Los ocupantes de la embajada de España en El Salvador no plantearán nuevas exigencias

A media mañana de hoy vence el plazo legal que el juez tiene para decidir la suerte inmediata de los veintitrés jóvenes detenidos el martes pasado, tras el desalojo violento de la sede de la Democracia Cristiana salvadoreña. La liberación de estas personas es la última exigencia de las Ligas Populares 28 de Febrero para desalojar nuestra embajada aquí.

Hay dificultades objetivas para que las autoridades judiciales puedan dar satisfacción a esta demanda, sobre todo en el caso de dos de los detenidos. Según parece, estas personas estaban encarceladas en el momento en que se produjo el indulto decretado por la Junta de Gobierno poco después del golpe de Estado del 15 de octubre. Al ser reincidentes, las leyes de El Salvador no permiten la excarcelación de los acusados.Los dirigentes de las LP-28 se muestran intransigentes en este punto: o liberan a todos, o no hay desocupación de la embajada española. Pedro Bermejo, director general para Latinoamérica de Ministerio de Asuntos Exteriores, que está llevando sobre sus hombros la pesada tarea de las negociaciones, trataba ayer de vence la resistencia de los responsable de la ocupación. Al menos ha obtenido una garantía formal de que las LP-28 no añadirán; en ningún caso, nuevas condiciones a las ya establecidas.

Tensión nerviosa

El tiempo juega en contra de todas las partes implicadas. Pero, sin duda, quienes más directamente están sufriendo las consecuencias de este enojoso episodio son los rehenes, que llevan ya doce días en esta forzada situación. Después de la puesta en libertad de los dos técnicos de Agromán, Francisco Núñez y Sebastián Hernández, decidida en la noche del jueves por el grupo ocupante, solamente quedan en el interior de nuestra sede diplomática, además de los militantes de las LP-28, el consejero Juan Carlos Ranero y el canciller Manuel de la Helguera. El estado anímico de ambos, lógicamente, se deteriora progresivamente. En estas circunstancias, es difícil mantener el autocontrol, y no puede descartarse que los rehenes quieran, en un momento determinado, terminar con su forzado encierro de la forma que sea.

La tensión nerviosa se ha reflejado igualmente en el embajador Víctor Sánchez Mesa, que ayer continuaba internado en el hospital. Aunque su estado de salud no inspira serios cuidados, sí preocupan algunas de sus reacciones. El jueves, según informes fiables, hubo que impedir al diplomático su decidido empeño de abandonar el hospital y dirigirse nuevamente a la cancillería, para seguir la misma suerte que sus colaboradores retenidos.

Nadie ve solución al conflicto de El Salvador. La Junta de Gobierno no tiene el poder, como sus mismos dirigentes reconocen. Cuando la policía allanó brutalmente la sede de la Democracia Cristiana, el partido en el poder, un miembro de la Junta, el doctor Morales, se dirigió al país por televisión para explicar a los salvadoreños que las fuerzas de seguridad habían actuado contraviniendo instrucciones específicas de las autoridades.

Las perspectivas para la actual Junta, integrada por la Democracia Cristiana y el Ejército, son francamente pesimistas. Ha trascendido que varios miembros del Gabinete han expresado ya su deseo de no ser cómplices, por más tiempo, de una situación que, en buena medida, ellos han contribuido a crear.

Hacia el "pinochetazo"

En medios cercanos a la llamada Juventud Militar, el grupo de oficiales que inspiró y realizó el derrocamiento del general Carlos Humberto Romero, se asegura que estos militares tienen una solución de recambio para el caso en que falle (lo que es más que probable) la fórmula democristiana. Parece que existen personalidades sin color político, tecnócratas procedentes de la escasa «burguesía liberal» salvadoreña, dispuestos a llegar al Gobierno para impulsar las reformas prometidas, por un lado, y descabezar, por otro, a las cada día más poderosas organizaciones populares.