Nueva acción judicial contra ex dirigentes del Consorcio de la Zona Franca
El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona presentará, en la mañana de hoy, una denuncia por las presuntas irregularidades habidas en su seno, al parecer imputables a anteriores dirigentes del mismo. Esta denuncia se acumulará a la querella ya presentada, de forma separada, por el Ayuntamiento de Barcelona y el ministerio fiscal. Por otro lado, el alcalde de Barcelona comparecerá al mediodía de hoy ante el juzgado número cuatro para ratificar la querella presentada por el municipio.
El escrito de denuncia del consorcio consta de unos cuarenta fólios y va acompañado de más de 250 documentos. Algunos de éstos poseen un extraordinario valor probatorio, mientras que otros apuntan a posibles complicidades, aún imprecisables.
Compra de fincas inexistentes
Asimismo, la denuncia del consorcio indica otras cuatro fincas inexistentes y aparentemente compradas por el mismo. Con ello, el valor de las hectáreas inexistentes, en las que se centra la presunta malversación y la presunta estafa, pasa a ser de 1.400 millones, en vez de 1.184 millones. Las fincas inexistentes pasan a ser 7 1, en vez de 67.También afirma la denuncia que aquellas compras aparentes fueron pagadas con fondos provenientes de empréstitos bancarios o emisión de obligaciones, operaciones que representaban fuertes gastos en concepto de intereses.
El escrito de denuncia aporta una relación de entidades bancarias, a través de las cuales eran hechos efectivos los talones correspondientes a las ventas aparentes.
La denuncia solicita de la autoridad judicial que se averigüe la titularidad de las cuentas a través de las cuales fueron cobrados los talones; que eran al portador, pero estaban barrados. Esta información está amparada por el secreto bancario, el cual, no obstante, no afecta al poder judicial, que, de acuerdo con la ley, puede requerirla formalmente. Esta prueba, de acordarse, arrojaría una enorme luz sobre el tema. También apunta la denuncia la posible irregularidad en las actas de reuniones del Consorcio.
El juez responsable del caso ya ofició un mandamiento a la agencia número 7 en Barcelona del Banco de Santander, requiriendo las circunstancias de la cancelación de una cuenta del Consorcio donde estaban depositados 150 millones. Además de la toma de declaración de los tres querellados, de la que este diario informó anteayer, el juez ordenó también que se tomara declaración a otros altos cargos -actuales o pasados- del Consorcio; entre éstos figura Santiago Udina Martorell
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