La supuesta malversación en el Consorcio de Barcelona podría ser superior a lo previsto inicialmente

La presunta malversación de caudales públicos por compra de terrenos inexistentes acaecida en el seno del Consorcio de la zona franca de Barcelona, podría ser de alcance superior al hasta ahora indicado (1.100 millones de pesetas) por cuanto que los vendedores de terrenos realmente existentes niegan ahora haber cobrado las cantidades reseñadas en la documentación del Consorcio.

Como ya se informó el consorcio había comprado -teóricamente- unas 370 hectáreas en la comarca del Vallés. De éstas, unas 180 resultaron ser inexistentes, al igual que tampoco existen sus presuntos propietarios. Pero cerca de doscientas hectáreas fueron realmente compradas.Al llegar el momento de liquidar el impuesto sobre plusvalías, los antiguos propietarios han protestado en los respectivos municipios. Indican, según fuentes autorizadas, que percibieron cantidades totales que se sitúan alrededor de la mitad de las cantidades por las cuales se les reclama el pago del correspondiente impuesto. De ser efectivamente así, la presunta malversación podría alcanzar, en este orden de cosas, y sin considerar posibles irregularidades en otros aspectos (como la emisión de obligaciones), cifras bastantes superiores a las hasta ahora reseñadas.

Por otro lado, es de indicar que investigaciones bancarias han arrojado nuevas y delicadas luces respecto a la utilización de la cuenta bancaria de la entidad privada Financiera de Negocios, S. A., Finesa, de la que es fundador mayoritario y administrador José Luis Bruna de Quixano antiguo delegado especial del Estado en el Consorcio.

Resulta que dicha cuenta mercantil privada fue utilizada para cambiar cheques barrados por cheques bancarios al portador -de imposible control-, incluso antes de que Bruna fuese nombrado por segunda vez delegado especial del Estado. En efecto, el primer ingreso de un talón barrado del consorcio, librado con el presunto fin de pagar terrenos que luego resultaron no existir, es de fecha 27 de enero de 1977. El segundo ingreso tuvo efecto el 24 de abril del mismo año. Casi de inmediato, y cumplimentando orden por escrito de José Luis Bruna, el banco donde estaba abierta la cuenta libraba cheques bancarios al portador, cuyo cobro es de imposible control. Los ingresos referidos fueron de unos 102 millones de pesetas cada uno, es decir, que cuando Bruna fue nombrado por segunda vez delegado del Estado en el consorcio -el 13 de mayo de 1977-, una cuenta de una financiera fundada y controlada por él, su esposa y su hijo ya había sido utilizada con relación a pagos del consorcio en la curiosa operación de transformación de cheques por un total de 204 millones

Estas informaciones bancarias hay que sumarlas a la constatación de que las operaciones de la citada financiera eran muy escasas. Los únicos movirnientos importantes en su cuenta eran los propios de la transformación de unos cheques barrados -y, por tanto, que permitían la identificación de quien los cobrase- por otros bancarios de imposible control, por ser librados al portador. Todo ello constituye una complicación suplementaria para la defensa penal de José Luis Bruna, cuyo procesamiento ha sido solicitado por el ministerio fiscal

Por otro lado, ha adquirido total firmeza el procesamiento por los presuntos delitos de falsedad y malversación de caudales públicos de Antonio de la Rosa Vázquez, antiguo secretarío general del Consorcio.