El PSOE considera regresivo el proyecto de ley de empleo de UCD

El proyecto de ley básica de Empleo de UCD, que en fechas próximas será debatido por la Comisión de Trabajo del Congreso, restringe el disfrute del seguro de desempleo, abre posibilidades a la privatización de una parte de la prestación por desempleo e ignora en este campo a las comunidades autónomas, según pusieron de manifiesto ayer dirigentes del PSOE y UGT, en el transcurso de un almuerzo informativo, en el que no dudaron en calificar de «regresivo y preocupante» el mencionado proyecto.

Joaquín Almunia, responsable de política sindical del PSOE, comenzó recordando la suerte de la proposición de ley socialista contra el paro. Proposición que fue tomada en consideración en un primer momento, gracias a la equivocación de Manuel Fraga al votar -según dijo el dirigente socialista-, pero que, posteriormente, al prosperar una enmienda a la totalidad de UCD, fue desechada. A continuación se refirió al proyecto de ley centrista, que, pese a titularse « ley básica de Empleo», regula casi exclusivamente la política de protección al desempleo y a las enmiendas presentadas al mismo por su partido.El proyecto de ley centrista, según Almunia, mantiene la actual situación en cuanto al ámbito de beneficiarios del seguro de desempleo. Es decir, quedan excluidos quienes no hayan tenido un empleo anterior y los trabajadores agrícolas (casi el 50% de los parados actuales no cobran subsidio). Sobre los trabajadores agrícolas el proyecto de ley dice que se les concederá subsidio «siempre que las posibilidades financieras lo permitan» en el futuro. Los socialistas extienden el beneficio del subsidio a los trabajadores que dimitan voluntariamente, y no excluyen a los trabajadores agrícolas.

En cuanto a la cuantía, según Almunia, el proyecto de UCD la deja prácticamente como está en la actualidad. Los socialistas proponen un tope mínimo, correspondiente al salario mínimo interprofesional. Otro aspecto regresivo, según el PSOE, es el relativo a la duración del subsidio. En la actualidad, mediante prórrogas, se viene percibiendo durante año y medio. El proyecto centrista fija una proporcionalidad entre el período de cotización a la Seguridad Social previo y el tiempo de disfrute del subsidio de desempleo. Así, a quien cotizó durante seis meses le corresponden noventa días de subsidio, y para disfrutar el año y medio actual -según Almunia-, el trabajador debería cotizar tres a los consecutivos. Las enmiendas socialistas proponen un período de un año para el subsidio, prorrogable al beneficiario en otro añoo más.

También preocupa mucho a los socialistas el artículo 28 del proyecto de ley que, a su entender, abre posibilidades a la privatización de una parte de la prestación al desempleo. Este intento responde a la filosofía última de UCD, dijo Almunia, que consiste en reducir las prestaciones públicas y dar posibilidades para que la empresa privada negocie con complementariedades. «Lo han hecho ya con la reducción de la incapacidad laboral transitoria y con las medicinas para los regímenes de Seguridad Social, y si no damos ahora la batalla, lo va a imponer también en las prestaciones por desempleo».

Los socialistas pretenden también que la ley tenga fuerza para obligar al Gobierno a que elabore anualmente un programa de empleo y lo presente al Parlamento, junto con los Presupuestos Generales del Estado. Insistieron, asimismo, en la necesidad de que el Instituto Nacional de Empleo (Inem) esté dotado de facultades reales para favorecer el empleo, e incluso para inspeccionar el funcionamiento, en supuestos extraordinarios, de las oficinas de empleo.

Destacó la intención de su partido de extender el seguro de desempleo a quienes no han tenido una primera colocación, y de evitar la peligrosa segmentación del mercado de trabajo entre privilegiados con empleo fijo y estable y trabajadores intermitentes y de segunda. Los debates, advirtió, van a ser duros. A preguntas de los periodistas, posteriormente, Joaquín Almunia evaluó en 160.000 millones de pesetas al año («el doble de la cantidad asignada hoy al seguro de desempleo») la aplicación inmediata de todas las prestaciones económicas propuestas por las enmiendas socialistas al proyecto de ley-, pero -advirtió- proponemos una entrada en vigor gradual de las medidas, a lo largo de tres anos, para que los Presupuestos Generales del Estado puedan asumirlas sin grandes traumatismos.

Alberto Ayerbe, dirigente de Juventudes Socialistas y responsable de la juventud en UGT resaltó la importancia de esta ley para los jóvenes («hay 715.000 jóvenes en paro»), y criticó la política de UCD y del Gobierno en este campo. José María Zufiaúr, de la ejecutiva de UGT, y principal responsable de la nueva estrategia del sindicato socialista (acuerdos con CEOE, Estatuto de los Trabajadores y acuerdo-marco), enmarcó las enmiendas socialistas a este proyecto dentro de la mencionada estrategia, y dijo que exclusivamente la inversión pública y privada -que es la que trata de favorecer UGT- pueden crear puestos de trabajo y paliar el desempleo. Habló, asimismo, de un doble frente contra el paro: el parlamentario y el social.