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El PCE presenta querella criminal contra RTVE

El Partido Comunista de España (PCE) anunció ayer, durante una conferencia de prensa, la presentación de una querella criminal contra RTVE, en virtud de la denuncia efectuada el 15 de febrero ante el Juzgado de Instrucción de Navalcarnero (Madrid), por estimar que en la auditoría realizada en RTVE por el Ministerio de Hacienda y que publicó EL PAIS a finales del mes de enero «aparecen hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, perseguibles de oficio».

La querella ha sido formulada con fecha 20 de marzo ante el mismo juzgado que ya instruye el sumario (el señalado con el número 40/1980), al amparo de los artículos 101 y 270 de la ley de Enjuiciamiento Criminal y del artículo 125 de la Constitución, por los diputados del PCE, Pilar Brabo, Simón Sánchez Montero, Ramón Tamames y por Enrique Curiel, Manuel Serrano y Antonio Kindelán, asesores del gabinete técnico del Grupo parlamentario Comunista.De acuerdo con el texto de la formulación de la querella, constan como sujetos querellados «la persona o personas que aparezcan implicados en los hechos allí (informe de la auditoría) descritos, que pudieran calificarse como delictivos, y cuantas otras personas a las que, en la investigación judicial correspondiente, pueda atribuírseles responsabilidad penal como autores, cómplices, encubridores o receptadores de tales hechos».

Hechos que son calificados más adelante como presuntos «delitos de malversación, apropiación indebida y falsedad». Los querellantes estiman que «algunos de los hechos contenidos en el citado informe ya han sido valorados por el instructor como conductas punibles, puesto que ha acordado incoar el oportuno sumario» y por ello proponen como diligencias para el esclarecimiento de los hechos, el interrogatorio de las siguientes personas: de los cinco funcionarios del Cuerpo de Intervención y Contabilidad de la Intervención General de la Administración del Estado, autores del informe; el interrogatorio de Francisco García López de Arenosa, director de administración y finanzas de RTVE; de Ignacio Martínez Echevarría, subdirector general de Radiodifusión y Televisión; y del director de la sucursal del Banco Español de Crédito, de la calle de Agustín de Foxá, número 27, Madrid. Interrogatorio que tendrá lugar el próximo día 15 de abril.

Los diputados comunistas denunciaron también, durante la conferencia de prensa, la no aplicación de la ley de Estatuto de la Radio y Televisión, que entró en vigor el pasado 2 de febrero; la manipulación electoralista por parte de UCD y del Gobierno, de los espacios informativos de TVE, con ocasión de las pasadas elecciones en Cataluña -TVE habría dedicado veintitrés minutos al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y tres minutos al conjunto de los demás partidos y coaliciones-, así como, en concreto, la no constitución de la comisión parlamentaria del control sobre RTVE.

Se pusieron de manifiesto asimismo algunas situaciones «extraflas» en RTVE y que demostrarían la no voluntad de corregir los hechos denunciados en la auditoría, como el desconocimiento de la posible resolución del expediente abierto al ex corresponsal de TVE en Londres, José Luis Navas. Se dijo que, de acuerdo con el dictamen del juez instructor, con el parecer favorable del comité de empresa, se le acusa de faltas muy graves y se propone el despido de RTVE, por estimar que firmó facturas falsas a nombre de falsas empresas, cuyo importe ascendería a unos dos millones de pesetas en veinticuatro meses.

Pilar Brabo, por último, manifestó que el PCE apoyará la campaña del PSOE en la recogida masiva de firmas contra la manipulación informativa de TVE y añadió que «ni el Gobierno ni UCD se dirigieron a nosotros de forma oficiosa u oficial para las negociaciones en la elección de vocales al consejo de administración de RTVE». La diputada comunista estima improbable dicha elección en el próximo Pleno del Congreso del día 25, aunque figure como segundo punto del orden del día.

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Una opinión similar fue manifestada a Europa Press por el dirigente socialista Pedro Bofill, quien comunicó que, hasta ayer, UCD no se había dirigido al PSOE para estudiar posibles nombres.

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