La empresa abre expediente a 2.000 trabajadores

La dirección del Metro madrileño ha abierto expediente disciplinario a unos 2.000 trabajadores de la Compañía (casi un 40% de la plantilla total) por haber secundado ayer la huelga pese a que se les habla comunicado la obligatoriedad de cubrir el servicio de seis a diez de la mañana, los del primer turno, y de cinco a nueve de la tarde, los del segundo. Los trabajadores ratificaron, por su parte, el propósito de no admitir ningún tipo de sanción y de contestar enérgicamente si la empresa adopta medidas de fuerza.

A la vista de ambas posiciones, nadie se atrevía ayer a anticipar la posible evolución de los acontecimientos, ni por parte de la dirección ni por parte del comité de huelga. Todos coincidían, sin embargo, al reconocer que a partir de este momento la negociación del convenio será aún más difícil.El seguimiento de la huelga por parte de los 5.200 trabajadores del Metro fue total, ya que los que ficharon a primera hora de la mañana no pasaron de los cincuenta, según diversas fuentes consultadas. Las camionetas de la Compañía que habitualmente efectúan el traslado de trabajadores desde la periferia hasta la Puerta del Sol o las diversas terminales realizaron, no obstante, su trayecto normal, y algunos centenares de trabajadores, que desconocían la evolución del conflicto en las últimas horas del día 19, acudieron a sus puestos de trabajo.

Comités informativos

Tanto en la Puerta del Sol como en otras terminales, el comité de huelga había desplazado comités informativos para dar cuenta del mantenimiento de la convocatoria de huelga. Ante esta situación, la gran mayoría optó por secundarla. En el puesto central de mando se comunicó a este periódico que habían recibido llamadas telefónicas de algunos trabajadores que expusieron su disposición de acudir al trabajo, pero que se veían imposibilitados de hacerlo por la presencia de piquetes en las bocas del ferrocarril.

Nadie pudo concretar esta presencia de piquetes. Es más, las informaciones obtenidas en las más diversas fuentes insistieron en la absoluta falta de incidentes a lo largo de toda la jornada de huelga. Medios laborales calificaron las acusaciones citadas como intentos particulares de evitar posibles sanciones.

Los 2.000 trabajadores que estaban obligados a acudir al trabajo en virtud de un decreto de Presidencia del Gobierno del 14 de marzo -publicado en el BOE el día 19. un día antes de la huelga- se distribuyen de la siguiente forma: 850 en el turno de mañana y 1.150 en el de tarde. De ellos, 1.500 pertenecen a la sección de movimiento, y el resto, a las de material móvil, obras y vigilancia.

El decreto del Gobierno que fijaba la obligatoriedad de mantener el servicio durante las horas punta venía a desarrollar una disposición contenida en el título II del decreto-ley 17/1977, que faculta al Gobierno a dictar normas específicas para mantener un servicio mínimo en el caso de huelgas que afecten a servicios públicos. El Estatuto de los Trabajadores derogó parcialmente el mencionado decreto-ley, pero no sus dos primeros títulos.

Estas disposiciones legales son las que invoca precisamente el Metro en una nota hecha pública ayer, en la que anuncia la apertura de expedientes disciplinarios a los trabajadores que fueron requeridos para acudir al trabajo e incumplieron tal requerimiento, pese al carácter ¡legal que en su caso adquiría la huelga durante las horas punta.

La acusación de ilegalidad no es en absoluto compartida por los trabajadores, que insisten en considerar anticonstitucional el mencionado decreto, ya que, a su juicio, vulnera abiertamente el derecho de huelga, que la Constitución ampara.

Este fue probablemente el argumento más repetido a lo largo de las dos asambleas informativas que se celebraron en el transcurso de la mañana en las cocheras de la plaza de Castilla. En un principio, la Policía Nacional impidió el acceso a las mismas, pero, después de varias consultas telefónicas, la dirección del Metro comunicó que la asamblea estaba efectivamente autorizada desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde. Unos 3.000 trabajadores estuvieron presentes.

Ultimas negociaciones

En ambas reuniones, los miembros del comité informaron extensamente de la larga reunión mantenida el miércoles, de 5 a 10 de la tarde, en un último intento de llegar a un acuerdo que evitase la huelga. Esta reunión tuvo lugar en la Delegación de Trabajo, con asistencia del delegado.

Según informó el comité, la empresa se ratificó en sus anteriores ofertas económicas: en el caso de que el convenio tuviera duración de un año, el aumento salarial sería de un 11,8%, aunque extraoficialmente estaría dispuesta a subir hasta el 12,5%, pero sin constar en ningún acta; para el caso de un convenio de dos años, estaba dispuesta a ofertar hasta un 13% de subida en el primer año, con un alza equivalente el aumento del coste de vida, menos la parte correspondiente al incremento de los productos energéticos, para el segundo año. Cabe, señalar que esta oferta es sensiblemente similar a la que ha efectuado el Ayuntamiento para el convenio de la EMT, aun que se sitúa por debajo en el segundo año. El Ayuntamiento madrileño, que intentó mediar a última hora en el conflicto, podría estar interesado en que los convenios de la EMT y el Metro fueran parejos, ya que el ferrocarril metropolitano pasará a sus manos antes del verano.

A la vista de que la oferta empresarial se mantenía inalterable, el comité pidió tiempo para deliberar en la mencionada reunión del miércoles. Al término del receso, el comité decidió aceptar, en principio, la oferta del 12,5% para un convenio de un año, dejando bien entendido que su aceptación quedaba pendiente de la ratificación de la asamblea. Al mismo tiempo exigían la jubilación voluntaria a los sesenta años, jornada continua para técnicos y administrativos y la creación de una comisión de estudio de puestos penosos o peligrosos. Cuando el comité terminó de informar al delegado de Trabajo, éste se retiró unos momentos para elevar a su ministro el nuevo planteamiento. Al cabo de unos minutos -siempre según la versión dada por los representantes laborales en la asamblea de ayer-, el delegado se reintegró a la reunión y manifestó que el ministro estaba ya en conocimiento de la respuesta laboral, pero que opinaba que era prematura una respuesta empresarial inmediata y que ésta se daría, probablemente, al día siguiente (ayer). El comité interpreta esta respuesta como una nueva confirmación de que es en realidad el Gobierno quien está negociando el convenio en última instancia.

A las diez de la noche se levantába la reunión sin acuerdo. Los dirigentes del Metro parecían estar convencidos -así lo reconoció ayer a EL PAIS el presidente del consejo de intervención- de que los trabajadores acatarían el decreto. El comité de empresa se ratificaba, por su parte, en la decisión de ir a la huelga total. Horas después, Radio Nacional y Televisión Española continuaban informando de que el servicio se mantendría en las horas-punta, lo que confundió a miles de madrileños.

Respuesta enérgica si hay sanciones

Los miembros del comité de huelga del Metro criticaron duramente estas informaciones, hasta el punto de considerarlas como un intento de presión sobre los trabajadores.

Al margen del carácter anticonstitucional que, según los trabajadores, tiene el decreto del Gobierno, insistieron en que se trata de un intento gubernamental de abrir una brecha entre los trabajadores del sector público, a los que se pretende privar del derecho de huelga. Las intervenciones últimas fueron las más duras, y en ella se puso de manifiesto la intención de responder con energía al Gobierno si se aplican sanciones disciplinarias.

El presidente del consejo de intervención, Juan Torres, manifestó a este respecto que la apertura de expediente no prejuzga la aplicación de una sanción determinada. «Según la ley, es preciso escuchar primero a todos los expedientados y vamos a hacerlo.» Reconoció que este trámite no podrá cumplirse muy probablemente antes del día 28 de marzo, fecha para la que hay convocada una tercera huelga. Ante la pregunta de si puede haber despidos, contestó que, en efecto, puede haberlos si existen responsabilidades.

El comité de empresa declaró por la tarde que antes de abrir un nuevo conflicto, con la posible aplicación de sanciones, la dirección del Metro debería tratar de resolver el anterior. Ratificaron, por otra parte, la convocatoria de asambleas el próximo día 26, miércoles, para tratar del tercer día de huelga. En principio, esta convocatoria se mantiene en piel a expensas de lo que pueda ocurrir en las negociaciones previstas para los próximos días. La primera reunión tendrá lugar hoy mismo. Las dos partes coinciden, sin embargo, en que después de la jornada de huelga las posiciones serán menos flexibles.