Los interventores del Estado florecen con la democracia
Los interventores, ojos y oídos del dinero público, tienen como fundador más inmediato a José de Echegaray, el de los billetes de mil pesetas, quien firmó, el 7 de enero de 1874, el decreto por el que se creó el Cuerpo. Los interventores, según el preámbulo del decreto de Echegaray, «tienen la alta y noble misión de velar por la exacta aplicación de las leyes y por la guarda y legítima inversión de los caudales, de las rentas y de toda clase de patrimonios del país».
Nuestros funcionarios, en su inmensa mayoría, suelen ser bastante intervencionistas. Sin embargo, en el caso de los interventores del Estado no cabe la menor duda: lo llevan en el Cuerpo. Como indica su propio nombre, la misión del interventor es la de intervenir, la de poner pegas, exigir aclaraciones, vigilar, en definitiva, el trato que se da al dinero de todos los españoles. Son los garantes de la dignidad del Estado, si entendemos que la dignidad de un Estado se mide por la honestidad en el uso de. los caudales públicos y no por los entorchados, coches oficiales o condecoraciones que lucen nuestros mandatarios.Por todo ello, queda bastante claro, a lo largo de la historia, que el Cuerpo de Interventores ha florecido con mayor esplendor en épocas de libertad que en tiempos de ominosa dictadura. No es casual, por tanto, que al cabo de un año escaso de las primeras elecciones generales libres los interventores recibieran el encargo -por medio del decreto de 12 de mayo de 1978- de realizar mediante auditorías, por primera vez, el control financiero de los organismos autónomos del Estado y de las sociedades estatales.
Poco después de publicado el decreto, bajo la responsabilidad de Francisco Fernández Ordóñez, se ordenó, por la Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda, una de las primeras auditorias -y, sin duda, la más famosa de ellas- sobre las cuentas de Radiotelevisión Española. (El informe elaborado por seis interventores fue publicado por EL PAIS, a partir del 20 de enero de 1980.)
El enorme impacto producido por la publicación del informe que resultó de la auditoria de los interventores ha puesto de moda al Cuerpo. Un Cuerpo trascendental para un régimen democrático y bastante desconocido por los contribuyentes. Los inspectores financieros y tributarios son los encargados de recaudar los impuestos, mientras que los interventores son los responsables de que ese dinero de los impuestos se gaste adecuadamente, es decir, de acuerdo con lo previsto en la ley del Presupuesto del Estado. Los inspectores controlan los ingresos, mientras que los interventores controlan los gastos. De ahí que, cuando los miembros de una sociedad como la española pasan de ser súbditos a ser ciudadanos, el papel de los interventores se revaloriza automáticamente. Los administrados exigen cuentas cada día más claras a los administradores.
Salto a la fama
Un Cuerpo oscuro, silencioso, abnegado, burocrático, puritano, quisquilloso y anticuado está estos días en boca de los contribuyentes. La auditoría de las cuentas de Radiotelevisión Española ha permitido a los representantes de la oposición calificar el hecho como el «Watergate de Suárez», según Santiago Carrillo, o «la cueva de los ladrones», según Alfonso Guerra, y ha dejado en entredicho al Gobierno. Pero ha hecho algo más por los interventores del Estado: les ha devuelto una cierta credibilidad en su independencia y capacidad profesional.
El informe de RTVE no es, sin embargo, el único realizado por la Intervención General desde el decreto de 1978. También se han realizado auditorías en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona y en la red de paradores nacionales, entre otros. En estos momentos, los interventores -aunque no les correspondía por decreto- han sido encargados por el Gobierno de auditar W cuentas del Montepío de la AISS (antiguos funcionarios de los sindicatos verticales), a las que el Estado tiene que hacer frente, pese a no tratarse de un organismo autónomo ni de una sociedad estatal.
Son los cruzados de la buena administración, pero sus oposiciones y su imagen no tienen, sin embargo, buen mercado. En parte porque aquéllas son duras y no se adaptan ni a los estudios de Derecho ni a los de Económicas, sino que precisa de ambos campos y, en parte también porque durante la dictadura los interventores perdieron su brillo histórico frente a otros más poderosos cuerpos -viveros de ministros- y no resultaron apetecibles para los jóvenes, que buscaban en la Administración un empleo «de por vida».
Sin embargo, entre los 180 interventores en ejercicio -el resto, hasta 256, se encuentra en comisión de servicio en la Administración- hay un puñado de jóvenes que son, al mismo tiempo, asesores del gestor en su destino, que mueven con rapidez y flexibilidad los papeles, y hay también otro puñado de antiguos profesores mercantiles, los llamados «periciales», de manguito y pluma de ave, que unas veces lo paran todo por falta de una firma perezosa, y otras por exceso de rigor e intransigencia, propios de una conciencia profesional escrupulosa.
Del esplendor alcanzado por el Cuerpo de Interventores durante la II República da muestra el hecho de que el propio ministro de Hacienda del doctor Negrín fue el interventor Méndez Aspe, el único del Cuerpo que alcanzó ese máximo rango. Méndez Aspe era de Izquierda Republicana, como el también interventor Adolfo Sixtón, entre otros. Abundaron también, en aquel tiempo, los interventores de carácter liberal y progresista hasta que la depuración efectuada tras la guerra civil dejó temblando al Cuerpo.
Varias generaciones, encabezadas por el número uno del escalafón, Joaquín Collada Andréu, hoy ministro del Tribunal de Cuentas, malvivieron durante los años del franquismo sin pena ni gloria. Procedentes del Cuerpo de Contadores del Estado -antiguos profesores mercantiles-, los «periciales» cubrieron el vacío dejado por los interventores depurados. El control del gasto público, como suele ser habitual en todas las dictaduras, no estuvo muy bien valorado por el franquismo. Incluso pasaban más de diez años sin que se convocaran oposiciones. Entre, aquellas generaciones de periciales y los jóvenes de hoy existe un abismo profesional y suaves enfrentamientos personales. Hay unos cincuenta interventores de más de sesenta años, unos ochenta con edades comprendidas entre los cuarenta y sesenta años y más de un centenar menores de cuarenta años, de los cuales unos cuarenta son menores de 33 años. Cuentan también con veinte mujeres interventores, en su mayoría jóvenes.
En la historia del Cuerpo hay un eslabón que une a los periciales con los jóvenes, a través de las generaciones intermedias, y este ha sido el papeljugado por José Barea Tejeiro, una de las glorias del Cuerpo. En ese grupo de los valores intermedios pueden figurar Miguel Martín, Francisco Luis Francés, Ceferino Arguello, Jesús Palacios, Juan Aracil, etcétera. Y entre los jóvenes se encuentra la mayor parte de los componentes del heroico equipo que investigó las cuentas de RTVE.
Barea predica entre los jóvenes
José Barea, que empezó de contador y pericial y terminó de interventor tras licenciarse en
Los interventores de Estado florecen en la democracia
Económicas, se apoyó en los jóvenes para introducir reformas importantes en la técnica de control presupuestario, dignificó la profesión en su momento, transformando los interventores de meros controladores de rutinas en programadores del gasto público. Con las cuentas nacionales, cuentas de las administraciones públicas y la nueva técnica presupuestaria aprendida en París, José Barea alcanzó gran predicamento entre los jóvenes de los años setenta, y no pocos recelos entre los viejos.Barea, que fue subdirector general de Inversiones en 1967, director general de Presupuestos y subsecretario de Presupuesto y Gasto Público, durante el ministerio de Fernández Ordóñez, introdujo un nuevo sistema de información presupuestaria que, en su día, constituyó un notable avance. Sin embargo, los jóvenes misioneros del gasto público admiten que al cabo de un cierto tiempo se apagó el impulso reformador de Barea, hoy consejero delegado de Iberia. Su estructura presupuestaria quedó mornificada, con una gran rigidez y cierta arbitrariedad. «Rebáñame de la 32», solía decir Barea, refiriéndose a una partida presupuestaria, cuando precisaba algún gasto urgente. El presupuesto de cristal, que es el anhelo de todo buen interventor que se precie, quedó frustrado al consagrarse durante tantos años el actual sistema presupuestario incrementalista sin incorporar novedades, métodos de evaluación modernos y alternativas del gasto. En el Presupuesto Barea, llamado por algunos «de cemento» por su escasa transparencia, no hay análisis coste-beneficio, ningún criterio de rentabilidad y sólo sobrevive con una facilona dinámica exponencial (un crecimiento anual desbocado del veinte) que los expertos califican de «muy peligrosa».
Hoy día, el presupuesto Barea, que merece un homenaje en la historia del Cuerpo, puede reposar, sin embargo, en un museo o en el archivo de algún anticuario, y, al decir de los jóvenes interventores, debería ser sustituido por otro más racional que obligue a gastar lo presupuestado por las Cortes, pero que lo haga con eficiencia y sin despilfarro, respondiendo a las demandas verdaderas de la sociedad.
Se dice que los interventores son los que «levantan el presupuesto a pulso» y ello exige un notable esfuerzo personal de Fiscalización del gasto y de ejecución del mismo gasto. Las oficinas presupuestarias recién creadas en cada ministerio pueden suponer un cierto avance en la fijación de objetivos y en la programación del gasto, ya que lo que se gasta del dinero público debe ser conocido, evaluado y sopesado con exquisita delicadeza.
Controladores incontrolados
El control interno lo hace la propia Administración y tiene para ello unos mecanismos de evaluación de lo que se gasta y en qué se gasta. Este control interno, realizado por los interventores. sirve de soporte de evaluación y legaliza el gasto. Las nuevas auditorías son una parte más del control interno, pues son realizadas por los propios interventores sobre cuentas ya intervenidas previamente en todos sus niveles. En el caso de RTVE, pese al control interno y permanente de los interventores, la posterior auditoría de ellos mismos demostró que hubo, cuando menos, despilfarro y desorden, hasta que los tribunales algún día nos lo clarifiquen. Por ello se considera preciso, en todo país democrático, otro control externo a la Administración, y éste corresponde en España al Tribunal de Cuentas, dependiente de las Cortes. El nuevo Tribunal de Cuentas, hoy en fase de enmiendas parlamentarias y balanceándose entre el modelo inglés y el francés, será la pieza clave que determine si nuestro dinero se ha gastado bien o mal, incorporando juicios de valor. La auditoría de RTVE, según especialistas, no debería haber sido labor de los ínterveptores de Hacienda, que son juez y parte, sino del Tribunal de Cuentas, ya que los interventores no están legitimados para aplicarjuicios de valor,tarea que corresponde a los representantes del pueblo elegidos libremente para ello.
Cuando firmaban en barbecho
Existe el peligro de unir en el mismo Cuerpo de Intervención el control interno, que ya venían haciendo y que no ha impedido los fraudes ni el despilfarro, y el control externo, realizado mediante auditorías, que corresponde a las Cortes.
En realidad, hay quien opina que, durante la dictadura, los marginados interventores fueron simples contables que firmaban algunas veces en barbecho -sin comprobar nada-, lo que con el tiempo desvalorizó la profesión y permitió que muchas empresas, especialmente constructoras, se fueran a pique durante la dictadura cuando moría «su» ministro.
Las oposiciones, por tanto, se vinieron abajo. En algunos casos, para veinticinco plazas no llegan a 150 los que firman, la mitad de los cuales ni se presentan. La retribución es semejante a la de los demás cuerpos especiales de la Administración, es decir, se sitúan, en el máximo nivel de coeficiente, en torno a las 140.000 pesetas, variando sus ingresos según el cargo que ocupe y la provincia donde esté destinado. El 95% del cuerpo pertenece, al mismo tiempo, al de Censores Jurados de Cuentas, como supernumerarios, sin necesidad de hacer la oposición correspondiente, aunque no ejercen.
Funcionalmente, dependen todos de la Intervención General del Estado, del Ministerio de Hacienda, cuyo. director general puede o no ser del cuerpo. Actualmente, el interventor general del Estado es Augusto Gutiérrez Robles, de 59 años, número 46 del escalafón. Antes de que la Constitución Espanola derogara la anacrónica existencia de los tribunales de honor de los cuerpos, el escalafón de interventores tenía su importancia, pero hoy día tiene sólo carácter honorífico.
La tónica general, aunque son acusados por los viejos de excesiva politización del cuerpo, es la apoliticidad o, al menos, la no militancia. Hay solamente dos afiliados a UCD -uno de los cuales, Manuel Tixaire Buil, es senador por Huesca- y dos al PSOE. La primera mujer ingresó en 1974. Se jubilan a los setenta años y no tienen santos patronos conocidos.
El actual cuerpo nació en enero de 1874 por un decreto de José de Echegaray -el de los billetes de mil pesetas-, que fue fundador del Banco de España, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y «no sabemos por qué» -según algunos expertos literarios- premio Nobel. Tiene su origen, sin embargo, en época remota e indeterminada. A partir del siglo XV, los interventores son los que salvaguardan los intereses del Tesoro Público, «basándose en un embrionario conjunto de normas de buena administración», según Collada. Pero la Intervención General del nuevo Estado liberal centralista surge con cierta fuerza, junto con el movimiento constitucional iniciado en 1812 y la invasión napoleónica,
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