Solicitan que el caso de "El crimen de Cuenca" pase a la jurisdicción civil

«El pasado jueves fueron citados, por primera vez, el director de la compañía de distribución y el productor de El crimen de Cuenca por, el juzgado militar permanente para notificar oficialmente el auto de secuestro de la citada película», declaró el abogado Joaquín Ruiz-Giménez (hijo) en el transcurso de una rueda de prensa convocada por el productor, Alfredo Matas, y la realizadora, Pilar Miró.

«La notificación», explicó el abogado, «no fue de procesamiento, sino de secuestro de un bien, en este caso la película. El crimen de Cuenca tiene previsto exhibirse, con carácter de estreno mundial, en el Festival Internacional de Cine de Berlín el próximo lunes, 25 de febrero. El productor Alfredo Matas señaló que una vez seleccionada la película por el festival, nadie, salvo el propio festival, puede retirar la película, y ello en función del reglamento interno del certamen.La situación jurídica de la película en relación con los militares comenzó el pasado jueves. El filme se secuestró «por posibles injurias a la Guardia Civil» y el letrado de la productora presentará el correspondiente recurso para solicitar que se inhiba la jurisdicción militar y pase el asunto a la jurisdicción civil. «Quiero aclarar», declaró el productor, «que la película no pretende atacar a nada ni a nadie. Está basada en unos hechos históricos, e incluso el caso Grimaldos se recoge en un libro de Jiménez de Asúa sobre errores ju diciales. La complicada trayectoria jurídico- administrativa de la película se puede sintetizar de la siguiente manera: el 27 de noviembre de 1979 se presentó ante el Ministerio de Cultura un escrito solicitando la licencia de exhibición de la película. A partir del 13 de diciembre de 1979 la Dirección General de Cinematografía comunicó a la productora que la Administración había estimado que la película podía contener escenas constitutivas de delito, por lo que la pasaba al ministerio fiscal. Según el decreto de 11 de noviembre de 1977, el ministerio fiscal disponía de dos meses para pronunciarse al respecto. Por vía indirecta, la productora se enteró de que se había dictado un auto de secuestro de las copias por orden del Juzgado Militar número cinco. El 15 de febrero del presente año, transcurridos los dos meses, se presentó un escrito por el que se solicitaba que el Ministerio de Cultura otorgara la correspondiente licencia de exhibición, ya que el ministerio fiscal no se había pronunciado. En la actua lidad están a la espera de que el ministerio conteste al escrito. El abogado de la productora insistió en la necesidad de que el Ministerio de Cultura se defina sobre el tema, concediendo o negando la licencia, pero definiéndose.

La realizadora Pilar Miró se mostró menos esperanzada que el productor y el abogado sobre las actuaciones del Ministerio de Cultura. «El Ministerio ha estado tan pasivo que hasta el viaje a Berlín lo hacemos de -manera particular, cuando lo normal es que invite el Ministerio. Por otra parte, nos consta que poco antes de que se cumpliera el plazo de los dos meses, la Dirección General de Cinematografía pasó la película a las correspondientes comisiones de calificación. La película fue clasificada "S" y le dieron especial calidad. Cuando intervinieron los militares quedó en suspenso. Personalmente, me parece que la situación del director general de cine es confusa y lamentable. El secuestro me parece anticonstitucional. »

Comisión por la libertad de expresión

La apertura del proceso de creación de una comisión pro libertad de expresión, a la que ya se ha incorporado un amplio repertorio de partidos políticos, centrales sindicales, agrupaciones profesionales y organizaciones y entidades relacionadas con el mundo del arte, del libro, de la enseñanza y de la cultura en general, fue la resolución más importante que adoptó la asamblea celebrada el jueves en el Club de Amigos de la Unesco.En la asamblea se presentó un dossier de los acontecimientos registrados a lo largo del último año contra el derecho a la libre expresión y un escrito dirigido a la opinión pública y a los estamentos ejecutivos que se pondrá en circulación para reunir firmas que suscriban «la más enérgica protesta ante estos hechos inquisitoriales contra la libre circulación de ideas», y la exigencia del inmediato sobreseimiento del proceso contra Luis Martínez Ros, editor del Libro rojo del cole -«hábilmente sincronizada con el debate parlamentario sobre el Estatuto de Centros Docentes»- y el de tantas otras causas pendientes.

Otro asunto incluido en el orden del día de la asamblea fue el de los fondos sobrantes del festival de libertad de expresión que se celebró cuando el proceso de Els Joglars, unas 280.000 pesetas, que se acordó dedicar a la publicación de pegatinas y carteles con el mismo motivo que entonces se utilizó, una careta tachada. También con fines propagandísticos, y para pagar las fianzas por libertad provisional de los casos de procesamiento como el que sufre Martínez Ros, se decidió establecer un fondo permanente vinculado a la comisión pro libertad de expresión.