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España denegó la ayuda militar que le solicitó la Junta salvadoreña

España descartó las peticiones de ayuda militar formuladas por el Ministerio de Defensa salvadoreño, de acuerdo con los informes recibidos en nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores por el director general de Iberoamérica, Pedro Bermejo, quien tuvo la oportunidad de conocer a fondo la situación en dicho país centroamericano durante la ocupación de la embajada española en San Salvador. El dato fue confirmado a EL PAIS por Héctor Dadá Irezi, miembro hasta hace diez días de la Junta de Gobierno de aquel país.

Dadá y Rubén Zamora (ministro de la Presidencia en el primer Gobierno nombrado por los militares tras el derrocamiento de Carlos Humberto Romero y hermano del recientemente asesinado Mario Zamora, procurador general de la República) explicaron en México a periodistas locales y corresponsales extranjeros su decisión de abandonar la militancia en el Partido Demócrata Cristiano, actualmente en el poder, y de formar un grupo político que recoja los postulados democráticos del socialcristianismo.Según Héctor Dadá, las actuales autoridades salvadoreñas han decidido emprender un programa de «reformas con represión» que son diametralmente distintas a las que aconsejaron su presencia en la segunda Junta de Gobierno. Dichas reformas, aseguró, se han hecho a espaldas del pueblo y tienden a convertir el esquema oligárquico establecido en el país por otro de corte netamente capitalista. La alianza de los sectores derechistas de la Democracia Cristiana (encabezados por José Napoleón Duarte y José Antonio Morales Erlich) y las fuerzas armadas se basa en cesiones mutuas: aquéllos aceptan la represión a cambio de reformas; éstos admiten las reformas a cambio de la represión.

Dadá y Zamora insistieron en la posibilidad real de una intervención militar, abierta o solapada, de fuerzas extranjeras. Señalaron que en Guatemala existen en la actualidad entre 2.000 y 5.000 hombres armados dispuestos a apoyar al Ejército salvadoreño. Acusaron directamente a Estados Unidos de auspiciar una intervención y destacaron que ya hay en el país cerca de cuarenta asesores militares expertos en contrainsurgencia.

Héctor Dadá reconoció que existen divisiones «muy serias» en el seno de las fuerzas armadas, pero que a los dos sectores claramente definidos, el progresista y el reaccionario, les une una gran preocupación por la supervivencia del Ejército como institución, que ven gravemente amenazada por las organizaciones populares. Admitió igualmente que durante su presencia en la Junta de Gobierno tuvo ocasión de constatar la imposibilidad que existía de hacerse obedecer por los altos mandos del Ejército y de los cuerpos de seguridad.

Más de 400.000 trabajadores de los distintos sectores laborales se unirán, según todas las previsiones, a la huelga general convocada por la Coordinadora Revolucionaria de Masas de El Salvador, entidad que agrupa a las cuatro organizaciones izquierdistas más importantes de dicho país centroamericano. El paro, que debe iniciarse el lunes y tiene carácter indefinido, es una señal de protesta por la violencia represiva desatada por los cuerpos de seguridad del Estado y las organizaciones de ultraderecha.

De acuerdo con las disposiciones del estado de sitio, implantado a principios de este mes por la Junta de Gobierno salvadoreña, la huelga es ilegal. Este hecho hace temer a los observadores que se produzcan graves enfrentamientos entre trabajadores y las fuerzas armadas, sobre todo en aquellas industrias que las autoridades consideren de "prioridad nacional". Otros analistas recuerdan la importancia que tuvo, en Nicaragua, un paro nacional de similares características, que contribuyó decisivamente a la caída del régimen de Somoza.

Las noticias sobre acciones represivas, sobre todo en áreas rurales, desencadenadas por el Ejército y la policía, continúan añadiendo nuevos nombres a la interminable lista de víctimas de la presente crisis salvadoreña. La Comisión Local de Derechos Humanos y el arzobispado son, en estos momentos, las únicas fuentes fiables de datos.

De acuerdo con los testimonios recibidos en ambos organismos, la intervención del Ejército en las fincas expropiadas en virtud de la recientemente decretada reforma agraria, está sirviendo a aquél para eliminar a campesinos de quienes se sospecha que pertenecen a organizaciones populares. Se han denunciado varios casos en los que, junto a las fuerzas policiales, actúan miembros de Orden (Organización Democrática Nacionalista), de ultraderecha, quienes denuncian al Ejército a los campesinos sospechosos.

La represión contra los medios informativos es igualmente notable. En la noche del jueves, el corresponsal de Upi en San Salvador, Demetrio Olaciregui, fue secuestrado en su casa por tres civiles armados, que le trasladaron a la frontera con Honduras. En Guatemala se supo que la ultraderechista Unión Guerrera Blanca (a la que se atribuyen muchos de los asesinatos realizados recientemente en El Salvador) ha elaborado una lista negra de periodistas, en la que figuramos la mayoría de los enviados extranjeros de reciente estancia en el país.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de marzo de 1980

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