Una solución al callejón sin salida

Parece que los planteamientos de mi artículo anterior han empezado a cumplirse en cuanto a los resultados políticos del mes de marzo, que nos conducen a situaciones que exigen una remodelación de los modos de gobierno y de sus personajes. El descalabro gubernamental de Andalucía, abrió los sucesos de un mes que está llamado a ser histórico. Las elecciones del País Vasco han tenido todavía más acento frente al Gobierno de lo que se preveía. Las tres provincias vascas, Euskadi, como se quiera, o como sea, componen una de las zonas vitales españolas, por razones no solamente industriales, sino históricas, y con una seria incidencia nacional en todos los órdenes. Me decía con mucha gracia el diputado socialista Enrique Múgica que un país como el vasco, que ha producido a Ignacio de Loyola y a Unamuno, está en condiciones de sorprender siempre a cualquiera. La sorpresa, en este caso, no está en que pacíficamente los vascos se hayan hecho cargo de su destino, sino en el suceso de que los grandes vencedores no tienen ningún parentesco de coincidencia, de sumisión o de dependencia con Madrid, sino que podemos decir que todo lo contrario. Y todavía lo más original no es esto, sino el hecho de que el Gobierno de la nación no haya conseguido, ni siquiera, diez diputados en un Parlamento de sesenta. Cuando ocurre en otras organizaciones federales de Estado -América o Alemania, por ejemplo-, los autóctonos, que se hacen cargo puramente de su destino, tienen parentesco político con los grandes dirigentes del Estado, o de los partidos mayoritarios, o son esos mismos partidos. En Estados Unidos no hay otra cosa que republicanos y demócratas en toda la nación, y por eso los autogobiernos funcionan sin problemas políticos. Eso ocurría también en Alemania, donde no hay otra cosa que esos dos partidos y medio constituidos por los demócrata-cristianos, los socialdemócratas y los liberales. Pero en España los dos grandes partidos del Estado, que son los ucedistas y los socialistas, han fracasado ruidosamente en el País Vasco, y carecen de parentesco con los triunfadores, que son los nacionalistas y la izquierda nueva de Herri Batasuna y Euskadiko Ezkerra. Puede decirse, sin rodeos, que los socialistas y los de UCD han perdido políticamente el País Vasco, y el Estado de naturaleza federal que estamos haciendo podría no salir.En Andalucía se ha producido un suceso también peregrino. La erupción nacionalista de Andalucía es moderna, aunque su peculiaridad tenga una soberbia tradición histórica. Esta erupción, está provocada por la concesión de otros autogobiernos (Cataluña, País Vasco y Galicia) y contra un centralismo que ha producido, y ha consagrado, una región rica habitada por pobres, como dijo felizmente hace pocos días Felipe González. Entonces los andaluces tenían prisa por su autogobierno, con la esperanza de liquidar su pésima situación social, y rechazar la asignación de región o nacionalidad de segunda clase. El Gobierno, por el contrario, se decidió por la pereza legislativa respecto a Andalucía, cuando había sido tan diligente en la concesión de los autogobiernos del País Vasco y de Cataluña. Su derrota fue atroz, porque Andalucía todavía tenía una estructura dirigente o de poder con la que contar para un proyecto de derecha reformista, que es la interpretación política de UCD. La disposición contra el Gobierno no fue solamente de la izquierda andaluza, sino de sus clases medias, y de algunos grupos económicos más relevantes, a quienes les sacudía el nuevo estímulo nacionalista. Reconstruir todo eso va a ser una tarea dificil, sin demasiadas esperanzas. También hay que añadir que en el supuesto de que el Gobierno se hubiera pronunciado por el artículo 151, que es el de la diligencia, en lugar del 143, que es el de la pereza, en las elecciones al Parlamento habría ganado la izquierda, porque el componente social de Andalucía, con una gran población campesina indigente, es tan importante como el componente social de los obreros en las zonas industriales. Y aunque esto habría sido otro revés para el partido en el Poder, nadie podría discutir hoy a UCD su componente nacionalista en Andalucía, que no sería patrimonio exclusivo de la izquierda, como ha probado la defección Clavero, entre otras manifestaciones.

El último round de este combate, en el que el Gobierno ha perdido ya los dos primeros, va a ser el de las próximas elecciones de Cataluña. Allí la representación de UCD será más numerosa que en el País Vasco, pero el componente de la izquierda y el de los nacionalismos puros será también mayoritario. La representación del partido en el Poder en Cataluña no será de recibo para el equipo de hombres y de creencias que ocupan la gobernación del Estado.

Parece natural que el Gobierno, a través de sus personajes más heroicos y hábiles, trate estos días de digerir esta adversidad, y hasta en ocasiones de pintar las cosas de color de rosa. Por donde respiran ahora las áreas oficiales y sus panegiristas conocidos es por la crítica de la abstención. Si la abstención fuera gubernamental habrían probado los abstenidos su escasa ilusión por quienes re presentan el Estado y titularizan el Poder. El margen socialista de la abstención se inhabilita por sí mismo. El socialismo es una ideología obrera o de manumisión, y no una mera opción de Poder. La abstención no ha sido otra cosa que miedo, alejamiento de la política, y desencanto. Ninguna de esas tres cosas tenía titulares políticos entre los que se presentaban. Son gentes perdidas para esta empresa concreta. Los culpables están en el sistema, y no fuera de él; así es que nadie puede rentabilizar la abstención. Pero esto forma parte de las legítimas habilidades políticas para sobre vivir. El tiempo que empieza a correr a partir del 21 de marzo deja al Gobierno sin título para gobernar en su constitución presente y en sus programas actuales. Esto no quiere referirse a las personas. Algunos miembros de este Gobierno han probado su capacidad, y han afrontado muy bien situaciones apuradas. Los acontecimientos actuales no pueden descender al tratamiento de todas las personas. Todo eso aparece superado. Se trata, exclusivamente, de habilitar medios para gobernar con respaldo, puesto que hay que hacer el desarrollo constitucional que afecta a las autonomías o autogobiernos, y acortar las distancias siderales que hoy separan las autonomías del Gobierno de Madrid, del Parlamento y de¡ Estado. Uno de los errores importantes de nuestra Constitución, pero que podría tener arreglo en el desarrollo de la misma Constitución, fue el de reconocer, precariamente, al Monarca -que es el Jefe del Estado- las atribuciones de la moderación y del arbitraje, sin fijar los territorios de estas atribuciones y sin las asistencias jurídicas necesarias. Si ahora tuviéramos esto, quien podría arbitrar una salida a la dificil situación actual sería el propio Jefe del Estado, el Rey. Téngase en cuenta que, en estos momentos, no solamente aparece gravemente deteriorado el Gobierno de la nación, sino en riesgo la democracia misma. Si el Rey fue «el motor del cambio» para traer la democracia, nadie tiene mejores títulos que el Rey para conservarla. No se trata de poner al Monarca en sus manos atribuciones para decidir esto o aquello de espaldas al Parlamento, sino el de hacer intervenir a la Corona al modo de los buenos componedores para salir de la actual crisis de confianza. En estos momentos todo lo que se plantea es una general crisis de confianza. Andalucía no tiene confianza en el Gobierno de Madrid. El País Vasco no tiene confianza en el partido en el Poder, y así lo ha consagrado derrotándolo en las urnas. Cataluña va a sacar una representación poco lucida de la Unión de Centro Democrático. El Partido Socialista Obrero Español está diciendo todos los días que no figura entre sus propósitos un Gobierno de coalición con el partido en el Poder. La otra salida que se menciona es la de hacer un Gobierno con los componentes de las nacionalidades, pero esto incorporaría hipotecas muy graves respecto a esos mismos autogobiernos, y si no fuera así no se prestarían a formar parte de una solución semejante. Cuando los remedios parlamentarios a la «crisis de confianza» son tan escasos como los actuales, entonces es conveniente un árbitro o un moderador del propio proceso democrático. Hasta ahora el Rey, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, ha hecho posible la transición hacia la democracia. Ahora el Rey, con el respaldo de las fuerzas políticas, podría arbitrar fórmulas para salir de este callejón sin salida. Los políticos, por supuesto, van a dar muy pocas facilidades. Y lo que ya se disponen a ofrecer, los que están con el agua al cuello, no es otra cosa que tentaciones pornopolíticas en la gran erótica de alcanzar o sobrevivir. Es una verdadera lástima que el Rey no pudiera abrir un período de consultas a nivel puramente informativo de quien ostenta la moderación y el arbitraje, de acuerdo con el artículo 56 de la Constitución, con los dirigentes de los partidos, y con las altas personalidades de los parlamentos autonómicos, en el objetivo de hallar todos los factores que puedan integrar y, por supuesto, ofrecer los materiales de esta consulta para la formación de un Gobierno -monocolor o no- representativo, tranquilizante, con imaginación, con autoridad, que reconduzca la situación, de acuerdo con los últimos acontecimientos. Esto tiene factura constitucional -aunque la Constitución no haya sido más expresiva en estos asuntos- y, en cualquier caso, es un intento desinteresado de soluciones políticas, bastante mejor que esta situación, donde la Corona asiste impotente al descrédito de un Gobierno, a la deflación asustante del Parlamento, y a la diáspora de las comunidades autónomas respecto a su integración histórica y constitucional en la Nación, y á una afloración de Estados inermes, ante la inexistencia de un Estado de prestigio, solidario y con autoridad.