Se desata la violencia institucional en El Salvador
La situación en El Salvador es cada día más explosiva. La violencia institucional, obra del Ejército, cuerpos de seguridad o bandas paramilitares de matiz fascista, se cobra diariamente más de diez muertos, según afirma la Comisión Salvadoreña de Derechos Humanos, el ala progresista de la Democracia Cristiana y el arzobispo de la capital.
Desde la implantación del estado de sitio, la semana pasada, han muerto violentamente 95 personas, y en las últimas 48 horas, veintidós personas perdieron la vida en distintos puntos del país. Quince de las víctimas, estudiantes, se produjeron cuando la policía desalojó a tiros dos institutos ocupados en San Vicente, a sesenta kilómetros de San Salvador y San Miguel. El resto murió en un enfrentamiento con la policía y cuando un autobús de pasajeros fue tiroteado por unos desconocidos.Por otra parte, como se esperaba, la Convención Nacional del Partido Demócrata Cristiano salvadoreño designó el domingo a su máximo dirigente, José Napoleón Duarte, como candidato a sustituir a Héctor Dada Irezi en la Junta Revolucionaria de Gobierno de El Salvador, dimitido la pasada semana. El nombramiento de Duarte como integrante del organismo cívico-militar que detenta la jefatura del Estado en dicho país corresponderá ahora a la Junta.
Se confirmaron, igualmente, los pronósticos de que aquella asamblea oficializaría la división existente en la práctica entre los sectores conservador y progresista de la Democracia Cristiana. Antes de que se realizara la votación para designar al sucesor de Héctor Dada, la «tendencia popular», encabezada por Juan José Martel, exigió la retirada del Gobierno de la DC para no continuar la «complicidad» del partido en la «ola de represión contra el pueblo», dirigida desde la casa presidencial. Por mayoría de los escasos asistentes, la «tendencia popular» fue expulsada de la asamblea.
La Comisión Salvadoreña de Derechos Humanos vino a dar la razón, indirectamente, a las tesis del sector progresista de los democristianos. Dicho organismo informó anteayer que desde la implantación del estado de sitio en el país 95 personas, pertenecientes a distintas organizaciones populares, habían sido muertas por el Ejército, los cuerpos de seguridad y las bandas armadas ultraderechistas que operan en El Salvador con absoluta impunidad.
El obispo de San Salvador, Oscar Amulfo Romero, manejó una crifra algo inferior (ochenta muertos) en la referencia que hizo en su habitual homilía dominical a la violencia política imperante en el país, de la que responsabilizó únicamente a la ultraderecha.
«Frente a la violencia desatada por la ultraderecha, la actividad de la izquierda es mínima», dijo el prelado.
El cardenal Romero se refirió también en su homilía a las reformas decretadas en la pasada semana por la Junta de Gobierno, que suponen la entrega de latifundios a los campesinos y la nacionalización del sistema financiero. El arzobispo admitió que las reformas, a las que calificó de «antioligárquicas, pero capitalistas», suponían un «buen augurio». Señaló, no obstante, que eran «insuficientes» y que debían ser juzgadas «dentro de un contexto de muerte y aniqui lamiento». «No son lo suficientemente drásticas, y muestran que se llevan a cabo dentro de un esque ma capitalista moderado. Sus posibles dificultades están en dos cosas: el proyecto es apoyado po los estadounidenses e incluye la represión masiva.»
