El "test" andaluz

A NADIE puede extrañar, y menos al Gobierno, que el referéndum del próximo 28 de febrero vaya agregando a su propósito inicial -la aceptación o el rechazo por los andaluces de la vía del artículo 151 de la Constitución para la tramitación del Estatuto de Autonomía- otras significaciones de contenido político, algunas directa o indirectamente relacionadas con las instituciones de autogobierno en esas ocho provincias, y otras referidas al marco global del Estado. Y de nada le va a servir a UCD su pretensión de acotar el sentido de la próxima consulta popular, cada vez más cargada de complejas connotaciones, dentro de los límites de una cuestión de simple procedimiento.El partido del Gobierno ha sido, por lo demás, maestro en las técnicas de amalgamar una opción política determinada con otras significaciones anexas, a fin de potenciar la adhesión emocional a su postura y desprestigiar la de sus adversarios. Baste recordar el cierre de la campaña de las últimas legislativas, cuando UCD mezcló su legítima aspiración de ganar las elecciones por mayoría absoluta de escaños con la escasamente justificada pretensión de que sólo su aplastante triunfo en las urnas podía evitar el caos en nuestro país.

La preferencia por el artículo 143 y la renuncia a la vía del artículo 151, esto es, a la negociación de las autonomías mediante el mismo procedimiento que se siguió con vascos y catalanes, parece congruente con una concepción racional del Estado. A este respecto, Andalucía es el banco de prueba para ambas opciones; y el éxito del artículo 151 en ese territorio reforzaría las presiones para seguir por esa vía en otras regiones. La proliferación de los referendos y elecciones y la improvisación de instituciones parlamentarias y poderes ejecutivos en territorios donde ni siquiera han empezado todavía a funcionar de manera satisfactoria los ayuntamientos democráticos dificilmente podrían contribuir a la reconstrucción funcional y no excesivamente costosa de la organización estatal.

Pero esto también lo piensan y lo saben, aunque se lo callen, los socialistas. Es un secreto a voces que el término racionalización, lanzado hace unos meses por Felipe González a propósito del mapa autonómico y recogido con matizaciones incluso por los comunistas, apuntaba en realidad hacia los peligros de ese grito de «centralista el último» que el propio Gobierno de UCD, en su estrategia de desvalorizar las instituciones de autogobierno vascas y catalanes, cuya negociación urgente le venía impuesta por la marcha de los acontecimientos, había contribuido a popularizar.

Y, sin embargo, los partidos de la oposición parlamentaria, y desde luego de la izquierda extraparlamentaria, no sólo no han apoyado el brusco viraje del Gobierno en contra del 151 y a favor del 143 en Andalucía, primer territorio donde se presentaba la oportunidad de hacerlo, sino que ni siquiera se han limitado a la protesta formal y a la impugnación desganada. Sin duda, la presión de sus bases militantes y electorales, el temor a los competidores (evidente, por ejemplo, en las relaciones del PSOE con el PSA) y las ambiciones de los notables locales están desempeñando un papel importante en ese tránsito desde la fría disidencia al acalorado rechazo del artículo 143. Las astucias del Gobierno y la entrada en liza de la oposición levantaron en el inmediato pasado la puja en la subasta preautonómica de las zonas más pobres del país hasta cotas peligrosamente demagógicas. Un sector de la población andaluza asocia el Estatuto de Autonomía por la vía del artículo 151 con el regreso de los emigrantes, el aminoramiento o la desaparición del paro, el desarrollo económico, la mejora de sus equipamientos escolares y sanitarios y su orgullo como colectividad. En vísperas del referéndum del 28 de febrero, es un dato irrelevante la debilidad de esa identificación. El oportunismo del Gobierno -seguramente arrepentido ahora de la protección dada en las anteriores elecciones al PSA- y la voluntad de la oposición de aprovechar los errores de su adversario hacían difícilmente concebible otro desenlace.

Por lo demás, el modo con que el poder ejecutivo ha cargado los dados para ganar la partida y favorecer la abstención ante las urnas ha conferido un carácter irresistible a la tentación de transformar el referéndum en un pulso entre el Gobierno y la oposición. La treta de formular la pregunta refrendataria en términos cabalísticos y las restricciones a la campaña en favor de la participación afirmativa, no sólo han irritado a muchos andaluces, hasta ese momento indiferentes o neutrales, que consideran ahora una discriminación tales prácticas políticas, sino que han forzado al señor Clavero, el líder de UCD que dimitió como ministro después del viraje del Gobierno, a abandonar su partido en un gesto obligado de coherencia personal.

Es improbable que el voto afirmativo supere el listón de la mayoría absoluta del censo en todas y cada una de las ocho provincias, condición sine qua non para que la autonomía andaluza se desarrolle según el articulo 151. Sin embargo, Felipe González tiene razón al afirmar que una victoria desahogada de los síes en la mayoría de las provincias significaría un descalabro para el Gobierno. No resulta posible, en cambio, seguirle en su pronóstico de que un naufragio de UCD en Andalucía obligaría al presidente Suárez a presentar la dimisión. Sólo un ingenuo puede creer que el presidente Suárez se sentirla obligado a presentar la dimisión ante un eventual revés, por importante que fuera, en la consulta andaluza.