La revisión del acuerdo preferencial, requisito comunitario para la concesión de un protocolo financiero

El Gobierno español continúa interesado en la posibilidad de lograr un protocolo, financiero con la Comunidad Económica Europea, pero la CEE exigirá como condición previa la revisión del acuerdo preferencial de 1970.Según informaron fuentes comunitarias a EL PAIS, el jefe de la misión española ante la CEE, embajador Raimundo Bassols, se entrevistó días pasados con el comisario François-Xavier Ortoli, para estudiar la posibilidad de que el Gobierno del señor Suárez solicite un protocolo financiero, línea de crédito ya concedida a países en vías de adhesión, como Portugal o Grecia, y a países con acuerdos preferenciales, como Yugoslavia. La única conclusión a la que se llegó en esa entrevista, según fuentes españolas, fue el envío a Bruselas de un técnico de Madrid, probablemente un experto del Banco de España, para estudiar «las ventajas o inconvenientes que tendría finalmente para nuestro país una petición semejante».

Sin embargo, fuentes comunitarias explicaron que la CEE no estará dispuesta en absoluto a conceder a España un protocolo financiero si el Gobierno español, por su parte, no accede a revisar el acuerdo preferencial de 1970, que, a juicio de la Comunidad, se encuentra desequilibrado a favor de España. El Gobierno español se ha negado siempre a renegociar el acuerdo, por estimar que si bien es cierto que en la actualidad pudiera existir un cierto desequilibrio en la balanza de pagos a nuestro favor, durante muchos años el desequilibrio fue a la inversa.

Las negociaciones para la adhesión de España a la CEE, por otra parte, se reanudarán hoy, viernes, en Bruselas. La delegación española entregará un documento sobre política social (en el que se solicita la libre circulación de la mano de obra desde la misma firma del tratado) y otro sobre derecho de establecimiento. La Comunidad, por su parte, facilitará cuatro documentos relativos a política de transportes, política regional, aspectos complementarios de la unión aduanera y aspectos complementarios del impuesto sobre valor añadido (IVA-TVA).

Los documentos comunitarios más importantes (política agrícola y política social) han sufrido un nuevo retraso. La comisión pospuso una vez más la aprobación del «informe Gundelach», dado que continúa sin llegar a un acuerdo interno sobre la tasa sobre grasas vegetales. El dossier sobre política social ha sido ya aprobado por la Comisión (se propone un período transitorio de siete a diez años antes de que los trabajadores españoles puedan circular libremente por territorio de los nueve), pero aún no ha recibido el visto bueno del Consejo.

Durante la semana pasada, el ministro español de Relaciones con las Comunidades Europeas, Leopoldo Calvo Sotelo, se trasladó a Estrasburgo, donde se reunía la Comisión, para mantener entrevistas con el presidente de la CEE.