La Comisión de Exteriores del Congreso apoyó la actuación del embajador Cajal en Guatemala

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó ayer, por unanimidad, una resolución en la que se apoya y estima «el comportamiento» del embajador de España en Guatemala, Máximo Cajal; condena el ataque y destrucción de la sede diplomática española, y el asesinato de sus ocupantes, se aprueba la decisión del Gobierno de romper las relaciones diplomáticas con las autoridades guatemaltecas y se declara contraria a la ocupación de embajadas «por muy legítimos que puedan ser sus móviles». Asimismo, se hace mención, en el documento, de la preocupación española por el mantenimiento en América Latina de regímenes políticos que no respetan los derechos humanos.

La resolución constituye una buena síntesis del espíritu y contenido de los debates que la Comisión de Exteriores del Congreso celebró sobre la ocupación y destrucción de la embajada de España en Guatemala, hechos que fueron relatados detalladamente por el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja. El ministro y la casi totalidad de los oradores rechazaron y calificaron de «inadmisibles» las insinuaciones del diputado del Grupo Mixto y líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar, quien dejó en el aire una serie de interrogantes sobre un supuesto activismo de las embajadas españolas en Latinoamérica para «derrocar» ciertos regímenes políticos.Las réplicas al diputado Piñar, que abandonó la comisión inmediatamente despuéis de lanzar sus acusaciones, y la revelación que hizo el ministro de Asuntos Exteriores de que, según las últimas precisiones dadas por el embajador Cajal, sólo los ocupantes de la embajada de Guatemala fueron los autores del incendio y de los disparos que se produjeron en el despacho del embajador, fueron los puntos esenciales de un debate en el que el diputado socialista Miguel Angel Martínez intentó sacar un cierto rendimiento político para su partido, acusando al Gobierno y al ministro de haber cooperado con los dirigentes guatemaltecos, de practicar una política ambigua sobre la defensa de los derechos humanos en América Latina y de haber propiciado, en condiciones no favorables, un viaje del Rey a dicho país centroamericano.

En relación con los hechos ocurridos en la embajada de Guatemala, el ministro, en su informe y en respuestas a varias preguntas, precisó que, tanto el embajador como él mismo, habían dejado bien claro a las autoridades de Guatemala que España se oponía a toda intervención de la policía en el recinto diplomático español, y que ello fue el principio y la causa de la catástrofe. El ministro dijo que el Gobierno exigía a Guatemala explicaciones, y la apertura de una investigación de las responsabilidades de los asaltantes. Concretamente, el ministro acusó al jefe de la Policía, coronel Chopina, de tener directas responsabilidades en el asalto.

Marcelino Oreja se refirió luego a la que calificó como amiga y eficaz colaboración de las embajadas de Estados Unidos y de Venezuela en Guatemala. Insistió en que, una vez herido, el Gobierno de Madrid temió por la vida del embajador Cajal, y que por ello se habían tomado las medidas oportunas para su protección y, después de justificar la ruptura de relaciones con Guatemala, condenar la actitud del Gobierno de dicho país y la ocupación de la embajada por los campesinos, anunció que se ha roto toda la cooperación cultural y técnica que existía entre ambos países.

Sí reveló Oreja que acababa de tener una conversación con el embajador Cajal, en el hospital de la Cruz Roja española, y que de ella se desprendía el siguiente relato de los hechos: cuando la policía asaltó la embajada, los ocupantes y rehenes se refugiaron en el despacho del embajador, a quien uno de los ocupantes mantuvo encañonado por una pistola en esos momentos. Cajal insistió en que no entraran. La policía empezó a romper la puerta y un ocupante lanzó una bomba de gasolina, que no explosionó y que derramó el líquido por el suelo. Otro lanzó una cerilla, buscando la llamarada y fue el propio Cajal quien consiguió apagarla con un pie.

Más tarde, otro ocupante lanzó una segunda bomba de gasolina, que sí explosionó y prendió en todo el mobiliario de la habitación. Cajal se zafó de su guardián, saltó por la puerta a través de las llamaradas, escuchó disparos dentro y se revolcó en el suelo de una habitación contigua para apagar el fuego de su ropa. Según el embajador, no se cree que la policía guatemalteca disparase en el momento de incendiarse la habitación.

El ministro, que también informó de la situación de la ocupación de la embajada de España en San Salvador, dejó bien claro que España sitúa la responsabilidad en el Gobierno de Guatemala.

Después del informe general se abrió un turno de intervenciones, que abrió el diputado Piñar, criticando la ocupación de la embajada diciendo que si no lo hizo el embajador debió pedir la intervención de la policía y que estas ocupaciones en cadena constituyen un plan político orquestado por Cuba. Pidió una investigación sobre las actividades políticas de nuestras embajadas e insinuó que el embajador Cajal y otros diplomáticos españoles se dedican a maniobras para derrocar regímenes.

Seguidamente, por Coalición Democrática, habló Areilza, quien solicitó detalles del asalto y dijo que las embajadas deben ser un «instrumento técnico» del Gobierno. Busquets, de Socialistas de Cataluña, se interrogó sobre por qué España no apeló a la ONU. Ballesteros, del PCE, de por qué se refugió Cajal en la embajada de Estados Unidos. Miguel Angel Martínez afirmó que el PSOE quería llevar este debate al Pleno,

En su respuesta, el ministro criticó duramente a Piñar, calificando de inadmisibles sus acusaciones y diciendo que asume personalmente toda la actuación del señor Cajal. Señaló a Busquets que España prefirió la OEA a la ONU, por ser organización más ágil y más interesada en el tema.