinida de la actual situación, es falso. El Grupo parlamentario Socialista podría optar por negociar tan sólo el consejo de administración y dejar al Gobierno, reservándose la crítica y la denuncia dentro del órgano rector de Televisión, la designación del director general. En cualquier caso, lo que es urgente es cumplir la ley, en este caso el estatuto de RTVE, y dotar a nuestra televisión de la dignidad, credibilidad, calidad y honestidad de las que hoy carece.