Mazazo al movimiento campesino

La decisión gubernamental de no negociar los precios de los productos agrarios sometidos a regulación de campaña entraña un paso atrás en los planteamientos políticos del partido en el poder y, muy especialmente, de uno de sus máximos dirigentes: Fernando Abril. No hay que olvidar que el hoy vicepresidente económico fue el primer titular de Agricultura que accedió a entrevistarse con las organizaciones campesinas, ni que el compromiso de negociar los precios agrarios fue incluido en los pactos de la Moncloa, uno de cuyos principales inspiradores fue también Abril.Como alternativa a la negociación, el Gobierno ha incorporado las consultas, intentando justificar su actitud con la aseveración «los decretos no se negocian». De paso, hasta se ha afirmado que la negociación directa con las organizaciones campesinas no tiene parangón en Europa, olvidando quizá que los agricultores europeos tienen institucionalizados canales de representación directa en los organismos competentes y que el FORPPA adolece en España de una absoluta falta de participación sectorial. Tampoco parece tenerse en cuenta que la política agraria de la CEE-precios incluidos- se fija, previo debate, en el Parlamento Europeo.

Lo cierto es que la decisión de no negociar los precios agrarios es básicamente una apuesta política, con el claro objetivo de anular a las organizaciones campesinas claramente representativas. Ello después de que los sucesivos intentos de UCD para crear un sindicato agrario de obediencia centrista hayan culminado en el más absoluto fracaso. A nadie se oculta el importante aparato de poder que constituyen las Cámaras Agrarias, ni el trascendente aporte electoral que entraña un control del medio rural.

El principal punto de fricción entre el vicepresidente económico del Gobierno y su ministro de Agricultura, cara a la negociación de los precios agrarios, ha sido el tope máximo de incremento, a efectos de su repercusión en el índice de precios al consumo. Mientras Fernando Abril se siente más inclinado a recuperar las viejas tesis laureanistas de perpetuar la transferencia desordenada de recursos del sector agrario a los restantes de la actividad, Jaime Lamo aboga por una reordenación efectiva de todo el medio agrícola. Mientras el vicepresidente se empeña en controlar a toda costa el crecimiento de la inflación por la vía de someter los precios en origen, el ministro de Agricultura aboga por un reparto de recortes entre el intocado, y posiblemente intocable, segmento de la comercialización y los productores agrarios, a la hora de contener el encarecimiento de los productos alimenticios.

Desde antes de la última dimisión de Jaime Lamo-retirada a última hora, a instancias del presidente Suárez-, la política agraria del Gobierno pasa por el eje que constituyen el presidente del FORPPA, Luis García, y el subsecretario del Ministerio de Agricultura, Luis Mardones. Ambos son antiguos amigos del vicepresidente económico, y no se descarta que cualquiera sustituya al actual ministro, cuya permanencia en el cargo es cada día más problemática. Durante la última semana han sido frecuentes las reuniones y entrevistas entre Fernando Abril y Luis García, en las que el presidente del FORPPA y probable socio del vicepresidente Abril ha adoptado presumiblemente la decisión final de no celebrar negociaciones con las organizaciones campesinas.

Mientras, los colectivos más representativos del agro español estudian y debaten las posiciones a adoptar, en unas circunstancias poco favorables para sus propósitos. La mayor parte de las organizaciones campesinas se encuentran en aguda fase de debilitamiento y perciben claramente cómo el Gobierno, consciente de su debilidad, intenta anularlas definitivamente. Todo parece indicar que está a punto de conseguirlo.