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Tribuna:TRIBUNA LIBRE
Tribuna
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Los motivos de una huelga

En las pasadas semanas, y con una fuerza que a todos ha sorprendido, se ha producido en la Administración pública española la huelga, qué duda cabe, más importante de su historia. Con ello no hacía más que ponerse de manifiesto un malestar profundo y un deterioro grave de la función pública, cuyas raíces se hunden en años anteriores, que ha encontrado su detonante en la aplicación de la ley General de Presupuestos para 1980. Tres han sido los motivos más reiteradamente aludidos por los compañeros en nuestra última asamblea general.Desde el comienzo de la crisis económica, la pérdida de poder adquisitivo de los colectivos en huelga ha sido no inferior al 50%, siendo, por consiguiente, el grupo que quizá más ha contribuido a pagar la factura del empobrecimiento. Frente a esta situación de fondo consagrada año tras año, con aumentos retribuidos inferiores al sector privado, los presupuestos de años anteriores habían tomado medidas redistributivas que paliaban la situación y frenaban el descontento, mientras que este año el partido gobernante ha optado por la «Iínea dura» Y tras no admitir ninguna de las numerosas enmiendas presentadas por otros partidos. se ha dispuesto a aplicar su especial filosofía. Una filosofía tan vieja como los equipos en la sombra del Ministerio de Hacienda que la elaboran (desde hace más de una década es la misma receta siempre), consistente en salvar o pretender salvar la eficacia de la gestión, hoy por los suelos, en base a crear una «aristocracia» administrativa de sectores bien pagados eficientes, relegando a la mayor parte de los funcionarios hasta que el presupuesto vaya permitiendo mejoras. para años después iniciar de nuevo el ciclo.

La aplicación de esta fórmula. concediendo «dedicaciones exclusivas» y, «complementos de destino» a unos sí v a otros no. va empleando para ello una parte de la masa salarial prevista (12.5%). ha sido el detonante de la huelga. Y es que los proponentes del sistema han olvidado dos cosas obvias:

1. Que las condiciones sociales, sindicales y políticas son otras respecto a tiempos pasados. Y hoy ni los funcionarios soportamos medidas de este tipo.

2. Que por mucho que se exija poco a cambio de pagar poco, situación actual en la función pública, llega un momento en que hay que cubrir los mínimos vitales, sobre todo si las viejas puertas del pluriempleo están cerradas.

Estas consideraciones explican el motivo central de la huelga: la distribución del 4% que la ley de Presupuestos dejaba en el aire.

El segundo de los temas continuamente abordados en las asambleas ha sido el estatuto, nombre viejo que viene a designar lo que se ha reducido al título III de una ley más amplia sobre Administración del Estado. La postura generalizada es de oposición y rechazo a este texto. La razón es que, cuando durante años se está esperando un cambio sustancial en la estructura de la función pública, nos hemos encontrado con un texto poco progresivo, de una enorme vaguedad en la mayor parte de los temas y regresivos en buena parte de los pocos temas que concreta. Indudablemente, lo más importante en este caso serán los decretos que desarrollen el texto, pero los funcionarios, que han comprobado cómo tradicionalmente los decretos en función pública no han hecho sino empeorar lo poco bueno que tenían las leyes, desconfían y se oponen.

Y es que cuando se espera de un estatuto un nuevo sistema retributivo. una carrera administrativa ágil unos derechos sindicales plenos.... resulta difícil conformarse con la reaparición de los incentivos. el mantenimiento del sistema de cuerpos o la aclaración de que las huelgas serán deducibles en nómina, sin que, como contrapeso, se hable de la negociación colectiva.

El tercer punto que en estos momentos más importa a los funcionarios son las sanciones con motivo de la huelga. Sanciones que, por encima de tantas y tantas coacciones y amenazas de jefes yjefecillos. parece que van a concretarse en el descuento de haberes a los huelguistas. Para ello existe la débil apoyatura legal de un acuerdo de Consejo de Ministros dejunio pasado que, en mi opinión, es claramente ilegal, por cuanto se salta a la torera toda la legalidad vigente aún hoy, que exige la incoación de expediente para la deducción de haberes.

Entrando en el fondo del asunto. qué duda cabe que sabemos bien que en cualquier sector y país la huelga no se cobra. Ahora bien, también en cualquier sector o país se tiene derecho a la negociación colectiva y otros derechos sindicales que los funcionarios públicos españoles no tenemos; por eso, nos parece poco justo que el Gobierno se apunte a las maduras, pero no a las duras.

La huelga entra hoy en un compás de espera de diez días, y en este compás anhelamos encontrar una solución al conflicto. De lo ocurrido hasta ahora se pueden obtener, sin embargo, no pocas conclusiones y motivos de reflexión.

Resulta evidente que ha concluido el tradicional adormecimiento del funcionariado, que desde ahora está dispuesto a ser un sector más presente y actuante en las conflictivas relaciones laborales de nuestra sociedad, y esta primera huelga reviste las características propias de toda iniciación. Ha sido un movimiento exclusivo surgido del hondo malestar al que nos hemos sumado quienes venimos luchando hace tiempo en estos terrenos. Como todo movimiento espontáneo y primerizo se ha organizado en asambleas y coordinadoras y se ha cargado de unas grandes esperanzas en cuanto a solucionar multitud de problemas e Injusticias existentes. Qué duda cabe que sea cual fuere el resultado final de nuestra lucha, ya han cambiado muchas cosas, y la primera es que el Gobierno no podrá seguir actuando arbitrariamente como hasta ahora. Lo que esperamos es saldar con la consecución de algunos puntos esta primera lucha y que ello sirva a todos los funcionarios para convencerse de que el modo de defenderse no es por eclosiones incontroladas de tiempo en tiempo, sino mediante una lucha constante y tenaz que exige organización. Sería ilusorio creer que los problemas de décadas se puedan arreglar en dos semanas de huelga, pero no es ilusorio creer que se han sentado las bases para arreglarlos y que el instrumento adecuado es organizarse sindicalmente. Para estas luchas se crearon hace un siglo los sindicatos.

Justo Zambrana es secretario general de FETAP-UGT y miembro de la comisión negociadora de funcionarios de la Administración pública.

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