Duros ataques de la izquierda al Gobierno por la política autonómica en Andalucía

La izquierda parlamentaria interpeló anoche duramente al Gobierno y a UCD en el Pleno del Congreso, sobre las medidas relacionadas con el referéndum andaluz de iniciativa autonómica, convocado para el próximo día 28. Socialistas, comunistas y andalucistas denunciaron los criterios discriminatorios utilizados con Andalucía. El ministro adjunto al presidente del Gobierno y secretario general de UCD, Rafael Arias Salgado, justificó la actuación centrista y criticó, a su vez, a los grupos interpelantes. Al final de sus intervenciones, fue aplaudido desde los escaños de UCD y abucheado desde la parte izquierda del hemiciclo en varias ocasiones, como cuando declaró que «lo correcto y honesto sería decir que la autonomía cuesta dinero, y que el pueblo andaluz tendría que pagar más impuestos para financiarla».

Un momento tenso del debate se produjo cuando, después de una polémica anterior entre el diputado socialista Luis Yáñez y el ex ministro del Interior y diputado por León, Rodolfo Martín Villa, el primero aludió al «señor de León experto en represión». Desde los escaños centristas se abroncó al diputado socialista, y el presidente de la Cámara pidió al señor Yáñez que no insistiera por ese camino en su intervención.Los interpelantes fueron Luis Yáñez, por el grupo socialista; Alejandro Rojas-Marcos, por los andalucistas, y Felipe Alcaraz, por los comunistas. Todos ellos insistieron en la discriminación que supone tanto la duración de la campaña andaluza, como la pregunta del referéndum y las características de la campaña institucional, incluida su financiación.

El ministro adjunto al presidente del Gobierno y secretario general de UCD, Rafael Arias-Salgado, recordó que las tres interpelaciones fueron formuladas el año pasado, y en su texto escrito se interesaban sobre la convocatoria del referéndum andaluz para el 28 de febrero. Concretándose a la exposición oral de tales interpelaciones, Rafael Arias-Salgado manifestó que los actos realizados por el Gobierno en relación con el Gobierno son actos obligados o debidos, y no encierran, en consecuencia, «decisión política alguna de iniciativa gubernamental o de carácter discrecional».

Sobre la duración de la campaña, se refirió al juego de fechas desde la entrada en vigor de la ley de Referéndum, que impidieron una duración superior a los quince días.

Sobre la pregunta del referéndum aseguró que la terminología utilizada en ella es estrictamente constitucional y alude a una cuestión de procedimiento, como la que plantea el referéndum andaluz. En relación con la campaña institucional recordó el acuerdo adoptado por mayoría por la Junta de Andalucía en favor del voto afirmativo, que calificó contradictorio con el principio lógico de neutralidad de los poderes públicos, por lo que no puede hablarse legítimamente -según dijo- de campaña institucional, sino de «campaña de los grupos políticos que componen una mayoría en la Junta». Y no hay, por tanto, punto de comparación posible con los referendos vasco y catalán, en los que ni el Consejo General Vasco ni la Generalidad hicieron pronunciamiento alguno, salvo propiciar la participación. En todo caso, destacó que el Gobierno financia todos los gastos del referéndum, estimados para Andalucía en 490 millones de pesetas.

Se refirió también a los espacios gratuitos diarios para los grupos políticos en todos los periódicos de ámbito provincial o regional pertenecientes a Medios de Comunicación Social del Estado y a los espacios diarios gratuitos en Radio Nacional y en la programación regional de Televisión Española.

En turno de rectificación, Luis Yáñez preguntó al ministro qué pasó con la ley de Referéndum desde el 15 de enero, en que se aprobó, hasta el día 23, en que fue publicada. Rafael Arias-Salgado contestó más tarde que hubieron de realizarse diversos trámites, entre ellos la sanción por parte del Rey.

El andalucista Alejandro Rojas Marcos consideró injusto el tratamiento dado a Andalucía respecto a los referendos vasco y catalán. Criticó que no se hubiera subsanado el error del censo electoral, que en algunas provincias andaluzas, como en Almería, supera el 20%. Se refirió a las dificultades para recibir Telesur en algunas zonas de Andalucía y aseguró que la actitud gubernamental produce una quiebra de la confianza del pueblo andaluz en el Estado, que puede aumentarse el 29 de febrero.

El comunista Felipe Alcaraz recordó que el ministro Arias-Salgado se había pronunciado en su intervención en favor de la abstención o el voto en blanco, a pesar de decir que el Gobierno no se pronunciaba. Insistió en que la pregunta del referéndum era demasiado liosa para los andaluces.

De nuevo subió a la tribuna de oradores Rafael Arias-Salgado, quien insistió en sus razonamientos y explicó la filosofía de UCD al decidir racionalizar el proceso autonómico. En un momento dado, Rafael Arias-Salgado se equivocó y dijo racionar en lugar de racionalizar, lo que suscitó una intervención posterior de Luis Yáñez, para anunciar irónicamente una moción socialista en relación con el término empleado.