La "otra" depuración de la policía

LA RUPTURA política llevada a cabo por el poder establecido del antiguo régimen con la colaboración de la oposición democrática llevaba implícito el pacto, siempre respetado, de que la transición a la democracia no con llevaría depuraciones políticas. Aun cuando fueran los menos responsables, por cuanto eran meros ejecutores de órdenes, las fuerzas de seguridad del antiguo Estado y particularmente la Brigada Político-Social habían temido. ver en precario sus puestos de trabajo, como fruto de algún tipo de inexistente represalia. Sin duda, el recuerdo de lo sucedido con la PIDE (Policía Internacional de Defensa del Estado), a raíz del 25 de abril portugués, tuvo que pesar seriamente sobre la conciencia de aquellos policías españoles que se distinguieron por su dureza en la represión de las libertades y su desprecio hacia los derechos humanos más elementales. No era para menos, cuando bastantes de los nuevos personajes de la política democrática habían sido perseguidos, maltratados, e incluso torturados, por funcionarios de la «social». Aquello está olvidado en función de una amnistía que lo fue para todos: para los que subvertieron leyes inicuas y para los que se ampararon en ellas o en el clima general de la autocracia para cometer otros execrables delitos sancionables desde la ética o desde lo que se entiende por derecho de gentes.

A este respecto llaman a alarma pública los últimos y nos tememos que los próximos nombramientos de altos cargos de la policía del Estado. En ellos se advierte una imparable ascensión a puestos de máxima responsabilidad de antiguos policías, destacados antaño por su fervor antidemocrático, nunca acompañado de grandes dosis de capacitación profesional. Para nadie es un arcano policial lo fácil que resultaba detener durante el régimen anterior a los militantes de los partidos democráticos y lo difícil que hoy día resulta el apresamiento de los terroristas. Nada habría que objetar, sin embargo, a esta ascensión profesional de los antiguos responsables de la Brigada Político-Social, de no ser porque sus ascensos se están contrapeando con otros ceses o innecesarios «aparcamientos en la jubilación» de funcionarios de la policía distinguidos por una profesionalídad apartidista y por una notable capacidad para detener a los terroristas anticonstitucionales de uno u otro signo. Y para detenerlos vivos.

La depuración política que inteligentemente fue desechada en su día (aunque un cuerpo como el policial hubiera necesitado de una depuración por motivos profesionales), ¿está produciéndose ahora, a cuatro años vista, pero al revés y solapadamente? Hay más de un motivo para temerlo así. Los policías que detienen a los criminales políticos o que no ocultan su acatamiento y hasta su satisfacción constitucional son derivados hacia vías profesionales muertas o jubilados con un rigorismo legal que no se sigue en otros casos. Sus puestos, curiosamente, van siendo ocupados por policías que, como mínimo, tienen un pasado político dudoso y que además carecen de un historial profesionalmente brillante.

Puede que estemos viendo fantasmas. No lo parece, a tenor de las disensiones que, se están produciendo ahora mismo en el seno del Cuerpo Superior de Policía acerca de los nuevos nombramientos, su propio asociacionismo y el profesorado de las nuevas escuelas de policía; a más de los públicos y notorios enfrentamientos entre las dos principales brigadas.

Si los hechos responden a los síntomas resultará que los políticos del antiguo régimen, que se han empeñado en pilotar la democracia, han decidido además que la policía de la dictadura sea la de la libertad. Esto puede tener alguna lógica si se miran los historiales políticos de algunos sectores de UCD. Pero es la lógica que nos conduce en directo al suicidio político y a la destrucción del actual sistema.