Autonomías y UCD: una racionalización irracional

Según está saliendo a la luz, hasta octubre de 1979 UCD no se planteó constituir una comisión para «racionalizar» el proceso autonómico. Es bueno recordar que para esa fecha las posibilidades autonómicas de la Constitución (incluidas las del artículo 151) llevaban abiertas casi un año y ya se habían elaborado los estatutos de Euskadi y Catalunya, presentado el de Galicia y ejercido la iniciativa en favor de la vía 151, con la participación de UCD, por las instituciones locales de Andalucía, País Valenciá y Canarias. También en las Illes Balears UCD había tomado posición pública por esta vía e impulsaba procesos hacia la autonomía en Aragón, Cantabria, Asturias y Castilla-León.Si el partido del Gobierno no se planteó enfocar globalmente el tema autonómico en su conjunto hasta un momento tan avanzado del proceso, ¿con qué mínimo de autoridad política -o con qué máximo de cinismo- trata ahora de presentar sus recientes decisiones como un ejemplo de actitud responsable inspirado en el bien del Estado?

Por si vale un contraste, puedo señalar que en un informe sobre autonomías realizado por acuerdo del Comité Central del PCE en julio de 1979 -tres meses antes de que UCD acordara estudiar el problema- se decía: «Si el proceso se desarrolla espontáneamente, sin mediar acuerdo de los principales partidos, el cuadro de la situación de aquí a seis meses es bastante imprevisible.»

Con un poco menos de cicatería partidista y con un poco más de sentido del Estado, UCD hubiera podido conocer estas posiciones y tratar de hacer fructificar los elementos de entendimiento constructivo que encerraban.

En noviembre de 1979 comenzaba la discusión del Estatuto gallego. Estos días, desde UCD se ha dicho que esos debates «fueron un ejemplo de incoherencia», indicando que han pesado en su decisión posterior. No ha dicho UCD, sin embargo, quién hizo gala de incoherencia. Todos los que seguimos el tema recordamos los enfrentamientos entre diputados de UCD, la negativa de alguno de ellos a votar el texto final, las peleas entre ramas de UCD gallega para diseñar un Parlamento a la medida de los intereses caciquiles de cada una de ellas. Esto fue público aunque tuviera lugar a altas horas de la madrugada.

El fondo de aquella experiencia es que UCD, usando de su mayoría, trató de abusar de la oposición y terminó por romper la línea de negociación y entendimiento que habían hecho posible los estatutos de Euskadi y Catalunya, el sistema de preautonomías y el propio título octavo de la Constitución. Quebró lo que venía siendo y es imprescindible que sea, la base del desarrollo autonómico.

Con su reciente decisión UCD, en lugar de corregir, porfía en estos errores señalados. Tres meses largos de estudios de la comisión «racionalizadora» sólo dan un resultado: la vía del artículo 151 debe quedar en papel mojado. Con ello se hace tabla rasa de una variedad de circunstancias y situaciones que son liquidadas sin matices; se cierra una serie de posibilidades, sin aclarar problemas graves de la alternativa, ¿qué instituciones se pueden adoptar por la vía del 143?; ¿cuánto tiempo queda suspendida la capacidad de iniciativa si se lleva al límite sin éxito el referéndum de la vía 151?; se continúa sin señalar un calendario concreto, que ordene temporalmente el proceso y prevenga absurdas «carreras»; y, sobre todo, se toman decisiones del máximo alcance sin negociar ni informar siquiera a las restantes fuerzas parlamentarias.

Todo esto apunta cosas muy serias sobre UCD: ausencia de sentido del Estado e incapacidad de gobierno; menosprecio de los sentimientos de dignidad propios de los pueblos de España; desprecio hacia las restantes fuerzas parlamentarias que están comprometidas en el proceso autonómico y que puede influir decisívamente en él -por citar un ejemplo, la izquierda, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, puede hacer imposible la aplicación del artículo 143 a la comunidad aragonesa-. Y a todo esto, se le pretende llamar «racionalizar».

La verdad es que de razonable tiene muy poco, aunque tenga su lógica. Una lógica que se inscribe en la derivación general de UCD hacia la derecha. Que lleva a este partido a imponer criterios unilaterales sobre temas de alcance, como la organización territorial del Estado, pese a ser una fuerza sin la mayoría en el Parlamento; a atacar la Constitución diciendo que su artículo 151 deshace la funcionalidad del Estado; a negar la realidad electoral del país porque da la mayoría a la izquierda en Andalucía, País Valenciá, Asturias; a hacer suyos los argumentos que ha estado esgrimiendo la ultraderecha contra las autonomías y, en el fondo, a renegar de su propia política autonómica, realizada desde 1977

Esta lógica, no es la del Estado de las autonomías y la del desarrollo democrático que suele invocar UCD en sus programas. Es la lógica de la derecha conservadora y centralista, que ha hecho llegar a España al umbral del siglo XXI con problemas de cohesión nacional notables, con desequilibrios territoriales gravísimos, con agresiones al patrimonio cultural de sus pueblos difíciles de reparar. Una lógica que no vale para construir una España unida, democrática, próspera y culta, como la historia ha demostrado. Una lógica, por tanto, irracional.

UCD es soberana para definir su política, nadie se lo niega. Pero que no trate de vender gato por liebre. Que no llame «racionalizar» a tomar medidas que sólo sirven para desquiciar y crispar un proceso complejo y delicado. Que no hable de amenazas de asalto al Estado, cuando revela que la mayor amenaza para el Estado puede terminar siendo su inmadurez y sectarismo. Que no diga que otras fuerzas hemos dado virages, cuando UCD se acuesta autonomista y se despierta centralista.

Lo racional, lo democrático, lo que puede fortalecer la unidad de España basándola en la solidaridad entre sus pueblos, sólo se puede lograr por otros caminos.

El desarrollo autonómico por su propia naturaleza y por los requisitos constitucionales que debe cubrir, tiene que basarse en un acuerdo que comprorneta a las principales fuerzas parlamentarias y municipales.

En este marco y aplicando la Constitución, se puede definir la organización territorial del Estado como un sistema general de autonomías, que puedan ser asumidas, sin excepción y sin deferencias, por todas las cornunidades de España.

Con esta base, se puede construir un calendario y una opción de vías, que partiendo de las realidades diversas que hoy existen, organicen el proceso con un margen temporal y una visión estatal adecuada para resistir las presiones centralistas y las tentaciones localistas; coherente con otras tareas legislativas y administrativas inaplazables y sensible al momento económico y social que vive España.

Todo esto era -y aún puede ser- posible. Pero parece que a UCD no le interesa.