La Junta salvadoreña decreta el estado de sitio para aplicar la reforma agraria

El Gobierno salvadoreño suspendió ayer las garantías constitucionales por espacio de treinta días en todo el territorio nacional. El anuncio de estado de sitio fue hecho momentos después de conocida la ley Básica de Reforma Agraria, a través de una transmisión de radio y televisión a todo el país.

Simultáneamente con la promulgación de la ley de Reforma Agraria, fuerzas combinadas del Ejército irrumpieron en 376 latifundios, propiedad de 224 particulares. Las 224.083 hectáreas expropiadas serán adjudicadas a organizaciones campesinas, que explotarán esas unidades de producción en forma de cooperativas.La junta gobernante justificó el cese de garantías constitucionales en que algunas personas han abusado en la práctica de los principios democráticos.

Agrega el decreto que algunos sectores salvadoreños han creado un estado de agitación y malestar social, lo cual ha incidido en la economía de, la nación y en la paz pública, necesarias en estos momentos.

En un intento de neutralizar la grave crisis política producida por, la dimisión, de Héctor Dada Irezi, miembro de la Junta de Gobierno de El Salvador, las autoridades de ese país barajaban desde hace días el propósito de anunciar la entra da en vigor de la ley de Reforma Agraria ahora aplicada, una de, las aspiraciones más preciadas de las organizaciones populares. Tal versión provocó inmediatas reacciones en los -sectores oligárquicos del país, y nuevamente se recrudecieron los rumores sobre un posible golpe de Estado de matiz derechista.

El dimitido Héctor Dada (a quien ha sido imposible localizar en México, ciudad a la que viajó el miércoles) era el principal inspirador del programa de reformas prometido por la Junta cívico-militar. A él se atribuye la elaboración de los proyectos de nacionalización del sistema financiero y de transformación agraria, cuya publicación se ha venido retrasando a causa de las fuertes presiones de la derecha nacional.

Los observadores estiman que los sectores opuestos a las reformas anunciadas han dispuesto del tiempo necesario para reorganizar sus fuerzas, tras la sorpresa producida por el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979. En estas circunstancias, la entrada en vigor de leyes que atenten contra los intereses de dichos sectores puede producir reacciones de alcance imprevisto, por lo cual el estado de sitio se interpreta como un eventual freno a estas reacciones.

Los rumores que han circulado en las últimas horas señalan que la poderosa Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) podría poner en marcha el aplazado plan de huelga patronal en el momento en que el Gobierno haga pública la ley de Reforma Agraria.

Mientras todos estos hechos añaden nuevas incertidumbres a la complicada situación salvadoreña, la violencia política crece. En las últimas horas, aparecieron otros cinco cadáveres, ahorcados, pertenecientes a jóvenes de ideología izquierdista.